Las demandas de arbitraje internacional buscan presionar al gobierno hondureño durante la renegociación de contratos de energía, poniendo en riesgo la reforma energética de 2022.
Las empresas Scatec ASA, Norfund y KLP Norfund Investments AS, responsables de los proyectos solares, demandaron a Honduras por 400 millones de dólares ante el CIADI.
Pobladores informan que la sensación térmica en la zona ha incrementado debido a las fotovoltaicas, afectando gravemente la salud de las personas, especialmente aquellas con padecimientos crónicos como la hipertensión.
Denuncian vínculos entre actores clave del gobierno hondureño y redes criminales, como el cártel de Los Cachiros, en la adjudicación de contratos de energía solar.
Tegucigalpa. – Descomposición del tejido social, persecución, criminalización y destrucción de su ecosistema son algunas de las consecuencias que dejó la instalación de dos proyectos fotovoltaicos en el sur de Honduras, y cuyos inversionistas demandaron al Estado de Honduras por 400 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Leonardo Amador y Marlenis Pastrana viven en las comunidades afectadas por los proyectos fotovoltaicos de Scatec ASA y Norfund junto a Norfund Investments AS, ambos liderazgos reportan cómo en sus comunidades el calor y la escasez de agua se intensificaron tras la instalación de los paneles solares en grandes extensiones del municipio de Namasigüe, Choluteca.
Marlenis Pastrana contó que en Prados 2, específicamente en la comunidad de Costa Azul, la fotovoltaica aterró una quebrada de la que los pobladores obtenían peces y camarones de río. “[H]oy no tenemos esos alimentos que en ese tiempo obteníamos en nuestras comunidades. Cuando uno quería, iba a pescar y hoy no lo podemos hacer porque todo esta privatizado y […] esas quebradas las aterraron, ya no hay agua. Esa es la escasez que hoy nosotros estamos sufriendo”, contó.
Tanto Pastrana como Leonardo Amador participaron en el primer panel desarrollado en el marco de la presentación del informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”, publicado en septiembre por el Institute for Policy Studies (IPS), Honduras Solidarity Network (HSN), Terra Justa y Transnational Institute (TNI).
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Leonardo Amador es uno de los liderazgos comunitarios de Prados 1 criminalizados desde 2017 por su oposición al proyecto de energía solar, cuenta que las fotovoltaicas llegaron “como patronos a las comunidades, imponiendo”, sin consultar a la poblaciones.
“Hemos sido dañados psicológicamente a raíz de la persecución que estas empresas han venido a hacer a las comunidades, poniendo a los pobladores unos en contra de otros” con el propósito de lograr establecer los proyectos fotovoltaicos.
El sur de Honduras –donde esta ubicado el municipio de Namasigüe, en el departamento de Choluteca, para ser precisos– además de ser una de las regiones más aridas, reportó, en 2021, las temperaturas más altas del país, con un promedio de 38.3 °C, de acuerdo al boletín de temperatura atmosférica 2017-2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Amador reporta que la sensación termica en sus comunidades incrementó con la llegada de las fotovoltaicas, lo que impactó en la salud de las personas con padecimientos crónicos, como la hipertensión arterial.
“Vivimos, como dicen, de milagros, los que todavía estamos contando el cuento. Hemos perdido compañeros de lucha, asesinaron a personas por oponerse al proyecto, otras personas han tenido que emigrar de nuestro pueblo porque han sido perseguidos” por oponerse al proyecto de energía solar, explicó.
Antes de que llegaran las empresas a criminalizar la oposición comunitaria que objetaba los proyectos, el gobierno heredero del golpe de Estado de 2009 (2010-2014) impulsó un paquete de reformas en el sector energético cuyo objetivo fue la privatización de la generación y distribución de la energía electrica, abriendo las puertas a la aprobación masiva de contratos de “energía renovable”, entre estos la energía solar.
EMPRESAS NORUEGAS COMPRARON EMPRESAS A ABOGADOS VINCULADOS CON LOS CACHIROS
Denia Castillo, abogada de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, recordó que, en 2017, 36 personas fueron criminalizadas con un primer requerimiento fiscal.
“[T]uvieron que hacer tres requerimientos fiscales para poder instalar de forma violenta este proyecto de energía en la región y ante eso ¿qué hicimos nosotras? Iniciamos un proceso de documentación e investigación y se realizó un primer informe […] se llamaba Energía Limpia Concesiones Fraudulentas”, compartió Castillo.
Fue en este documento, reportó la abogada que representa a las comunidades en oposición al proyecto, donde se arrojaron importantes datos que involucran a actores claves en la operación de estos contratos, entre estos Liana María Bueso Majano y Jim Eloy Muñoz Gómez.
El informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras” establece que, en la carrera como funcionaria pública, la abogada Bueso Majano estuvo vinculada a entidades del Estado denunciadas por corrupción como la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y la Alianza Público-Privada (COALIANZA).
