La Corte IDH remarcó en 2021 que el no cumplimiento de las sentencias “pone en peligro a los miembros de la Comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona”
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- En el segundo aniversario de la desaparición forzada de cuatro jóvenes en la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, exigió al Estado de Honduras respuestas y cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Hoy hace dos años, se perpetró uno de los mayores ataques contra nuestro pueblo, operación dirigida contra el presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno”, publicó la lideresa Garífuna.
La madrugada del 18 de junio de 2020, durante el toque de queda decretado por el Estado de Honduras durante la pandemia de covid, en un operativo fueron desaparecidos el presidente del patronato de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, Albert Sneider Centeno Thomas, junto a Milton Joel Martínez Álvarez, Suamy Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Tróchez Calix.
La Ofraneh identificó los uniformes de los elementos que participaron en la acción y señalaron que estos corresponden a los usados por el Departamento de la Policía de Investigación (DPI). Además, especificaron que el hermetismo de las investigaciones les conduce a creer que se trata de un crimen de Estado.
A dos años de las desaparición de jóvenes líderes Garífunas en Triunfo de la Cruz, todo parece indicar que fue un crimen de estado.
Vivo se los llevaron
Vivos los queremos pic.twitter.com/da6sOoM6ui— ofraneh (@ofraneh) July 18, 2022
EXIGEN JUSTICIA Y VERDAD PARA PUEBLO GARÍFUNA
El investigador social Garífuna, Randolfo Sandoval, señaló que a 730 días de la desaparición forzada de los cuatro jóvenes no pueden callar y hacen un llamado al Estado de Honduras, como principal responsable, a que active los mecanismos de búsqueda y cumpla la sentencia de la Corte IDH a favor de la comunidad del Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.
La activista Masay Crisanto pidió justicia por la desaparición forzada de los cuatro jóvenes líderes de la comunidad del Triunfo de la Cruz. Apuntó que “la deuda y mora judicial que tiene el Estado de Honduras para la comunidad Garífuna es incontable, gracias al narco Estado en el que hemos estado viviendo”.
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La vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, Aua Balde, se solidarizó con el pueblo Garífuna de Honduras e hizo un llamado a poner fin a las desapariciones forzadas.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) también se unió a la exigencia de justicia y verdad para el pueblo Garífuna en la desaparición forzada “a manos de la Policía Honduras” de los cuatro jóvenes.
La organización defensora de derechos humanos, Delegación de Honduras, con sede en Munich, Alemanía, exigió respuestas al Estado de Honduras por el secuestro del presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno, junto a los tres jóvenes Garífunas. Así como el cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH.
El Colectivo Italia Centroamérica (CICA) declaró que unía sus voces con el pueblo Garífuna y Ofraneh para exigir la aparición con vida de los jóvenes líderes de la comunidad del Triunfo de la Cruz.
SENTENCIAS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las que exigen cumplimiento el pueblo Garífuna son “Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras” y “Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”.
El 8 de octubre de 2015, el Tribunal regional declaró responsable al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva de estas poblaciones Garífunas y dictó una serie de reparaciones que a casi siete años siguen sin cumplirse.
La coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, en una entrevista con Criterio.hn publicada en junio, apuntó que uno de los principales impases para el cumplimiento de la sentencia es la integración del comité interinstitucional, al que suelen asignarse técnicos y personas sin poder de decisión, por lo que requieren que bajo el nuevo mandato se asignen personas y autoridades de alto nivel con poder de decisión.
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En junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
El Tribunal remarcó que el no cumplimiento de las sentencias “pone en peligro a los miembros de la Comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona”.
