Tegucigalpa.- El equipo legal de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro presentaron siete dictámenes ambientales que probarían que el gobierno hizo oídos sordos a sus propias instituciones y oficinas de conservación forestal al momento de otorgar la concesión minera y licencia ambiental a Inversiones Los Pinares para la instalación de los proyectos mineros ASP y ASP 2.
Los dictámenes fueron presentados durante la audiencia vespertina del pasado jueves con duración de una hora, luego de que la audiencia inicial de las 9:00 de la mañana fue reprogramada para la 1:30 de la tarde. Esta fue la primera audiencia en la reanudación de un juicio que ha sido suspendido en dos ocasiones, una de ellas por irresponsabilidad del Ministerio Público.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora, dijo a Criterio.hn que «esos siete dictámenes del Instituto de Conservación Forestal y de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente emitidos en 2014 establecen que no podían otorgarse la concesión minera ni la licencia ambiental porque el impacto ambiental iba a ser sumamente grave».
¿Por qué son importantes los dictámenes? Porque de acuerdo con el equipo legal de los defensores de Guapinol, estos demuestran que los pobladores de Guapinol y Sector San Pedro y comunidades aledañas estaban legítimamente reunidos para protestar por la implementación de un proyecto minero ilegal el día de los supuestos hechos por los que son acusados.
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En conferencia de prensa, Tabora expresó: «esperamos que estos medios de prueba sean incorporados al elenco de pruebas, que sean admitidos porque en este proceso es necesario discutir el origen del problema y de la motivación de las protestas que se estaban realizando en ese lugar».
Asimismo, Tabora señaló que estos siete documentos deberían generar una revisión para la cancelación de los procesos mineros otorgados a Lenir Pérez y que, así como este ha manifestado estar de acuerdo en que se revise el proyecto del Aeropuerto de Palmerola, así debe estar dispuesto a la revisión de los proyectos ASP y ASP 2 en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, puesto que tienen muchas más irregularidades. «Nunca debieron ser otorgados», dijo el abogado.
Los dictámenes y documentos son:
- Memorandum DAP-065-2014, acompañado por el dictamen DAP-031-2014, remitido por la jefa del Departamento de Áreas Protegidas a la Secretaría de General del Instituto de Conservación Forestal
- OL-Tocoa-001-2014 de la oficina local de Tocoa del Instituto de Conservación Forestal
- ICF-DVS-024-2014 del Instituto de Conservación Forestal
- Opinión legal de la asesora legal adscrita a la Secretaría General
- Informe Técnico 713-2014 de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente
- Dictamen Técnico 713-2014 de la Dirección de Evaluación de Control Ambiental de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente
- Expediente Legislativo 021-CN-2019
Todos los dictámenes ambientales señalan la inviabilidad ambiental del proyecto minero y advierten que de permitirse «va a causar daños muy importantes al área protegida». Uno de ellos señaló que el Parque Nacional Montaña de Botaderos está protegido por los convenios internacionales debido a su ubicación dentro del Corredor Biológico Mesoamericano y que por lo tanto la licencia ambiental y el proyecto no era factible.
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En otro dictamen, señalaron que el decreto legislativo 152-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos era ilegal pues la reducción de su zona núcleo no fue socializada con el Instituto de Conservación Forestal, tal como lo establece la Ley de Áreas Protegidas de Honduras.
El expediente legislativo, señaló Tabora, acredita que los diputados del Congreso Nacional el año 2013 cambiaron o modificaron la zona núcleo para favorecer proyecto minero de Inversiones Los Pinares sin reunir los requisitos necesarios establecidos en la Ley Forestal y de Áreas Protegidas en Honduras.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos indicó que «esto es lo que debería determinar que el Ministerio Público hiciera una investigación y que no fueran los compañeros que están presos». Asimismo, expresó que el MP debió presentar una acusación contra aquellas personas que otorgaron una licencia ambiental «que no estaba amparada en dictámenes que establecían que nunca debió otorgarse una concesión minera ni licencia ambiental».
