Tegucigalpa, Honduras. -Pese a la derogación del decreto 57-2020 y de la reforma del 93-2021, especialistas en materia legislativa y constitucional cuestionan la baja productividad en aprobación de normativas en el actual Congreso Nacional.
Durante los meses de enero a junio los diputados solo trabajaron 94 horas en 30 sesiones ordinarias y una extraordinaria, que se realizó previo al receso legislativo que tiene una duración de 30 días, sin embargo, los congresistas se diario unos días más de vacaciones ante la falta de convocatoria para sesionar.
A criterio del exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, las proyecciones son que la baja productividad continuará de manera considerable, que afectará, tanto, en los proyectos presentados, como en los proyectos aprobados en ese poder del Estado.
De igual manera aseguró que, en el 2022 el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo, los congresistas presentaron 932 proyectos de ley, pero en lo que va del 2023 solo han presentado 250. “Si hacemos la proyección las cifras señalan una reducción de aproximadamente el 50% menos de iniciativas de ley presentados”, puntualizó.
Cálix precisó que, para el presente año, también se proyecta una baja en las iniciativas, ya que en el 2022 se aprobaron 147 proyectos, pero en el primer semestre de 2023 han sido aprobados 41 decretos.
Por otro lado, el exdiputado anunció que en los próximos días la organización Congreso Primero presentará un reporte sobre la actividad legislativa de 2023.
En una entrevista con Criterio.hn el exlegislador dijo que “no hay excusas” ante esta baja productividad del Poder Legislativo, ya que al comparar los resultados de esta administración con las anteriores estas cifras están por debajo de los promedios de otras legislaturas, pero “si nos vamos a la calidad de estas normativas también hay una reducción”.
En una revisión de las redes sociales del Congreso Nacional de las últimas sesiones legislativas se verificó que la mayoría de los proyectos de ley que se aprueban en ese poder del Estado son condecoraciones. El resto se divide en contratos, convenios y préstamos internacionales, aprobar iniciativas orientadas a reconocer lugares turísticos o patrimonio cultural.
Entre tanto, el informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) detalló que los diputados «han presentado 290 proyectos, de los cuales apenas 52 fueron aprobados y 42 publicados en el diario oficial La Gaceta, lo que equivale un promedio de 7 proyectos al mes».
En el reporte presentado el pasado 6 de julio la organización de sociedad civil expone que, en el primer semestre de 2023, el Congreso Nacional apenas aprobó 52 proyectos, 16 de ellos enviados por el Poder Ejecutivo.
Del total de proyectos aprobados, 28 fueron derogaciones, reformas y nuevas leyes; 7 contratos, convenios y préstamos internacionales; 7 condecoraciones; 6 iniciativas orientadas a reconocer lugares turísticos o patrimonio cultural; 3 a la suspensión de garantías constitucionales y uno para ratificar la nueva Corte Suprema de Justicia.
GASTOS EXCESIVOS
El mismo informe de ASJ detalló que los 256 diputados entre propietarios y suplentes le cuestan al Estado de Honduras cerca de 195 millones de lempiras (USD. 7,9 millones). Además, el presupuesto de ese poder del Estado, para 2023, es de 1.448 millones de lempiras (58,9 millones de dólares), de los cuales se han ejecutado 386,8 millones de lempiras (15,7 millones de dólares), el 62 % para el pago de sueldos y salarios.
Según la información publicada en la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el total del pago de sueldos y salarios de empleados permanentes (junio) es mayor a los 12 millones de lempiras.
Para el excongresista del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, que con la pobre producción legislativa se esté erogando una gran cantidad de dinero para pagar a diputados propietarios y suplentes, significa que hay mucho que analizar y definitivamente hay mucho por mejorar el Congreso Nacional.
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CONGRESISTAS DESCONOCEN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
El analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado, atribuye la baja productividad legislativa a la falta de conocimiento de las funciones del Congreso Nacional, por parte de los diputados.
Pineda explicó que este poder del Estado tiene tres funciones básicas, que son: representa al pueblo, ejerce labor de control sobre los otros componentes del gobierno y legislar.
Seguidamente, afirmó que en el Poder Legislativo hay aspectos técnicos y aspectos políticos que se deben seguir.
“En los aspectos políticos no se ha podido construir acuerdos, y los aspectos técnicos son francamente muy insatisfactorios, porque las leyes y los procedimientos de técnica legislativa externa, lo que han generado son problemas y puso como ejemplo la ratificación del acta de la sesión donde se aprueban el tema del CAF y eso derivó dos meses de parálisis legislativa”, aseveró.
El entrevistado precisó que lo anterior tiene que ver con un tema de capacidad y de conciencia con la labor legislativa.