Durante el “Robo Parlamentario del Siglo”, Bueso Majano y Muñoz Gómez fueron beneficiados con cinco de los veintitrés contratos aprobados el 20 de enero de 2014, durante una sesión legislativa arbitraria que se celebró un día después que finalizó la legislatura.
Bueso Majano también fue representante legal del Parque Joya Grande, propiedad del cártel de Los Cachiros, confiscado en 2013 por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) luego que estos fueran designados como una organización de narcotráfico por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
A partir de esta información, afirmó la abogada Castillo, se estableció el alto riesgo que corrían los liderazgos de las comunidades en oposición a causa de los actores involucrados en el caso.
Bueso Majano y Muñoz Gómez vendieron sus contratos a Norfund por 11.7 millones de dólares, ganando 1.9 millones de dólares por contrato, establece el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”.
Pero la relación indirecta con Los Cachiros no finaliza con este proyecto. Aprobado en el marco del “Robo Parlamentario del Siglo” también se encuentra el proyecto de Agua Fría, otorgado inicialmente a la empresa Producción de Energía Solar y Demás Renovables (PRODERSSA) con participación de Roberto A. Mejía y Roberto David Castillo.
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Mejía fue asistente del Partido Nacional en el Congreso Nacional en 2014 y abogado de Los Cachiros, mientras que Roberto David Castillo fue condenado a 22 años de prisión por su coautoría en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y encontrado culpable en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”. Castillo fungió como gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), detrás del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), al que se opuso el pueblo Lenca de Intibucá y Santa Bárbara.
En 2018, PRODERSSA fue confiscada por la fiscalía general de Honduras debido a sus vínculos con Los Cachiros. Tras el arresto de David Castillo, la junta directiva de esta empresa autorizó en 2019 la transferencia de las acciones de Castillo y de otras empresas al Norfund.
“Nos enteramos que cuando se otorgaron, el Congreso Nacional estaba cerrado, era un 20 de enero del año 2014, donde se dio el otorgamiento de estos permisos de operación. Por lo tanto, las empresas son ilegales, son fraudulentas. Ante ello, ¿qué se hizo? […] Se presentaron 33 denuncias por corrupción en contra de diferentes funcionarios públicos, de los actores involucrados, en la Uferco [Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción]. Hasta el día de hoy no tenemos requerimiento fiscal”, declaró la abogada Denia Castillo.
ARBITRAJES INTERNACIONALES AMENAZAN LA REFORMA ENERGÉTICA DE HONDURAS
Desde febrero de 2023 se presentaron ante el CIADI catorce demandas contra Honduras, siete de las cuales involucran al sector energético. En la mayoría de los casos, el motivo de la demanda es la aprobación de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica publicada en mayo de 2022.
La finalidad de la normativa energética de 2022 es rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de una inminente quiebra, así como renegociar los contratos energéticos lesivos con las empresas generadoras privadas.
En el informe, bajo la autoría del Institute for Policy Studies (IPS), Honduras Solidarity Network (HSN), Terra Justa y Transnational Institute (TNI), se establece que un funcionario público advirtió que las siete demandas podrían “anular el efecto de la reforma energética”.
Las demandas por un total de 400 millones dólares que corresponden a Scatec ASA y Norfund junto a Norfund Investments AS, señaló el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”, tendrían como objetivo “presionar al Estado durante la renegociación de sus contratos”, por lo que estarían anuentes “a retirar sus demandas multimillonarias si el Gobierno hondureño satisface ciertas condiciones no especificadas”.
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El informe, presentado en septiembre, detalló que las demandas de arbitraje supranacional son una “herramienta poderosa” que permiten a las empresas transnacionales y nacionales “influir en la toma de decisiones de los funcionarios públicos” en detrimento de los derechos humanos, indígenas, laborales y ambientales, lo que denominan el “efecto disuasorio”.
Esto es evidenciado a través de las repetitivas suspensiones del arbritraje ante el CIADI por parte de los inversionistas noruegos –Scatec ASA, Norfund y KLP Norfund Investments AS– que estarían buscando un arreglo con el Estado fuera del arbitraje, lo que fue confirmado por funcionarios públicos al equipo que investigó y redactó el informe.
“La estrategia de criminalizar y paralizar a los comunitarios en la defensa de sus territorios, también está siendo utilizada en contra del gobierno con esta demanda de 400 millones [de dólares]”, reparó la abogada Denia Castillo.
A la vez que señaló con preocupación la falta de conexión por parte del gobierno con las comunidades en resistencia. “[S]i yo acompaño un caso, en el litigio estratégico lo primero que se hace es investigar, documentar, buscar los aliados estratégicos para poder afianzar una estrategia de defensa. Sin embargo, nosotras hemos sido ignoradas, la gente de las comunidades ha sido ignorada”.
