Tegucigalpa.- Este viernes, 28 de octubre, se celebrará la audiencia preliminar contra los cinco miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, a quienes la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento provisional, y negó la solicitud de aplicación del decreto de amnistía política en su favor.
La abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, informó que este revés judicial ha causado temor entre sus representados quienes enfrentan un proceso judicial por la defensa del río Petacón ante la imposición de los intereses extractivos de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa).
Sus representados Jairo Noé Oliva Reyes, Renan Ovidio Zelaya Vásquez, José Orlando Rodas García, Jorge Alberto Montes Isidro y Andrés Abelino Gutiérrez son acusados por los delitos de incendio agravado y atentado en perjuicio de la Secretaría de Seguridad.
Los cinco integrantes habían recibido del Tribunal un sobreseimiento provisional. No obstante, la Corte de Apelaciones revocó el mismo, reavivando el caso en los juzgados. Este tipo de accionar es una practica generalizada desde los juzgados para acallar las voces de protesta contra los proyectos extractivos en Honduras.
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La abogada Oliva señaló que este caso es un ejemplo más del por qué “es preciso que se tenga especial cuidado de quiénes serán los nuevos Magistrados de la Corte [Suprema de Justicia]. Por ahora su trabajo ha sido criminalizar al movimiento social, haciendo uso del Derecho Penal para favorecer a los poderes fácticos de este país”.
EL COSTO DE OPONERSE A UN PROYECTO EXTRACTIVISTA EN HONDURAS
La profesional del derecho expresó que este proceso de criminalización ha representado una importante carga en la vida de los defensores y sus familiares.
En marzo de este año, Criterio.hn conversó con Gissela Rodas quién narró el costo emocional y económico para los miembros del Consejo Indígena Lenca y sus familias, especialmente quienes fueron criminalizados por el sistema de justicia hondureño.
En su caso, su hogar fue allanado por fuerzas policiales el 5 de agosto de 2021 a las 5:30 de la mañana en busca de su esposo Wilmer Alonzo Herrera, 30 minutos antes de la hora legal establecida para la realización de este tipo de procedimientos.
Al momento de la invasión policial, Gissela Rodas y su hija se encontraban solas en su casa de habitación cuando la policía “tumbó” la puerta en busca de su esposo, Wilmer Alonzo Herrera, quien había salido el día anterior.
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“Mi hija me decía: ‘Mamá, ¿mi papá está en la lista?’. Son cosas que uno no sabe explicarles a los hijos. Todo esto nos ha afectado a cada una de las familias”, contó y agregó que como adultos son situaciones mentalmente difíciles las que han vivido pero mucho más para las hijas e hijos.
Sumado a esto, su esposo junto a los otros cuatro defensores del río Petacón han tenido que viajar durante más de tres años a Tegucigalpa a firmar el libro de registro, un viaje que representa perdidas económicas, no solo por el pago de transporte sino también porque es un día laboral perdido.
La defensora ambiental también señaló que como familia se ven afectadas emocionalmente pues constantemente viven la ansiedad de estar pendiente que su pariente judicializado no olvide ir a firmar un viernes a Tegucigalpa.
