Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Agencias estadounidenses estarían interesadas en la aprobación de una ley de extradición que deje atrás el auto acordado que se viene aplicando en Honduras desde el 2013 para la extradición de hondureños en casos relacionados con el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada.
En las últimas horas la Comisión de Extradición del Congreso Nacional sostuvo una reunión, en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
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El presidente de la Comisión de Extradición, el diputado Ramón Barrios, dijo que los entes estadounidenses solo están interesados en los procesos de extradición, pues eso fue lo que evidenciaron durante las pláticas.
Añadió que del lado hondureño los funcionarios mostraron su interés de aplicar la extradición para delitos de corrupción.
Lo anterior, en alusión a la orden de captura y solicitud de extradición por parte de Honduras contra el guatemalteco Axel López, representante legal de la empresa Elmed Medical Systems, acusado de estafar al Estado en la venta de siete recintos sanitarios para atender pacientes portadores del SARS-CoV-2.
Según las declaraciones del congresista, la reunión representó “información valiosa” encaminada a la creación de la Ley Procesal de Extradición.
En entrevista a Criterio.hn, Barrios confirmó que las reuniones sostenidas con el fiscal general, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, agentes de investigación estadounidenses, el titular de la Secretaría de Seguridad, entre otros, tiene como objetivo presentar un informe ante el pleno del Poder Legislativo sobre los procesos de extradición y, posteriormente, en una segunda etapa, la aprobación de una normativa que legalice la extradición.
Según explicó Barrios, no todos los solicitados en extradición han tenido el mismo trato en el proceso, ejemplificó que, algunos, con solo conocerse la solicitud se procedió a incautar bienes y otros, por el contrario, lograron trasferir los bienes.
En el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuestionó que tuvo el privilegio de enviar un mensaje desde la silla del presidente del Poder Judicial, mientras el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el “Tigre” Bonillla, trascurrió alrededor de un año para ser capturado.
Por lo antes expuesto, también resaltó que se indagará el grado de negligencia por parte de las autoridades persecutoras del delito y en caso de encontrarse responsabilidad alguna podrían ser sometidos a un juicio político.
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Cabe señalar que Estados Unidos es el país que más peticiones de extradición ha presentado con 86, seguido por México con tres, Brasil dos al igual que Costa Rica y con una solicitud Colombia, El Salvador, Nicaragua y Turquía.
De estas 97 solicitudes de extradición, 32 fueron aprobadas, seis diferidas hasta que cumpla la sentencia en Honduras la persona solicitada, tres en trámite, 19 retiradas, 32 pendientes de captura y cinco denegadas.
De igual manera es importante indicar que en Honduras no existe una ley procesal referente al tema solo la aprobación de un tratado entre ambas naciones y un auto acorado que regula el proceso.
El auto acordado, vigente a partir del 11 de junio de 2013, fue aprobada por mayoría de votos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este auto acordado establece la designación de un juez natural para que conozca el proceso de extradición.
El procedimiento utilizado, con base al acuerdo de extradición, comienza por la solicitud formal de Estados Unidos hacia la cancillería, quien luego hace la remisión a la Corte Suprema de Justicia, que es donde se nombra al juez natural.
