Denuncian que gobierno planifica motín en La Tolva para atacar a los presos políticos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, la Convergencia Contra el Continuismo y la Rel-UITA, denunciaron este jueves que el gobierno de Juan Hernández, planifica un amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, más conocida como La Tolva, para atacar a los presos políticos, Edwin Robelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar.

En rueda de prensa, las organizaciones señalaron que los tres privados de libertad se encuentran en una situación de extrema gravedad ante inminentes daños irreparables a su vida e integridad y que dicha situación se agudizó a partir del 11 de junio de 2019.

“Los tres han tenido un rol de liderazgo y visibilidad en contra de la actual dictadura y se han expresado en manifestaciones públicas, las amenazas desproporcionadas y los riesgos a los que son expuestos son características de un Estado vengador, que usa su poder estatal y sus instrumentos de coerción contra personas que se encuentran en situación de desequilibrio de poder y son particularmente vulnerables al abuso”, señala un comunicado de las organizaciones denunciantes.

El texto señala además que el Estado a través de sus autoridades penitenciarias ha conducido una campaña de descredito al interior del centro penal, al señalar que los presos políticos son peligrosos y violentos, con lo que se ha generado un ambiente de hostilidad y los ha convertido en blancos de terceros.

“Según fuentes confidenciales existe una trama para atacarlos, simulando un motín”, reza el comunicado que además refiere que desde el mes de marzo de 2019, el Comité viene denunciando que las condiciones de hostilidad hacia los presos políticos se habían incrementado. “Los militares, que desempeñan la función de directores del centro penal, intentaron acusarlos de iniciar motines, cuando solo reclamaron agua potable y medicamentos”, relata el texto.

Como parte la campaña de descrédito, en mayo y junio cuando las manifestaciones públicas fueron más fuertes, las autoridades penitenciaras suspendieron las visitas familiares y conyugales y el traslado de los internos a sus citas médicas o audiencias legales en Tegucigalpa y los coordinadores y otros internos acusaron a los presos políticos de ser los responsables porque sus compañeros andaban en las calles, dice la denuncia.

El Comité denunció además la práctica de diferentes formas de violencia, como hostigamientos y torturas sicológicas.

Ante el escenario adverso, las familias y sus representantes legales han interpuesto una serie de recursos para exigir la seguridad personal de los presos políticos. SIn embargo, han pasado cuatro meses y aún no hay respuesta.

Edwin Robelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar, que se encuentran privados de libertad acusados en el marco de protestas ciudadanas por los delitos de incendio y daños a la propiedad, se encuentran en una cárcel de máxima seguridad donde se supone deben guardar prisión únicamente los criminales de alta peligrosidad.

Edwin Robelo Espinal, de 42 años, y Raúl Eduardo Álvarez, de 25 años, fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018, respectivamente, acusados de ser responsables de los daños que ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2018, durante una manifestación pública que denunciaba un fraude electoral.

En tanto Rommel Baldemar fue detenido el 31 de mayo, acusado por los delitos de daños e incendio contra la sede diplomática de los Estados Unidos.

A la conferencia de prensa del Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, la Convergencia Contra el Continuismo y la Rel-UITA, se hizo presente el excandidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien responsabilizó al gobernante, Juan Hernández, por cualquier cosa que le suceda a los presos políticos.

“Como representantes del pueblo y como presidente legítimamente reconocido por el 90 % de la población desde el 26 de noviembre de 2017, le hacemos un llamado al director de esta orquesta dictatorial, que se llama Juan Orlando Hernández Alvarado, jefe también del cártel Hernández Alvarado, de reconocimiento internacional, si le llega a pasar algo a estas tres personas, que han sido mencionadas en el comunicado que se acaba de leer, vamos a hacer un llamado a todo el pueblo hondureño para ir a las calles”: Salvador Nasralla, excandidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

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El Estado hondureño presentó requerimiento fiscal contra 174 hondureños que participaron en las protestas contra el fraude electoral del 26 de noviembre de 2017, 46 de ellos fueron remitidos a prisión acusados por delitos comunes, por lo que instancias internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos no han tipificado ningún caso en la categoría de presos políticos.

Hasta el momento solo tres siguen presos. El resto recibió sobreseimiento provisional.