Por: Leonel Casco Gutiérrez
Sin duda que la sociedad hondureña se enfrasca en una lucha entre la dignidad nacional y la corrupción institucional, constituida por décadas de respaldo militar a una élite empresarial oligárquica servidora de las corporaciones transnacionales, por cuyo enjambre pasa toda una red de funcionarios estatales por medio de los partidos tradicionales, servidores de esa curia y estafadores de los intereses estatales.
El control del Estado, así como su cooptación o secuestro por parte de las cúpulas financieras y respaldadas por la derecha internacional promotora de la implantación del modelo neoliberal sustractor y destructor de las riquezas y patrimonio nacional, así como el control geoestratégico territorial del Pentágono por medio de las bases militares en su plataforma de agresión a los pueblos libres del continente, son parte de la expresión de dominación y sometimiento contra lo cual lucha día a día la población nacional a través de sus diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos.
Es precisamente en este contexto de militarización, saqueo institucional, venta libre del territorio, extorsión al narcotráfico, trasiego de influencias y permuta de cargos públicos, que luego del movimiento nacional de resistencia contra el golpe de Estado, que a consecuencia de una ardua, sistemática y profunda investigación periodística sobre la corrupción política y administrativa del partido de gobierno, contra una de las instituciones estatales como es el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) saqueado por un valor de 7,300 millones de lempiras, que se gesta uno de los más hermosos y legitimo Movimiento Nacional de Indignados, bajo la consigna de la Marcha de las Antorchas, alrededor de las cuales se aglutinan diversidad de sectores de todos los estratos de la sociedad, reivindicando el fin de la impunidad, la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández y la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).
Es en este marco de lucha social pacífica, innovadora y enérgica que trasciende un juicio privado incoado contra el periodista y abogado David Romero Ellner, Director de Los Noticieros de radio Globo y Globo TV, por los supuestos delitos de Injurias y Calumnias constitutivos de Difamación, por denunciar el tráfico de influencias en la administración de justicia, específicamente en el campo de la investigación criminal por parte de un alto funcionario del Ministerio Público, por medio de un Bufete Legal asociado con su esposa y otros leguleyos.
El impacto de esta denuncia sistemática que persigue el bien común y llama la atención de la institucionalidad estatal responsable de combatir este flagelo, así como concientizar a la población, sobre sus derechos y el deber ciudadano de exigir cuentas al poder público, trasciende las fronteras patrias y el cerco mediático gubernamental, al evidenciarse con la documentación respectiva el involucramiento directo del gobernante y su partido en la estafa más grande del país, fundamentalmente en apoyo a la campaña política electoral que lo lleva a la Presidencia de la República.
La respuesta de intolerancia, soberbia y autoritarismo no se hacen esperar, enfilando contra el periodista y su medio de comunicación todas las acciones estatales que van desde amenazas, seguimiento, atentados y hasta asesinatos de colaboradores sociales y sus familiares, con la clara finalidad de intimidar y mandar callar sus voces, utilizando para ellos las estructuras militares y policiales y ahora al Poder Judicial como espada de sometimiento al legítimo ejercicio de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y la Libertad Personal.
Pero lo más ridículo de este circo judicial, lo constituyen las Fuerzas Armadas de Honduras, que sin un análisis objetivo, histórico aun cayendo en lo más bajo de la credibilidad institucional se prestan a las manipulaciones del gobernante castrado, invadiendo con tropas y equipo bélico a uno de los poderes del Estado, como si se estuviese en una guerra o se hubiese decretado un Estado de Sitio, para la simple celebración de “Una Audiencia Oral y Pública” en la Sala Cuarta del Poder Judicial por una Querella de orden privado o delitos de bagatela, sin posibilidad de sentencia condenatoria o de absolución por estar pendientes recursos de amparo e inconstitucionalidad ante el órgano jurisdiccional competente, constituyendo su actitud una vergüenza nacional, derroche exagerado de recursos, temor al pueblo organizado y sacrificio de sus efectivos expuestos al combatiente sol y aire como sujetos conspiradores contra la intranquilidad de los oficiales mediocres y traidores del pueblo.
Es tiempo que estos estamentos se sometan al Poder Constitucional y su verdadero rol sea el de garantes de la soberanía nacional, la paz y alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. David Romero somos todos y la justicia popular ya lo absolvió de los cargos imputados.
Tegucigalpa, MDC 31 de julio de 2015.
Leonel Casco Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
