Fueron privados de su libertad por más de 900 días por defender el agua frente a intereses extractivos en un parque nacional, y la jueza que ordenó sus detenciones arbitrarias recibió un ascenso, sin antes ser investigada
Tegucigalpa. Honduras. – Para Juana Zúniga y otros residentes de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en Tocoa, Colón, el ascenso de la jueza Lisseth Vallecillo al cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones en Materia Penal de Francisco Morazán, es una burla.
Es “[u]na burla porque sabemos de qué fue la causante de que nuestros compañeros, a base de ilegalidades, de corrupción, pues, siguieran privados de libertad. Entonces, nos ha indignado, la verdad, esa noticia”, expresó Zúniga a Criterio.hn
Juana Ramona Zúniga vivió de primera mano la detención de los ocho defensores de Guapinol y Sector San Pedro. Su pareja José Abelino Cedillo se presentó en agosto de 2019, junto a sus otros compañeros de forma voluntaria, en cambio fueron privados de su libertad ilegalmente, violentando el artículo 178 del Código Procesal Penal.
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En el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Ilegal se concluye que la detención de los ocho defensores del agua fue arbitraria, que debían ser liberados a la brevedad e instó al gobierno de Juan Orlando Hernández a investigar y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de los ocho defensores, entre estos la entonces jueza Vallecillo.
Ni los defensores fueron puestos en libertad, ni la ahora magistrada Vallecillo, entre otros, fue investigada y las denuncias en su contra se encuentran engavetadas desde 2019 tanto en el Ministerio Público como en la Supervisión de Tribunales del Poder Judicial.
Sobre cómo los ocho defensores, entre ellos su compañero de hogar, reciben el nombramiento de Lisseth Vallecillo a magistrada, Juana Zúniga apuntó que existe incredulidad al “ver cómo se ha prestado, o se está prestando este gobierno para premiar a una persona que no tuvo la facultad, por lo menos, de ver el expediente, de analizarlo, de discutirlo, de revisarlos, sino que no le dio importancia, y siguió la matriz de la corrupción”.
Zúniga detalló que esa fue la línea trazada por quienes favorecían el megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras, privar de la libertad a los ocho defensores del agua para hacer callar la lucha a través del miedo. Acción que, según la defensora, funcionó “porque la mayoría de los compañeros, después tenían miedo de salir a las calles”.
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“Como dice mi compañero, da tristeza de que este gobierno [administración Xiomara Castro] en el cual habíamos puesto toda nuestra esperanza se preste para premiar a aquellos que participaron en el caso de ellos para que quedaran privados de libertad”, compartió Zúniga.
La defensora del agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras, también manifestó que todas las denuncias interpuestas –por las comunidades y organizaciones que les representan– en contra de la jueza Vallecillo y otros, nunca tuvieron una resolución.
“Nunca hemos tenido respuesta, nunca hemos tenido respuesta de todos los que participaron, como lo dije anteriormente, para que estos compañeros quedaran privados de libertad […] Sabemos que todas las empresas que vienen de otros países, esta es una herramienta que les funciona, el encarcelar a las personas que se oponen ante estos proyectos para meter miedo en las comunidades”, concluyó.
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La ahora magistrada Lisseth Vallecillo recobró notoriedad luego que su hermano, el juez Marco Antonio Vallecillo fue acusado por el delito de extorsión tras supuestamente solicitar dinero a cambio del cierre de expedientes y sobreseimientos contra personas investigadas por corrupción.
Criterio.hn consultó sobre la fecha del nombramiento de Vallecillo a magistrada de la Corte de Apelaciones, en respuesta el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, indicó que este se habría realizado en abril.
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