Tegucigalpa.- Organizaciones y ciudadanía defensora de derechos humanos denunciaron que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será quien conocerá el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
Domínguez y Bonilla, son dos defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, quienes fueron asesinados el sábado 7 de enero en la aldea La Concepción en Tocoa, Colón.
La acción es ampliamente condenada por quienes han dado seguimiento a la causa Guapinol y Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras; y la misma población que ha luchado contra la imposición de proyectos mineros en dicha área protegida.
El crimen de los luchadores ocurrió en medio del recientemente ampliado estado de excepción que, según el comunicado No. 1-2023 de la Secretaría de Derechos Humanos tiene «el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos».
Noticia relacionada: Crimen de defensores de Guapinol en estado de excepción deja entrever vulnerabilidad a protección de DD HH
SE DEBE GARANTIZAR PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
El abogado e investigador en derechos humanos, Joaquín Mejía, expuso a Criterio.hn que desde la Coalición contra la Impunidad, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el Bufete Justicia para los Pueblos y organizaciones internacionales y nacionales, están planteando la responsabilidad que tiene el Estado de Honduras de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de los órganos encargados de investigar este tipo de delitos.
Mejía lo contextualizó de la siguiente forma: «Imagínese que en una cárcel se comete un delito. Aparece muerta una persona bajo custodia policial y […] aparentemente se suicido. Obviamente esos policías que tenían bajo custodia a esa persona no pueden ser considerados independientes e imparciales para investigar el caso de alguien que murió bajo su custodia. Exactamente lo mismo ocurre con el caso de Jairo y Aly.
El doctor en derechos humanos recordó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. Particularmente, fue la fiscal Martínez Guardado quien mantuvo en prisión preventiva a ocho de sus compañeros durante dos años y medio, explicó Mejía.
Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada «como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente», señaló el abogado y experto en derechos humanos.
Conozca más: Reparaciones, revisión de concesiones y licencias ambientales, exigen en caso Guapinol
El investigador expuso que desde los diferentes espacios que dan seguimiento a la causa Guapinol se exige se establezca una comisión de alto nivel que acompañe la investigación del crimen de Jairo y Aly, y en la que participen las víctimas y las organizaciones que han acompañado la causa. No obstante, tienen claro que mientras esté Óscar Chinchilla como Fiscal General del Ministerio Público la sociedad hondureña esta indefensa.
«Él está allí para cumplir un papel de servidor de esos papeles oscuros del país y por tanto estamos claros que es muy poco lo que va a hacer en relación con este nuevo crimen, como ya lo ha demostrado en el crimen de Berta Cáceres y en muchos otros crímenes. Al final, el Ministerio de Óscar Chinchilla actúa de forma rápida y eficiente cuando se trata de criminalizar a la gente de Guapinol, a los garífunas, etc, pero cuando se trata de investigar los crímenes contra ellos o los delitos ambientales contra ellos, Óscar Chinchilla no mueve ni un dedo», concluyó el abogado.
El 21 de diciembre de 2022, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa presentó el primer bloque de denuncias contra tres aspirantes a la Corte Suprema de Justicia por su implicación en la detención arbitraria de los defensores de Guapinol y Sector San Pedro en Colón, departamento ubicado en la costa Caribe de Honduras.
Los candidatos contra quienes el Comité en Defensa de los Bienes Comunes presentó tachas son: Yimy Daniel Chirinos Orellana, actual magistrado de la Corte de Apelaciones Segunda de La Ceiba; Garin Enoc Urquía Castro, magistrado de la Corte de Apelaciones Segunda de La Ceiba; y Rafael Bustillo Romero, actual magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Lea también: 38 postulantes a la CSJ denunciados y tachados listos para conocer su destino
