Un nuevo informe destaca la alarmante criminalización de mujeres defensoras en Honduras, revelando un contexto de represión y violencia estructural que amenaza su labor y bienestar
Las defensoras enfrentan un sistema judicial sesgado y prácticas abusivas, lo que agrava el clima de impunidad y silencia sus voces en la lucha por la justicia social
Tegucigalpa, Honduras. – La criminalización de la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un fenómeno alarmante en Mesoamérica, donde mujeres defensoras enfrentan agresiones, detenciones arbitrarias y procesos judiciales injustos por su labor. Ese contexto de represión se ve exacerbado por factores como el autoritarismo, la corrupción y las violencias estructurales, que buscan silenciar a quienes luchan por la justicia social y la protección de sus comunidades.
Ante esta situación de criminalización, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), ha presentado el capítulo dedicado a Honduras de la investigación titulada “Perseguidas por defender y resistir: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”.
El referido informe es la segunda de tres publicaciones que analizan la creciente criminalización que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.
Melissa Cardosa, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, destaca que las mujeres defensoras «una criminalización estructural vinculada a otras violencias que el sistema impone en sus vidas y comunidades».
En este contexto, el estudio revela que la criminalización no sólo atenta contra su existencia, sino que también afecta su seguridad emocional y el bienestar de sus familias. Cardosa subraya que «el propósito de esta criminalización es impactar negativamente en la vida de las defensoras, sus cuerpos y el tejido comunitario», evidenciando así la complejidad de las luchas que enfrentan por los derechos de la tierra y los derechos humanos en general.
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¿QUIÉNES SON LAS MÁS AFECTADAS CON LA CRIMINALIZACIÓN?
En Honduras, la criminalización de las defensoras de la tierra y el territorio ha alcanzado niveles alarmantes, afectando especialmente a mujeres indígenas y garífunas, entre las organizaciones con más amenazas están el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
Estas defensoras, junto con integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres, son objeto de agresiones sistemáticas que buscan silenciar sus voces y deslegitimar su labor.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, es una de las defensoras que más ataques contra su vida ha recibido, la ultima que se ha registrado fue en abril de 2024 durante la movilización en la conmemoración de los 227 años de presencia garífuna en Honduras, cuando la amenazaron con un arma de fuego.
El estudio también señala que las mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras sufren detenciones arbitrarias que reflejan la represión sistemática del Estado hacia quienes se oponen a las injusticias y luchan por la defensa de sus comunidades. Estas detenciones, a menudo basadas en acusaciones infundadas, son utilizadas como herramientas de intimidación y control social, con el objetivo de silenciar voces críticas y desmantelar redes de apoyo.
Criterio.hn ha documentado la detención arbitraria de Nolvia Obando, una pastora evangélica y lideresa del movimiento campesino de mujeres Las Galileas, capturada y exhibida a medios de comunicación como la cabecilla de una “organización Terrorista” en marzo de 2023. Obando pasó más de 200 días privada de su libertad, denunciada por el Ministerio Público por el delito de usurpación. Hasta la fecha, la lideresa campesina está a la espera de su sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Sistema judicial que de acuerdo con la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los pueblos, carece de enfoque de género, que además contribuye a que el clima de impunidad se perpetúe.
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RECOMENDACIONES PARA CONTRARRESTAS LA CRIMINALIZACIPON DE DEFENSORAS
El estudio «Perseguidas por defender y resistir» presenta varias recomendaciones cruciales para abordar la situación de criminalización que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México.
Una de las principales sugerencias es la necesidad de fortalecer el marco legal que proteja a las mujeres, garantizando que sus derechos sean respetados y que puedan ejercer su labor sin temor a represalias. Ello incluye la implementación de políticas públicas que reconozcan y aborden las violencias específicas que enfrentan, así como la promoción de un sistema judicial independiente que actúe con imparcialidad.
Además, se enfatiza la importancia de visibilizar el trabajo de las defensoras en la sociedad, para generar conciencia sobre su labor y fomentar un entorno más seguro y solidario.
Otra recomendación clave del informe es el establecimiento de redes de apoyo entre defensoras, que permitan compartir recursos, conocimientos y estrategias de protección. Estas redes son fundamentales para crear un sentido de comunidad y resistencia frente a la criminalización.
Asimismo, se sugiere proporcionar apoyo psicológico y económico a las defensoras afectadas por procesos de criminalización, así como fomentar espacios de cuidado y sanación que reconozcan sus experiencias. En este sentido, el informe subraya la importancia de un enfoque interseccional que contemple las diversas identidades y contextos de las defensoras, asegurando que las respuestas a sus necesidades sean adecuadas y efectivas.
