Declarando las islas del Cisne como parque nacional marino, diputados buscan detener construcción de cárcel

La construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne ha sido un tema controvertido desde su anuncio. Profesionales de la biología argumentan que la infraestructura y las operaciones de la prisión podrían causar daños irreparables al ecosistema marino y afectar negativamente el hábitat de las especies endémicas de esa zona

Tegucigalpa, Honduras. –En un esfuerzo por preservar uno de los paraísos naturales más emblemáticos de Honduras, los diputados del Congreso Nacional han presentado dos iniciativas para declarar y ratificar como área protegida y Parque Nacional Marino a las Islas del Cisne. Estas propuestas buscan impedir la construcción de una cárcel de máxima seguridad, una propuesta del gobierno de Xiomara Castro.  

Pese a la oposición de profesionales de la biología, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y organismos internacionales, autoridades gubernamentales han enfatizado que no hay marcha atrás en la edificación de la mega cárcel para 20,000 mil privados de libertad. 

Jorge Zelaya, diputado del partido Nacional. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

El diputado y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, presentó una iniciativa para declarar y ratificar como área protegida y Parque Nacional Marino a las Islas del Cisne.

La otra propuesta fue introducida al pleno por la única diputada del departamento de Gracias a Dios por el Partido Liberal, Erika Urtecho, con la que se busca la zonificación que delimite el área núcleo y de amortiguamiento en las Islas del Cisne.

Esta iniciativa también promueve que las únicas actividades permitidas en el área protegida, deberán ser la de la conservación estricta, la investigación científica, y restauración ecológica.

Urtecho destacó la importancia ecológica de las Islas del Cisne, subrayando que su conservación es crucial para la subsistencia de los cuatro pueblos indígenas –Miskitos, Pech, Tawahka y Garífuna— que habitan en el departamento de Gracias a Dios.

Durante la lectura de la iniciativa en la sesión del jueves 18 de julio, la congresista enfatizó que existen un decreto legislativo (128-94) y un acuerdo presidencial (3056-91) que declaran a las Islas del Cisne como Parque Nacional Marino.

Además, recordó que, en mayo de 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró una emergencia ambiental y ordenó la defensa de las áreas protegidas.

La diputada liberal, Erika Urtecho, recomendó al Gobierno de Honduras que en vez de hablar de construir centros penitenciarios en Gracias a Dios, deberían trabajar en proyectos de desarrollo para reducir la pobreza. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Urtecho reiteró que los cuatro pueblos indígenas de La Moskitia rechazan la construcción de la cárcel de máxima seguridad en el Parque Nacional Marino abogado Agustín Córdoba Rodríguez, que es parte del departamento de Gracias a Dios.

En ese sentido, explicó en el artículo 14 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

Por lo que, antes de construir o de cualquier estudio de impacto ambiental se debe realizar una Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a los pueblos indígenas.

De interés: Reserva marina y biodiversidad en riesgo: UNAH se opone a cárcel en Islas del Cisne y CIDH: Mega cárcel en Islas del Cisne compromete derechos humanos

PUEBLOS INDIGENAS DEBERÍAN SER CONSULTADOS

Ambientalistas exigen mayor transparencia y participación en el proceso de decisión. En ese sentido, señalan que la implementación de una Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) será crucial para asegurar que las voces de los habitantes locales sean escuchadas y sus derechos respetados.

Sobre el tema, la analista ambientalista y economista, Lucía Vijil, explicó que lo ideal sería la realización de la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI), pero al ser una disposición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no es necesaria.

En una entrevista brindada semanas atrás a este medio digital la analista puntualizó que al ser un proyecto ordenado por el CNDS los espacios de diálogo son reducidos, porque incluso el lenguaje que se utiliza por el Consejo de Defensa es impositivo.

La analista ambientalista y economista, Lucía Vijil, ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a la construcción del centro de máxima seguridad en las Islas del Cisne. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

“Se habla de lo limitado que es el espacio justamente porque es una decisión del Consejo de Defensa lo mismo va a pasar con la construcción de esta cárcel de máxima seguridad y el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE)”, enfatizó la entrevistada.

  • Katerin Galo
    Amante de la naturaleza, la lectura y la vida, soy una periodista que busca orientar a las personas y contarle de manera sencilla la realidad política y económica del país. El periodismo es la puerta que tiene la sociedad para conocer a los diferentes actores y tomadores de decisiones, es por ello que desde mis escritos le relato a las y los hondureños cuáles son los acontecimientos que marcan la ruta del país. Ver todas las entradas

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