Demanda superior a US$1,300 millones interpondría ZEDE Próspera contra Estado de Honduras

Tegucigalpa. Mientras el Congreso Nacional se apresta a una sesión legislativa que busca iniciar el proceso de derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Próspera ha recurrido a amenazas de una demanda superior a 1.300 millones de dólares contra el Estado y dice que derogación de ley es una expropiación indirecta e ilegal que contraviene la Constitución.

Mediante un comunicado titulado «Inseguridad jurídica pone en riesgo la generación de empleo y atracción de inversiones, reputación y las finanzas públicas de Honduras», la ZEDE Próspera remarcó fuertemente en la inversión que han realizado, así como la supuesta generación de miles de empleos directos e indirectos que han «beneficiando a familias hondureñas y diversificando la economía local, particularmente de Roatán».

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Aunque no se establece el monto de la inversión y el número de empleos generados por este controversial proyecto, sus promotores prometen continuar invirtiendo cientos de millones de dólares adicionales que proveerán miles de empleos en sectores con alto potencial de crecimiento profesional y ofrecen un salario promedio de 45,000 lempiras mensuales a sus trabajadores profesionales.

Acto seguido, recurren a decir que estas inversiones, empleos, las finanzas públicas y hasta la reputación internacional de Honduras están en riesgo debido «a un intento procesal y constitucionalmente incorrecto» que busca derogar lo que ellos llaman «decretos generadores de empleo e inversión», pero que los expertos constitucionalistas llaman la entrega del territorio y la soberanía.

Nuevamente, hacen un llamado al diálogo con las autoridades y así «encontrar las mejores avenidas de solución», que aseguran generarán «certeza, paz y especialmente, más empleos y más inversión en el país».

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Sin embargo, en caso de no haber convencido al lector lanzan la amenaza encubierta de una demanda por encima de US$1,300 millones contra el Estado de Honduras en caso de que se realicen «acciones que no respeten las disposiciones legales aplicables»; así como «ocasionar una controversia internacional, perjudicar a miles de familias hondureñas, y ahuyentar inversiones esenciales para un futuro próspero».

En la misiva señalan que cualquier derogación de leyes que no garanticen las condiciones de estabilidad jurídica, prevista en la propia legislación hondureña y los derechos adquiridos de todos los residentes e inversionistas, equivale a una expropiación indirecta e ilegal y, por consiguiente, contraviene la Constitución de Honduras y el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.

Ya previamente, directivos de Próspera habrían enviado una carta a la presidenta Xiomara Castro, en la cual le felicitaban por su triunfo y le invitaban a «entablar una conversación amplia y transparente, sobre las zonas económicas especiales». A la que decían reconocer «que existen puntos de mejora que permitirán brindar mayor tranquilidad al pueblo hondureño, al mismo tiempo que se fortalece la seguridad jurídica, sustento indispensable para la atracción de inversiones al país».

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En esa ocasión la presidenta del patronato de Crawfish Rock, Luisa Connor, cuya aldea está ubicada en la costa norte de Roatán y donde se ha instalado Próspera, confirmó haber leído la carta y afirmó que la misma carecía de sentido. Expresó que «así como dicen que hay puntos que quieren hablar con ella [Castro] sobre algunos inconvenientes que tienen a la población preocupada», eso pudieron hacerlo cuando «estábamos en las calles de Roatán y Tegucigalpa».