Tegucigalpa.- El bufete Estudios Para la Dignidad denunció que pobladores reportaron disparos al aire el domingo, 16 de enero, en la comunidad Maya Chortí en Azacualpa, Copán; zona bajo despliegue militar y policial a petición del juez de Letras, Rafael Humberto Rivera Tabora, quien ordenó exhumaciones ilegales en el cementerio comunitario pese a resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 12 de diciembre de 2021, el juez de letras Rivera Tábora de Santa Rosa de Copán emitió el oficio número 565-2021 en el que solicitó la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco para que apoyara las labores de la Secretaría de Salud en la totalidad de las exhumaciones, traslados y posteriores inhumaciones al nuevo cementerio de Azacualpa.
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Esto, según el juez Rivera Tabora, en virtud que no se habían podido realizar los «traslados» por la «obstaculización de ciudadanos del lugar, debiendo en consecuencia acordonar el perímetro que da acceso al antiguo cementerio de San Andrés, La Unión, Copán, y brindar la seguridad necesaria durante el proceso de exhumación, traslado e inhumación, por el tiempo que dure dicho traslado, a efecto de dar estricto cumplimiento a la resolución emanada de este Tribunal».
La denuncia del despliegue militar y policial en la zona fue realizada el pasado jueves, 13 de enero de este año. Los pobladores de Azacualpa han demostrado mediante movilizaciones y a través del sistema de justicia estar en contra de la exhumación, traslado e inhumación de los restos de sus familiares a un nuevo cementerio.
El caso llegó hasta la CSJ que ordenó detener las exhumaciones a la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa) en noviembre de 2020; sin embargo, en diciembre de 2021, contraviniendo la autoridad de la Corte Suprema de Justicia, el juez de Letras de Santa Rosa de Copán, Rivera Tabora, dictó una orden judicial para que con «carácter de urgencia» se ordenará la exhumación, traslado e inhumación de los restos esqueléticos del cementerio ubicado en San Andrés, La Unión, Copán.
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Las exhumaciones en el cementerio de Azacualpa, que tiene más de doscientos años de antigüedad, son promovidas por la alcaldía de La Unión, Copán, y Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), esta última una concesionaria de la transnacional canadiense Aurora Minerals, que desde 1998 explota una concesión otorgada por el gobierno hondureño.
Azacualpa en La Unión, Copán, es habitado por pobladores de la etnia Maya Chortí y su cementerio fue declarado patrimonio cultural indígena en Cabildo Abierto y está ubicado dentro de los parámetros del territorio ancestral de la comunidad indígena.
La CSJ en su sentencia de amparo dispuso que, en caso de existir fallas geológicas, las autoridades municipales debían hacer lo necesario para garantizar la integridad del cementerio por ser un mandato popular a través de Cabildo Abierto.
