Tegucigalpa. –A diario son decenas de migrantes que ingresan al territorio de Honduras con la intensión de cruzar este país centroamericano y avanzar en su ruta que los lleve a Estados Unidos, su destino final.
Los migrantes, que provienen de Haití, África, Cuba y Venezuela, siendo los ciudadanos de este último país la mayoría, se encuentran varados en los municipios de Danlí y Trojes, en el departamento de El Paraíso, zona oriental que colinda con Nicaragua, por no pagar una multa.
Los migrantes han recibido la asistencia humanitaria de la Cruz Roja Hondureña, la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quienes mediante un comunicado hicieron el llamado a las autoridades del gobierno hondureño a reconocer los derechos y necesidades de esta población.
La actual concentración de cientos de personas migrantes en la región fronteriza entre Honduras y Nicaragua, ha provocado un aumento en la demanda de asistencia humanitaria, sobre todo de acceso a agua potable, servicios básicos de higiene y saneamiento, cuidados médicos y zonas techadas para descansar y protegerse de las inclemencias del tiempo, dice el comunicado.
“La Cruz Roja Hondureña, en su rol de auxiliar de los poderes públicos, atiende a las poblaciones en movimiento que transitan por el país y les brinda asistencia humanitaria, basada en sus necesidades específicas, contribuyendo así a mitigar los riesgos que enfrentan”, manifestó José Juan Castro, presidente de la institución.
Las organizaciones demandantes refieren que de acuerdo a visitas realizadas entre enero y febrero a las fronteras sur-oriente y norte-occidente, para identificar las principales necesidades de asistencia y de protección de la población en tránsito, se constató que, a lo largo de la ruta, los migrantes enfrentan discriminación y violencia y carecen de servicios esenciales y mecanismos de protección.
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Las organizaciones humanitarias recuerdan que los controles y disposiciones en la frontera, deben apegarse al derecho internacional y llaman a brindar una respuesta eficaz y coordinada, con el fin de proteger a las personas cuya vida o integridad, corra peligro en su país de origen y a respetar el principio de no devolución y el derecho a solicitar y recibir asilo.
Asimismo, que se debe poner especial énfasis en responder a las necesidades específicas de las personas migrantes y refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, la niñez, y personas con discapacidad, LGBTIQ+, y adultas mayores.
AMNISTÍA MIGRATORÍA
Además de la falta de asistencia, los migrantes han denunciado cobros arbitrarios por parte de la policía. La queja fue acuerpada por la secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien dijo, en su momento, que la institución que rectora no sería participe ni justificaría “el accionar de la fuerza de seguridad en los cobros indebidos, ilegales y sin fundamento que realizan a los migrantes indocumentados que ingresan al país”.
Los migrantes irregulares en tránsito por Honduras son objeto de una sanción administrativa, establecida en el artículo 104 numeral uno de la Ley de Migración y Extranjería. Actualmente, la sanción varia entre USD 220 y hasta USD 800, según denuncias de los migrantes.
En virtud de que la mayoría de los migrantes no cuenta con el dinero es que, en la zona oriental, específicamente en los municipios de Tojes y Danlí, El Paraíso, se mantiene desde inicios de año una avalancha de migrantes.
Los migrantes que logran pagar la sanción administrativa reciben un salvoconducto que les permite la circulación por el país durante cinco días, tiempo que es aprovechado por los extranjeros para abandonar el territorio hondureño.
A raíz de la problemática migratoria el Congreso Nacional aprobó la noche del martes una amnistía, con plazo de tres meses, eximiendo el pago de multas por infracción a la Ley de Migración y Extranjería
