Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. A seis años en que el Estado de Honduras mantiene en impunidad las investigaciones sobre el crimen contra la defensora Margarita Murillo, organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conocer el caso sobre el cual las autoridades se han negado a impartir justicia contra los responsables del hecho.
Familiares de la extinta defensora, el Foro de Mujeres por la Vida, el Equipo de Reflexión e Investigación (ERICK), en conjunto con el catedrático universitario de la Universidad de California, Estados Unidos, José Berra, organizaron una conferencia de prensa para anunciar la presentación ante la CIDH de una serie de peticiones con el fin que este organismo internacional asuma la investigación sobre el crimen de Murillo que durante seis años la institucionalidad hondureña mantiene en total impunidad.
Las organizaciones pidieron al CIDH llevar el caso sobre el crimen contra Margarita Murillo, solicitando lo siguiente: “investigar la autoría intelectual y material del asesinato de Margarita Murillo; reparar a su familiar por las consecuencias morales y materiales de su asesinato y adoptar las medidas necesarias para evitar crímenes como este”.
Carolina Sierra, representante del Foro Mujeres por la Vida, explicó que, ante la inoperancia estatal, los defensores han optaron por acudir a la instancia internacional “con el objetivo de tener verdad, justicia y reparación por su asesinato y la impunidad que ha rodeado por más de seis años el caso”.
Kenia Murillo, hija de la extinta defensora, lamentó que en seis años la justicia hondureña ha dormido en la totalidad el caso. “Como familiares ha sido devastador un sistema que no ha respuesta, con un sistema que nos niega hasta la información que deberíamos de conocer cómo víctimas”.
Karol Bobadilla, lamentó que a consecuencia de la impunidad que envuelve el caso Margarita Murillo, la violencia contra las mujeres se ha ensanchado con mayor impunidad.
“Y esto representa la gran parte de violencia que sufren las violencias dentro del trabajo que están realizando”. Porque “se está mandando un mensaje a los violadores de que es permitida la violación a los derechos humanos”, añadió Bobadilla.
Por su parte, José Berra, también activista de derechos humanos que ha seguido de cerca las estelas de impunidad que tiñen el crimen contra Margarita Murillo, señaló la parsimonia con que el Ministerio Público ha actuado frente a los indicios que apuntan hacia los autores intelectuales y materiales.
Tras el asesinato de Marlenia Banegas, fiscal inicialmente asignada a la investigación del caso, José Berra explicó que la extinta funcionaria había encontrado avances importantes sobre la identidad de los posibles hechores. No obstante, el Ministerio Público no continuó presionando los avances de la investigación comenzada por Benegas, agregó.
De modo que, “bien sabe el Ministerio Público quienes fueron las personas que la fiscal Banegas estaba investigando; sin embargo, no ha emitido orden de captura contra los actores de este asesinato”, señaló.
En ese sentido, “el Estado ha fallado en las diligencias de la investigación sobre la violación a los derechos humano”, agregó el catedrático de la Universidad de California, quien pidió a las misiones diplomáticas estadunidense acompañar la solicitud presentada por los familiares de Margarita Murillo ante la CIDH.
Margarita Murillo fue asesinada un 27 de agosto de 2014, cuando se encontraba realizando labores de cultivo agrícola en la comunidad del Plantón en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
Murillo es recordada por su lucha a favor de las causas sociales. Durante los procesos turbulentos de la reciente historia de Honduras, como la década de 1980 o el golpe de Estado de 2009, la defensora elevó su voz en contra de las injusticias cometidas contra los regímenes de entonces, denuncia que levantaron en su contra amenazas, persecución y atentados.
