¿Cuál es el costo de la seguridad y la defensa en Honduras?

Por: FOSDEH

El presente documento complementa el contenido abordado en las dos alertas que precedieron sobre el tema del gasto público en seguridad y defensa; elaborados por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); en el primer documento lanzado en agosto del presente año se incluyó aspectos contextuales en materia socioeconómica, la tendencia presupuestaria de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa durante el periodo 2002-junio 2018, así como la inclusión valorativa de indicadores relacionados con la incidencia delictiva, entre otras.

Para el segundo documento publicado en septiembre del presente año, se abordó la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa por programas, en comparación con los objetivos de su Plan Operativo Anual (POA), también, la Tasa de Seguridad Poblacional (desembolsos, recaudación y proyectos realizados) y los gastos en armas y municiones del Estado de Honduras, entre otros aspectos.

En términos específicos, este trabajo presenta la tendencia presupuestaria de otras instituciones públicas adscritas al Gabinete Sectorial de Defensa y Seguridad.  Adicionalmente se describe el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa para el año 2019 y las proyecciones de recaudación por concepto de la Tasa de Seguridad Poblacional (plasmado en el anteproyecto de Presupuesto General de la República aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, y presentado al Congreso Nacional por la Secretaría de Finanzas). Y finalmente se incluyen algunos elementos de percepción ciudadana sobre la seguridad pública del país.

Durante el transcurso del período post huracán Mitch, Honduras se ha consolidado como un Estado altamente empobrecido y desigual. Al año 2017 el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró 6,079,082 personas en pobreza (68.8% de la población), de las cuales 3,902,122 se encuentran en pobreza extrema. La precariedad en la percepción de ingresos (de las personas que perciben ingresos, el 80.1% recibe por debajo de un salario mínimo) y el desmejoramiento en la calidad, cobertura y acceso a servicios públicos fundamentales como la educación y la salud propician el crecimiento de la  pobreza, consecuentemente, se propagan otros fenómenos sociales perjudiciales para la calidad de vida de la población como la inseguridad ciudadana, violencia, migración (causal entre otros aspectos, de desintegración familiar) entre otros.

La precaria situación socioeconómica de la mayoría de la población hondureña, se agudiza con la carga de sostener las finanzas del país, a través del sistema impositivo vigente (sistema altamente regresivo; quien menos ingresos tiene es quien mayor recursos paga, de manera proporcional), sin un retorno real e incluyente en calidad y cobertura de los servicios básicos, por ese sacrificio ciudadano.

Bajo este contexto, se resalta que el Presupuesto Público; debe enfocarse en disminuir pobreza y desigualdades socioeconómicas a través de su distribución y posterior ejecución; de manera prioritaria en los sectores más desposeídos. El Presupuesto General de la República de Honduras, ha sido utilizado bajo estándares desenfocados de una visión de desarrollo de país, y orientado en la atención superficial de problemas coyunturales y de interés político partidario, en lugar de soluciones integrales, estratégicas y sostenibles. Es por ello, que el presupuesto público no ha significado la reversión de la precariedad socioeconómica del país. Aunado a lo anterior, este instrumento público es formulado y manejado sin criterios estrictos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana (informada, crítica y deliberante), situación que da cabida a la discrecionalidad, opacidad, y en el peor de los casos; desvió de fondos públicos para causas ajenas a las necesidades sociales.

Elementos como la debilidad y casi ausencia de planificación nacional, institucionalidad y marcos legislativos, afectan el sano desarrollo del ciclo evolutivo presupuestario (formulación, aprobación, ejecución y liquidación). Y de manera más especifica el gasto e inversión de cada una de las instituciones públicas que operan en el país.

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Para el caso del gasto público de las Secretarías de Seguridad y Defensa, el FOSDEH señaló la segunda alerta (agosto, 2018); “Seguimiento y Evaluación del Gasto Público en Seguridad y Defensa, Tomo II”, que las prioridades de los planes operativos anuales y las prioridades presupuestarias de estas instituciones están desvinculadas. En relación a la Secretaría de Seguridad, la prevención es uno de los elementos prioritarios en su Plan Operativo Anual. Sin embargo, el presupuesto destinado a actividades de prevención en el transcurso del tiempo ha decrecido significativamente. En el año 2011, a los servicios policiales preventivos se les asignó un monto de L. 2,541 millones y para el año 2018 esta área cuenta con un presupuesto de L 1,135.9 millones, pese a que el crecimiento del presupuesto para seguridad en este lapso de tiempo (2011- 2017), creció en un 112%. (Presupuesto asignado en el año 2011: L 3,110.5 millones – presupuesto asignado en 2018: L 6,583.5 millones). Respecto a la Secretaría de Defensa, su Plan Operativo Anual, está orientado al apoyo y colaboración a otras instituciones públicas y privadas, así como la defensa de la integridad territorial y soberanía nacional, en su presupuesto asignado se refleja que esta última tiene mayor peso presupuestario. Pero en la práctica, la presencia militar en asuntos de seguridad pública ha incrementado, a pesar de que en su POA no aparece de manera explícita esta función. En términos generales, el enfoque de la seguridad ciudadana en el país, se orienta principalmente a acciones punitivas. De hecho, este enfoque de seguridad ciudadana coincide con la mayoría de los países latinoamericanos.  

Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018) “Mejor gasto mejores vidas; como América Latina” se señala que “históricamente, el debate sobre seguridad ciudadana tiende a oscilar entre dos polos: por un lado, “mano dura” contra la delincuencia y, por otro, el enfoque social de las “causas estructurales de los delitos”. El BID indica que en América Latina y el Caribe la mayoría de los gobiernos han empleado el primer enfoque para obtener resultados rápidos; implementando principalmente medidas como: la militarización de la seguridad pública, aumento de encarcelamientos y condenas más largas, esperando con tales acciones una reducción de la incidencia delictiva.  Sin embargo, existen otros enfoques con miradas más integrales y estructurales; como el enfoque preventivo (programas gubernamentales para la reducción de desigualdades y exclusión social; factores que propician la delincuencia y violencia) y el enfoque smart-on-crime que para el BID éste último es más completo porque combina tanto el enfoque preventivo como el punitivo.

En Honduras el gasto público en materia de seguridad y defensa se ha incrementado de manera importante, no obstante, prevalecen las causas que propician la delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana, como la pobreza, desigualdad, deterioro de servicios públicos como la educación y la salud, bajo poder adquisitivo de la población, etc. convirtiendo este gasto en un esfuerzo superficial para atacar problemas arraizados. El enfoque gubernamental en erradicar la problemática anteriormente expuesta, se basa en la centralización de visiones y decisiones, derivado de ello se implementan programas y políticas sin retornos a largo plazo, evidenciando que la planificación del Estado en materia socioeconómica se reduce a una planificación gubernamental con duración similar a la de una administración de gobierno constitucional. 

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