Por: Redacción AGENCIAS
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha ordenado expulsar del país a la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos este viernes, dos días después de que la agencia de la ONU emitiera un informe en el que acusa al Gobierno y grupos afines de reprimir brutalmente las protestas y perseguir a los críticos.
Fuentes humanitarias consultadas por Reuters han detallado que el Gobierno ha enviado una carta al Alto Comisionado comunicando su decisión. Según el diario nicaragüense «La Prensa», Ortega ha dado dos horas al equipo de la organización internacional para abandonar la nación centroamericana.
«Es una decisión inaudita que refleja el estado de ánimo de una persona que se siente completamente perdida, que ya no puede de ninguna manera ocultar sus responsabilidades», ha dicho Marlín Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH), en rueda de prensa.
El informe analiza lo ocurrido desde el pasado 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra Ortega. El detonante fue una polémica reforma de la seguridad social, pero rápidamente se ampliaron hasta exigir la «democratización» de Nicaragua.
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El Alto Comisionado distingue una primera fase, desde abril hasta mediados de junio, en la que la Policía y grupos de civiles armados afines al Gobierno reprimieron las manifestaciones haciendo un uso desproporcionado de la fuerza; una segunda, desde mediados de junio a mediados de julio, dedicada a la «limpieza» de barricadas y tranques; y una tercera, la actual, que consiste en la persecución y criminalización de todas las personas percibidas como críticas.
«La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista», dice en el informe el Alto Comisionado, Zeid Raad al Husein, instando a la comunidad internacional a «velar por la plena exigencia de responsabilidades» por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas.
De acuerdo con otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un total de 322 personas han muerto en estos cuatro meses de protestas, la mayoría a manos de la Policía y «fuerzas parapoliciales», mientras que se calcula que miles están detenidas, aunque no hay cifra exacta porque el Gobierno no proporciona información.
Ortega intentó desactivar la crisis política, la peor que ha sufrido en sus quince años de mandato, con un diálogo nacional. Sin embargo, permanece suspendido casi desde sus inicios por la negativa del líder sandinista a dimitir y convocar elecciones presidenciales anticipadas. Los próximos comicios están previstos para 2021.
En este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizará el 5 de septiembre el informe del Alto Comisionado sobre Nicaragua. Se espera que en la misma sesión adopte decisiones al respecto.
«Ellos creen que con esta decisión (la expulsión) van a detener que el Consejo de Seguridad (…) conozca el caso de Nicaragua, (pero) están abonando precisamente para que tome las más altas decisiones», ha confiado la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez.
Ortega dejó claro en un comunicado que «no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe por estar basadas en informaciones parcializadas y subjetivas», insistiendo en su teoría de que el Gobierno ha sido víctima de «un intento fallido de golpe de Estado».
