Tegucigalpa.- Los acuerdos para la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción avanzan bajo la opacidad luego que el canciller de la república, Enrique Reina, entregara a la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, la contrapropuesta del gobierno al memorándum preliminar de entendimiento sin conocerse su contenido.
Organizaciones se sociedad civil aglutinadas en la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) exigen al gobierno de Honduras develar las propuestas y observaciones que se entregaron a Naciones Unidas como una garantía de transparencia y de acceso a la información de interés nacional.
https://twitter.com/EnriqueReinaHN/status/1561790659429801992
Este lunes, el canciller Reina entregó a Shackelford el documento con la respuesta del gobierno al memorándum preliminar de entendimiento siendo la primera etapa para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Cumpliendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, entregué formalmente a Alice Shackelford, representante residente de Naciones Unidas en Honduras, las propuestas y comentarios del gobierno al borrador de entendimiento para el establecimiento de la CICIH”, informó en su cuenta de Twitter.
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Sin embargo, el contenido del documento no fue conocido, ocultando la contrapropuesta, aunque es importante indicar que el memorándum preliminar que elaboró Naciones Unidas se conoció porque el documento se filtró a la prensa cuando era “confidencial”.
Por lo anterior, la Articulación Ciudadana, a través de un comunicado, exigió a las autoridades revelar el contenido de la contrapropuesta del gobierno que garantice el derecho a la ciudadanía de conocer los avances en los acuerdos hasta ahora pactados.
“Solicitamos publicar el contenido de la contrapropuesta enviada por la Presidencia de la República, a través de la Cancillería… En aras de la transparencia, es un derecho de la ciudadanía organizada y los hondureños en general, conocer la contrapropuesta”, expone el documento.
Además, instan al gobierno de Honduras considerar lecciones y experiencias adquiridas de organizaciones y personas vinculadas en lucha contra la corrupción en la región que permitan fortalecer el mecanismo que se procura instaurar.
Asimismo, consideran pertinente que se tome en cuenta la propuesta que entregó la Articulación al secretario de transparencia y lucha contra la corrupción, Edmundo Orellana, con requisitos mínimos que debería contener la CICIH para evitar repetir errores que llevaron a la extinción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el intento fallido de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
“Invitamos a la población hondureña, a los gremios y la ciudadanía en general, a quienes no une el genuino derecho de exigir un alto a la corrupción y la impunidad y de llevar a juicio a los corruptos, sin importar el color de sus banderas o la ideología política con las que simpatizan, sumémonos a los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía organizada para que la CICIH se convierta en una realidad…”, instaron.
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El vicecanciller, Gerardo Torres, se pronunció sobre las especulaciones que no se concretaría la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción asegurando que “no es un juego” y será una realidad.
“Este va con dedicatoria a quienes (famosos presentadores de TV, analistas y políticos de oposición defensores del régimen de Juan Orlando Hernández) que llevan seis meses diciendo que no íbamos a traer la CICIH. Que les quede claro, Xiomara Castro no está jugando”, dijo.
https://twitter.com/gtorreszelaya1/status/1561814530660999168
“Estamos trabajando para que la CICIH venga al país. Todo indica que la CICIH va a venir, hay gente que le preocupa porque sabe lo que han hechos en otros años y en otros gobiernos”, manifestó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon.
ELIMINAR LEYES QUE PROMUEVEN LA CORRUPCIÓN
De nuevo, el director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, indicó que, si el Congreso Nacional no deroga las leyes que aprobó el Partido Nacional que blinda la corrupción y la impunidad, escasamente tendrá resultados un mecanismo internacional como la CICIH.
“Cualquier misión no podría venir a un país con las limitaciones legales que actualmente existen para investigar los casos de corrupción y con un marco legal débil para investigar los casos, ese fortalecimiento sí debe de haber del Congreso Nacional”, manifestó.
Santos reitera que se debe eliminar el Decreto Legislativo 116-2019 contentivo del uso de Fondos Departamentales regida por la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.
La normativa permite a diputados, funcionarios, directores, corporaciones municipales, Organizaciones No Gubernamentales, y cualquier persona natural o jurídica solicitar fondos con la supuesta finalidad de obras, proyectos o programas sociales siendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el encargado de ejecutar las auditorías para el control de los recursos asignados limitando a la fiscalía mientras el ente contralor no presente informes con indicios de responsabilidad penal.
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Cabe señalar que, el fiscal anticorrupción denunció que auditores del TSC están entregando finiquitos e informes con información falsa para beneficiar a corruptos, situación que promueve la impunidad.
Para blindar la referida ley, el conservador Partido Nacional aliado con el Partido Liberal, en el artículo 21, estableció que cualquier reforma o derogación se requiere la votación de dos terceras partes de los diputados, es decir, 86 votos.
Otros de los decretos que Santos exige se deroguen es el Decreto Legislativo 57-2020, aprobado en mayo de 2020, que interpreta los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal contentivo de la figura de decomiso y secuestro de documentos u objetos relaciones a investigaciones del Ministerio Público.
Con dicha interpretación, se limitó a la fiscalía realizar decomiso y secuestro de documentos sin autorización de un juez, además se estableció un plazo de cinco años para conservar el registro de información por parte de las instituciones, es decir, que los sujetos requeridos a entregar la información en caso de haber transcurrido cinco años desde que realizó la transacción no estarán obligados a entregarla.
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De igual manera, demanda extinguir el Decreto Legislativo 93-2021, aprobado en octubre de 2021, valiéndose de un asueto nacional, mediante el cual se reformó varios artículos del Código Penal, en especial, concerniente al Lavado de Activos.
Para el caso, se reformó el artículo 47 en el que se estipuló que el secreto bancario será suspendido únicamente por orden judicial, es decir, que los entes financieros no están obligados a develar información ante investigaciones de lavado de activos, extorsión, entre otros, si no se autoriza por un juez.
MEMORÁNDUM PRELIMINAR DE ENTENDIMIENTO
En los primeros días de agosto, se filtró el memorándum preliminar de entendimiento que envió Naciones Unidas al gobierno de Xiomara Castro en el cual establecen 17 puntos que debe cumplirse como primera fase para concretar la CICIH.
Entre las principales exigencias está que la CICIH pueda realizar investigaciones de forma independiente, constituirse como un acusador privado, derogar pactos de impunidad y decretos lesivos en la lucha contra la corrupción, aprobar nuevas leyes que promuevan un efectivo combate al flagelo como la Ley de Colaboración Eficaz, fortalecer la independencia de poderes, entre otros.
Una vez ambas partes estén de acuerdo en la propuesta y contrapropuesta se definirá la firma del memorándum final que conlleve a la instalación de la CICIH.
