Hernández pretende aumentar gastos militares mientras la población no encuentra en hospitales solución a sus problemas de salud y los niños reciben clases en ruinosas escuelas
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – Una coalición de organizaciones humanitarias de Honduras rechazó la pretensión del gobernante, Juan Hernández, de incrementar los gastos militares bajo el argumento de luchar contra la inseguridad, en lo que describieron como una democracia fallida incapaz de atender las necesidades de su población y bajo control del crimen organizado.
“Más dinero solo significa fortalecer una estructura militar avorazada. En este caso Juan Orlando hace un proceso de más plata para los militares porque él se sostiene en base a corrupción y en base a las vinculaciones con el crimen organizado”, dijo el director del Centro de Investigación para la Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez.
Méndez participó el martes en una conferencia de la llamada Mesa de Derechos Humanos que aseguró que la población enfrenta un “Narco Estado” y que los cuerpos de seguridad utilizan estrategias de criminalización de defensoras y defensores de los derechos humanos, recurriendo al discurso de lucha contra las pandillas y el crimen organizado, mientras “protegen a las estructuras criminales del más alto nivel”.
Hernández ha lanzado una campaña de medios en la que asegura que las poblaciones y regiones que visita, le demandan incrementar el número de tropas del ejército, policías militares, la fuerza de lucha contra las pandillas y la policía para combatir la extorsión y el crimen, y que acudirá al Congreso Nacional en busca de asignación de presupuesto adicional en 2019.
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El gobernante lanzó desde 2014, al asumir su primer mandato, una “guerra” contra el narcotráfico y el crimen básicamente fortaleciendo las fuerzas del ejército, que desembocó en la extradición de al menos una veintena de presuntos capos de la droga a Estados Unidos y la incautación de propiedades, lujosas residencias y vehículos.
Pero la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es ensombrecida por el involucramiento de su hermano Juan Antonio Hernández, alias «Tony» Hernández, con cárteles de la droga, en juicios que se siguen en Nueva York.
Autoridades de Estados Unidos arrestaron el 23 de noviembre de 2018 en Miami a “Tony”, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández, bajo cargos de narcotráfico, mientras en Honduras, aunque había fuertes rumores de vinculaciones con el ilícito, ni en el estamento militar, policial, ni el Ministerio Público habían siquiera abierto una investigación.
Antes, el 6 de octubre de 2015 fue arrestado en Miami bajo cargos de vínculos con el narcotráfico, el entonces ministro de Inversiones Yankel Rosenthal en el gobierno de Juan Hernández, y Estados Unidos pidió la extradición del alcalde nacionalista de Yoro Arnaldo Urbina y la captura de sus hermanos, Fernando y Miguel Urbina Soto, también por tráfico de drogas.
También el hijo del ex presidente, Porfirio Lobo, Fabio Lobo, fue capturado el el 25 de mayo de 2015 en Haití por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por vínculos con el narcotráfico, especialmente con cabecillas del cártel de “Los Cachiros”.
“Honduras ya no solo es una democracia fallida, sino, bajo control del Crimen Organizado en sus más diversas modalidades, que favorecido por la corrupción goza de impunidad absoluta, de allí que enfrentamos un Narco Estado”, dijeron los miembros de la Mesa de Derechos Humanos en un documento.
El mandatario Juan Hernández, desde enero de 2014 destinó millonarios recursos a gastos militares, pero la población cinco años después sigue siendo asolada por el crimen común y la violencia y extorsión de las Maras en barrios y poblados en las principales ciudades del país.
Las pandillas y el crimen organizado que se dedican a reclutar miembros para sus operaciones, encuentran en la pobreza y el desempleo de la población, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, terreno fértil para sus actividades.
La Mesa de Derechos Humanos, en el documento “Estado Crítico de la Nación”, sostiene que “el sistema de justicia y seguridad privilegia la dimensión represiva, la dimensión preventiva la tienen de segunda categoría, cuando debe ser la primera. Pero las dimensiones de rehabilitación y reinserción son marginales”.
“Con gobiernos que condenan a la gente a la marginalidad, la gente está destinada a ser criminalizada, aunque no ejecute ningún acto criminal, puesto que al defender su propio derecho será considerado un delito”, dijeron.
