Demandas contra Honduras ascienden a 19,440 millones tras nuevos arbitrajes

Overseas Real Estate y el Grupo EMCO sumaron dos nuevas demandas internacionales que elevan a más de 19 mil millones de dólares los reclamos en tribunales de arbitraje contra el Estado hondureño, en medio de una creciente crítica a contratos opacos y violaciones al medio ambiente

EMCO Holding demandó al Estado de Honduras por 300 millones de dólares, tras alegar violaciones contractuales y actos discriminatorios ligados a sus filiales, principalmente Palmerola International Airport

Tegucigalpa, Honduras. – A 19,440 millones de dólares ascenderían las demandas contra el Estado de Honduras, tras la incorporación de dos nuevos arbitrajes para un total de 16 litigios emprendidos desde febrero de 2023.

La actualización de los montos reclamados por los inversionistas fue calculado en el resumen del informe Inversiones mafiosas contra Honduras, publicado en colaboración por el Institute for Policy Studies (IPS), Honduras Solidarity Network, Terra Justa y el Transnational Institute (TNI), señalando que la cantidad equivale aproximadamente al 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras en 2024.

En la primera edición del informe publicada en septiembre de 2024, previo a la incorporación de las nuevas demandas y la ausencia de algunos montos en otros litigios, estas organizaciones calcularon la cifra en alrededor de 14 mil millones de dólares.

Uno de los nuevos arbitrajes es promovido por Overseas Real Estate LLC, empresa promotora de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Ciudad Morazán, que reclama 100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

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A este arbitraje, se suma el reclamo por 300 millones de dólares realizado por el Grupo EMCO Holding por el supuesto incumplimiento de los derechos del contrato de concesión de Palmerola International Airport (PIA) y daños causados por conducta discriminatoria y arbitraria en contra de otras de sus empresas filiales, entre ellas Alutech, que cuenta con capital del Instituto de Previsión Militar.

Ejecutivos y abogados de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, enfrentan dos procesos penales por explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados en el Parque Nacional Carlos Escaleras, así como uso de documentos falsos, tras más de diez años de denuncias ignoradas, criminalización y el asesinato de al menos cuatro defensores ambientales.

Para esta nueva demanda presentada contra el Estado de Honduras, el Grupo EMCO Holding presidido por Lenir Pérez –quien se encuentra prófugo y es sindicado en la causa por explotación ilegal y daños ambientales– se amparó en las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Este nuevo arbitraje fue emprendido dos meses después que se archivó el litigio de PIA por 10 millones de dólares ante el CIADI.

En este caso, EMCO es representado por sus abogados internos y el despacho de abogados Greenberg Trauring LLP, con presencia internacional en 49 ciudades.

EMCO A LA OFENSIVA

En marzo, el CIADI oficializó la terminación del arbitraje iniciado por PIA contra el Estado de Honduras. A través de la Procuraduría General de la República (PGR) se enfatizó que no hubo ningún tipo de negociación entre las partes y que la conclusión del proceso fue resultado de la “contundencia de los argumentos presentados por Honduras”. Incluso se anunció desde la institucionalidad que Honduras recibiría de parte de PIA más de 400 mil dólares por concepto de costas.

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En mayo, cuando EMCO Holding anunció la nueva demanda, afirmó que desistió voluntariamente de la demanda ante el CIADI luego de la firma del memorándum de entendimiento firmado el 20 de enero de 2024 con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El grupo empresarial alegó que fue “forzado” a presentar el nuevo arbitraje luego que Rixi Moncada –presidenciable por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y entonces titular de la Secretaría de Defensa e integrante del Consejo Superior Aeroportuario del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN)– realizó comparecencias públicas en las que se refirió al proyecto como “saqueo disfrazado de inversión para construir Palmerola”, entre otros.

El contrato de la alianza publico privada bajo el que fue cedido el proyecto aeroportuario en Comayagua a Palmerola International Airport se ha mantenido bajo la lupa desde el inicio por las inconsistencias que presentó. Incluso se señaló que el proceso de licitación y adjudicación estuvo viciado desde el inicio.

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La presidenta Xiomara Castro, previo a su toma de posesión, afirmó en diciembre de 2021 que el contrato con PIA del Grupo Emco Holding Inc. era ilegal y prometió una revisión y modificación del contrato. Posteriormente, desde el Congreso Nacional se nombró en mayo de 2022 una comisión especial que prometió entregar un mes después un informe, sin embargo, paso un año sin que este fuera presentado.