El expediente judicial será remitido al Tribunal de Sentencias con jurisdicción en Comayagua, donde un nuevo tribunal deberá conocer el caso de Keyla Martínez y valorar nuevamente las pruebas y responsabilidades.
Tegucigalpa, Honduras. – La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, ocurrida en una celda de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá en febrero de 2021. La decisión responde a recursos presentados por el Ministerio Público (MP) y la acusación privada, y abre la posibilidad de revisar la calificación del delito como femicidio y la responsabilidad de todas las personas involucradas.
El magistrado de la Sala de lo Penal, Walter Sabio, explicó que el expediente de Keyla fue discutido en pleno y que, de forma unánime, las y los magistrados decidieron enviar a repetir el juicio, luego de revisar el proceso y encontrar inconsistencias en el juicio anterior. Es decir, un nuevo tribunal deberá conocer nuevamente las pruebas y los argumentos de las partes.
Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, manifestó –en conversación con Criterio.hn— que se siente satisfecha con la nueva resolución sobre los recursos de casación y con la decisión de repetir el juicio, siempre que esta vez se realice de manera transparente, con jueces nuevos y en un juzgado distinto al de Siguatepeque, donde –asegura– “siempre pasan los mismos jueces corruptos”.
Para Rodríguez, el objetivo ahora es que se juzgue a toda la cadena de mando involucrada en la muerte de su hija y que se investigue mejor el caso, analizando de forma más rigurosa todas las pruebas presentadas en el proceso.
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EXIGEN QUE SE JUZGUE COMO FEMICIDIO
Para las organizaciones de mujeres, la repetición del juicio es una oportunidad para corregir las fallas del proceso anterior. En 2023 el Tribunal de sentencias degradó el delito tipificado por la fiscalía como femicidio agravado a homicidio imprudencial, lo que permitió que Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, saliera en libertad en febrero de 2024.
María Milla, coordinadora de la organización 100+ Mujeres, explicó que presentaron recurso de casación solicitando que se anule la sentencia previa y se inicie un nuevo juicio, justamente lo que resolvió la Sala de lo Penal en el caso de Keyla.
La doctora María Milla señaló que la decisión de la Corte Suprema de Justicia representa un buen inicio hacia un proceso justo, porque al ordenar repetir el juicio, reconocen que no hubo justicia para Keyla Martínez.
La doctora Milla indicó que esperan, en primer lugar, que al delito “se le dé el nombre que corresponde, que es femicidio”, al tratarse de la muerte violenta de una mujer en un contexto de violencia de género.
En segundo lugar, demandan que “se lleve a juicio a todos los que participaron en el femicidio de Keyla” y, en tercer lugar, que el nuevo tribunal esté integrado por jueces con enfoque de género, incluyendo al menos a una jueza mujer.
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CADENA DE MANDO E IMPUNIDAD EN LA MUERTE DE KEYLA MARTÍNEZ
El femicidio de Keyla Martínez estuvo rodeado de cuestionamientos y hermetismo desde el inicio, debido a que los principales sospechosos eran agentes de la Policía Nacional y, aun así, solo se procesó a un policía de la escala básica, recluido en un batallón militar y no en un centro penitenciario.
Keyla Patricia Martínez fue asesinada dentro de la jefatura policial de La Esperanza, Intibucá, el 7 de febrero de 2021, en pleno estado de excepción por la emergencia sanitaria de la Covid‑19, y el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque condenó a Jarol Perdomo a cinco años de cárcel, inhabilitación por cuatro años, trabajo social y una multa de 7,750 lempiras, una resolución que generó fuertes críticas y repudio al sistema de justicia por considerarse desproporcionada ante la gravedad del crimen.
Con la orden de repetir el juicio, la familia de Keyla y organizaciones insisten en que el nuevo proceso no se limite a un solo imputado y que se investigue la cadena completa de responsabilidades dentro de la institución policial. También subrayan que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación en casos de muertes bajo custodia, especialmente cuando se trata de mujeres y existen indicios de violencia basada en género.
