La Ley de Secretos, el Fondo Departamental y las ZEDE son algunas de las leyes eliminadas como parte de las promesas de campaña de Xiomara Castro. Sin embargo, las prácticas que se pretendían eliminar con estas derogaciones continúan funcionando
Tegucigalpa, Honduras. – El gobierno de Xiomara Castro está a la mitad de su gestión, con algunas promesas incumplidas que la población hondureña reclama, y otras cumplidas, pero solo parcialmente.
Como todos los candidatos al poder, la presidenta Xiomara Castro hizo una serie de promesas, durante su campaña política y en su primer discurso como presidenta de Honduras el 27 de enero de 2022.
Estos compromisos abarcan temas de transparencia, lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente, entre otros.
Funcionarios del gobierno actual, han afirmado con orgullo, que han cumplido varias de promesa de campaña, sin embargo, tanto la población, como los analistas, señalan que estas promesas no se han cumplido en su totalidad, ya que las prácticas dañinas que se prometió eliminar siguen existiendo.
De su interés: Xiomara Castro, dos años de promesas cumplidas, incumplidas y a medias
ZEDES SIGUEN VIVAS PESE A DEROGAR LEY ORGÁNICA
La promesa principal que ha quedado a medio camino es la eliminación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), una medida que la presidenta Xiomara Castro se comprometió a llevar a cabo.
“Esta promesa cumplida es un paso hacia la refundación”, declaró la mandataria hondureña durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, tras firmar la derogación del decreto que le daba vida a las ZEDE. También afirmó: “Este es un día histórico y puedo decirle al pueblo hondureño: ¡Misión cumplida!”.
Sin embargo, a pesar de que la ley orgánica de las ZEDE fue derogada, dos años después de este hecho, su ratificación constitucional no ha alcanzado la mayoría de los votos necesarios, por lo que las ZEDE siguen vigentes en Honduras.
Lea: ZEDE Próspera, el proyecto anarcocapitalista que se ha adueñado sigilosamente del 3% de isla en el caribe hondureño
LEY DE SECRETOS ES SUSTITUIDA POR INFORMACIÓN CLASIFICADA
Además del controvertido proyecto de las ZEDE, existen otros originados en el periodo presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández que fueron criticados por el Partido Libre cuando estaba en la oposición y que se prometió eliminar.
Lo cuestionable es que, aunque estos proyectos fueron eliminados, las prácticas continúan bajo otros nombres.
Por ejemplo, se cumplió la promesa de eliminar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos.
Esta ley, aprobada el 24 de enero de 2014 durante el primer periodo presidencial de Hernández, fue muy criticada por limitar la transparencia y el acceso a la información pública.
Tras la aprobación del dictamen que elimina esta ley, la presidenta Xiomara Castro sancionó la derogación y, junto con otros líderes del partido, aplaudió la decisión.
Aunque la derogación de la Ley de Secretos fue una de las primeras acciones del gobierno, ya que para el 23 de marzo de 2022 ya había sido eliminada, la falta de transparencia y la negativa al acceso a la información siguen vigentes en Honduras.
Ahora, el ocultamiento de información lo realizan las instituciones amparadas por la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), específicamente respaldadas en los artículos 17 y 18, que permiten la clasificación de la información.
Estos artículos establecen que la información podrá ser clasificada si su divulgación puede causar más daño que beneficio al interés público.
Utilizando esta disposición, el gobierno ha mantenido en secreto información relacionada con la ejecución de proyectos importantes, como la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, la construcción del tren interoceánico, la compra de los vehículos Black Mamba y diversas adquisiciones de la Casa Presidencial.
En respuesta a esta falta de transparencia, varias organizaciones de la sociedad civil y periodistas han presentado denuncias públicas.
Juan Carlos Aguilar, director de Justicia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), criticó estas prácticas, señalando que hay mucha información oculta que no justifica ser escondida.
Aguilar expresó que estas acciones no son más que una repetición de las prácticas oscuras del pasado, pero ahora bajo la Ley del IAIP en lugar de la Ley de Secretos.
Señaló que, si el gobierno quiere demostrar una verdadera voluntad de ser transparente, debe modificar dicha ley y agregar sanciones para las instituciones que no cumplan con el deber de proporcionar la información.
Además: Interponen recurso de inconstitucionalidad contra acuerdo que declara en reserva negociaciones de tratados y convenios
SUBVENCIONES SUSTITUYEN FONDO DEPARTAMENTAL
Otras de las Leyes derogadas y pero que se siguen realizando, pero bajo otro nombre es la del Fondo Departamental. El 2 de agosto de 2023 los diputados del Congreso Nacional derogaron el decreto 116-2019 que daba vida a dicha ley.
La Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programa Sociales, más conocida como Fondo Departamental era un proyecto poco transparente ya que no se brindaban informe de los gastos de ejecutados, del dinero entregado en verano, navidad por lo que se consideraba un obstáculo para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
El proyecto tan criticado se sigue replicando, pero ahora bajo el nombre de subvenciones y al igual que el fondo departamental se ha cuestionado la falta de transparencia en rendir cuentas en qué invierten el dinero otorgado a los congresistas.
El abogado constituciona
lista y analista político Raúl Pineda Alvarado opinó que, si el Poder Legislativo sigue entregando subvenciones, se debe crear una ley que controle y regule bien cómo se entregan estos fondos a los diputados.
Raúl Pineda Alvarado, abogado constitucionalista y analista político. (Foto:Criterio.hn)
Mencionó que las subvenciones no deberían ir directamente a los diputados, sino que el Congreso Nacional debe gestionar estos fondos con una ley especial.
Al tiempo que advirtió que esta ley no debe ser una copia del decreto 116-2019, que se creó para proteger a diputados y funcionarios acusados de malversar fondos públicos.
Además: Congreso Nacional interpreta antojadizamente la Constitución para entregar subvenciones
AVIÓN PRESIDENCIAL PUESTO A LA VENTA SIN ÉXITO AÚN
Otro de los cuestionamientos sobre las promesas del gobierno se refiere a los viajes al exterior de la presidenta hondureña.
Aunque el avión presidencial adquirido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández está a la venta, como se prometió en campaña presidencial, aún no se ha logrado vender y sigue en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).
Sin embargo, lo que se cuestiona es la falta de transparencia en la bitácora de viajes y los gastos realizados por Castro y su comitiva. Esta información no ha sido proporcionada ni por Casa Presidencial ni por la Secretaría de la Presidencia, según lo ha constatado Criterio.hn. Por lo tanto, aunque el gobierno no usa el avión presidencial para demostrar austeridad, no se ha comprobado si los gastos de viaje son bajos o excesivos.
