Tegucigalpa.- Las empresas agroindustriales en Honduras estarían detrás de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán, en el departamento de Yoro, y redoblar amenazas contra quienes luchen por la tenencia de la tierra y denuncien las permanentes violaciones a derechos humanos.
Así lo denunciaron en una conferencia de prensa integrantes y dirigentes de la Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad, en relación a los altos niveles de violencia que se viven en la zona de El Aguán contra las cooperativas que luchan por asegurar la tenencia de sus tierras.
“Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia ‘común’. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria”, manifestaron en un comunicado.
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Los nombres de la dirigencia de la Plataforma Agraria cuyas vidas estarían en riesgo son: Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander Garcia, José Garcia, William Sorto y Esly Banegas.
El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Lestter Castro, declaró que debe quedar claro que la zona de El Aguán “es una punta de lanza para reformar todo lo que tiene que ver con el tema tierras en el país. El Aguán ha sufrido desde los años 80 y 90 mucha violencia de la que hoy en día están denunciando”.
REACTIVACIÓN DE REDES CRIMINALES TRAS FIRMA DE CONVENIO CON GOBIERNO
Las organizaciones responsabilizaron a Corporación DINANT y otras empresas en la zona por cualquier asesinato contra los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA, y señalaron que estos actores son los mismos que se quejan de la violencia que han generado por años en el valle de El Aguán, sin que el Ministerio Público actué.
Indicaron que luego de la firma del convenio entre las organizaciones con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la violencia, violaciones de derechos humanos y el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra, las empresas agroindustriales respondieron reactivando redes criminales para generar más violencia.
Lo que ha dado lugar en los últimos meses a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reinvindican el derecho de acceso a la tierra, apuntaron.
Sobre este punto el abogado Castro, dijo que en el “convenio hay importantes acuerdos que deben ser impulsados por parte del Estado, en acompañamiento de las organizaciones campesinas y este es un llamado también para que nosotros volvamos a ese camino, volvamos a revisar esos acuerdos y podamos darle finalmente una solución pacífica a toda la violencia y a la nefasta administración que han tenido los gobiernos sobre este tema”.
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RECHAZAN INJERENCIA DE EMBAJADA DE EE UU
En el documento publicado rechazaron los comentarios de la embajadora Laura F. Dogu en su discurso en el marco de la reunión anual de AmCham 2022, en el que aludió sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra, los que calificaron como “injerencistas y parcializados”.
“Le aclaramos que el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado”, remarcaron en su documento.
Sobre este punto el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, agregó: “Condenamos y rechazamos todos estos pronunciamientos que ha tenido la embajada norteamericana (estadounidense) con el objetivo de desestabilizar finalmente el gobierno y también la lucha campesina del Bajo Aguán”.
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ESTADO TIENE OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA VIDA
Recordaron que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle de El Aguán, quienes son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por lo que exigieron se implementen acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle de El Aguán, y que el Ministerio Público inicie una investigación contra el empresario Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz, líder de Corporación Dinant e hijo del extinto empresario Miguel Facussé Barjúm, a quien señalaron por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.
Además, exigieron al gobierno que retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero y proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona de El Aguan.
