Tegucigalpa, Honduras.- Por un fallo constitucional a favor del decreto 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el abogado Daniel Sibrián (exfiscal adjunto) tiene el deber de tomar la titularidad del Ministerio Público (MP) hasta que el Congreso Nacional logre elegir a las nuevas autoridades del ente investigador, que tenían que asumir los cargos desde el pasado uno de septiembre.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en ese entonces era presidida por el abogado Rolando Argueta, afín al nacionalismo, emitió un fallo a favor del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ratificando el mandato que tienen los funcionarios que electos en el Congreso Nacional.
Dicho artículo establece que los funcionarios, en este caso del Ministerio Público, que sean electos por el Poder Legislativo tienen el deber de continuar en los cargos, aunque ya se haya acabado el periodo, si todavía no se han escogido a sus sucesores (fiscal general y fiscal adjunto).
Este fallo fue emitido porque un grupo de abogados, entre ellos el diputado de Libre Jari Dixon Herrera, llegaron hasta la CSJ a presentar un recurso de inconstitucionalidad al decreto 80 de la ley del Congreso, porque chocaba con el artículo 233 de la Constitución de la República, mismo que determina el periodo de las autoridades del Ministerio Público, que son cinco años.
Herrera y los otros abogados tuvieron la facultad de interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 80 de la ley del CN porque la normativa 320 de la Constitución establece que, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.
Sin embargo, tras el análisis y valoración, la Sala de lo Constitucional determinó que el artículo 80 de la Constitución sólo busca regular situaciones excepcionales y provisionales, para mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones de Estado, permitiendo, de esa manera, que se respete lo establecido.
Para el analista político Oliver Erazo, aunque el oficialismo todavía se encuentre en la disposición de no reconocer a Sibrián como titular del MP, la Constitución y el mandato del Poder Judicial se debe respetar, porque nadie está por encima de la ley.
“Se debe respetar la Ley Orgánica del Legislativo y no se debe de tratar de imponer un fiscal luego de que, los que estaban al frente, hayan salido de su cargo (…) el intérprete de la Constitución y leyes secundarias es el Poder Judicial y se debe respetar, nos guste o no”, opinó Erazo.
Erazo no descartó que este andamiaje que los políticos le están dando a la elección de la fiscalía podría responder a un plan que están fraguando, con la finalidad de colocar a las personas que ellos consideran idóneas en la titularidad de la fiscalía, para continuar protegiendo sus intereses.
“¿Por qué hoy estamos hablando de este tema?, hay que tener cuidado con el argumento que está generando esta crisis. El pueblo hondureño tiene que saber lo que está pasando que podría ser un plan de los políticos” manifestó en medios de comunicación.
Nota relacionada: En medio de crisis por elección en Fiscalía, Luis Redondo se confiere facultades más allá de la ley
DIVISIÓN NO PERMITE ELECCIÓN
Ante la ineficiencia de las bancadas con mayor número de diputados en el Congreso Nacional (partido Libertad y Refundación, Nacional y Liberal) para escoger al nuevo fiscal general y fiscal adjunto para el periodo 2023-2028, entre los grupos políticos ha quedado en tela de duda quien está llevando las riendas de la fiscalía, obviando algunas normativas establecidas en la Constitución y leyes secundarias, que mencionan al encargado de tomar el poder, en el caso que el proceso de elección se vea maniatado, como el que se está viviendo.
Desde el oficialismo, cuestionando los impases que cometió mientras se desempeñó como fiscal adjunto (2017-2023), no reconocen a Daniel Sibrián como titular de la fiscalía, mientras la oposición respalda que este continúa en el poder, hasta que se logren los consensos y escojan al próximo fiscal general de la nómina de cinco candidatos que mandó la extinta Junta Proponente.
Por ejemplo, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH) sostiene que el Ministerio Público de momento se mantiene sin autoridades y, por ese motivo, recomendó reforzar la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), para que sea el principal ente investigativo, mientras se encoge al titular del MP.
“El fiscal general y fiscal adjunto no pueden continuar dirigiendo la justicia del pueblo hondureño, ya que han perdido la investidura de sus cargos y carecen de legitimidad, “escribió Redondo en sus redes sociales.
Agregó que “en este Congreso previmos el hecho que no lográramos el número de votos requeridos para el nombramiento, por lo que aprobamos el decreto 67-2022 con el que dimos amplias facultades a la Uferco hasta que se elija un nuevo fiscal”.
Otras de las opciones presentadas por el oficialismo es llevar la elección a una consulta popular, para que sea el mismo pueblo hondureño el encargado de escoger a las nuevas autoridades de la fiscalía.
El diputado oficialista Rasel Tomé, junto a otro grupo de congresistas de su línea política, se presentaron ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -órgano encargado de llevar proceso de elección popular- para proponer que el proceso de las autoridades de la fiscalía no se haga conforme a los establecido en la Constitución de la República, sino que sea mediante una consulta popular, bajo el argumento de promover la participación ciudadana.
“La Constitución establece que para una consulta popular deberíamos hacer un decreto legislativo, aprobado con dos terceras partes (86 votos) y ese decreto debe establecer la orden para que el CNE realice el plebiscito”, explicó Tomé a medios de comunicación, tras salir de la reunión con las autoridades del órgano electoral.
El artículo 5 de la Constitución establece que en Honduras se pueden hacer consultas populares, pero no en una elección de segundo grado, como lo es la del Ministerio Público, por lo que hacerlo como lo planean, serían violar lo que manda la normativa 321 de la ley.
“Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, advierte dicho artículo de la Constitución.
Desde la oposición, que están en pleno consenso (PSH, nacionalistas y liberales) reconocen que Sibrián es el encargado de llevar las riendas de la fiscalía y que el oficialismo está provocando una crisis, frenando la elección del MP.
Han pasado siete días desde que se venció el plazo constitucional de elección y todavía el presidente del Congreso Luis Redondo no ha convocado a sesiones para seguir con el proceso, y desde la bancada oficialista, en plena injerencia de poder, advierten que no habrá convocatoria, hasta que tras bambalinas se lleguen a consensos.
El partido Libre presentó en su moción nominativa al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como adjunto, mientras la oposición a Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como adjunta.
Lea: Abogados desconocidos integran nómina que Junta Proponente presentó al Congreso Nacional
Si el proceso de elección en el Congreso se realizara por meritocracia, como manda la ley y por el que la Junta Proponente meses atrás realizó un trabajo de evaluación, la abogada Jenny Gabriela Almendares debería ser la fiscal general, ya que obtuvo la mejor calificación y el adjunto Mario Morazán, pero el juego político ha demostrado hacer lo contrario y proponer a los que responden a sus intereses, como lo han venido advirtiendo analistas e integrantes de sociedad civil.
