Sala de lo Constitucional puede dirimir vía amparo conflictos generados en materia electoral
La Sala de lo Constitucional se mantiene dividida por posturas político-partidarias y no jurídicas, según analistas consultados por Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – La crisis que enfrenta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría trascender al ámbito electoral, tomando en cuenta que es el único órgano que puede dirimir conflictos que se califiquen como violaciones a derechos constitucionales cometidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Sala de lo Constitucional se encuentra envuelta en controversia luego de que el pasado 17 de febrero la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, anunciara rotaciones en la presidencia de la Sala de lo Constitucional y en las coordinaciones de las salas Penal, Civil y Laboral-Contencioso Administrativo, sin someterlas a votaciones en el pleno de magistrados.
Una facción de magistrados afines al Partido Nacional y al Partido Liberal también cuestionaron la acción, asegurando que debía respetarse un orden de precedencia y nombrar al magistrado Luis Padilla como presidente de la Sala de lo Constitucional y no a Wagner Vallecillo.
Sin embargo, con la reforma que se hizo al artículo 16 del Reglamento Interno de la CSJ, el 16 de febrero de 2022, ese orden de precedencia se eliminó y la infracción fue al precepto que estipula que las presidencias o coordinaciones de las cuatro salas deben ser deliberadas en el pleno de magistrados.
La Sala de lo Constitucional está integrada por cinco magistrados: Sonia Marlina Dubón, Wagner Vallecillo, Luis Padilla, Isbela Bustillo y Francisca Villela.
Producto de la crisis, Padilla y Bustillo, afines al Partido Nacional, no reconocen a Vallecillo como presidente, mientras que Villela, allegada al Partido Libertad y Refundación (Libre), ha mantenido una postura neutral y ha pedido que sea en el pleno de magistrados donde se resuelva si la presidencia corresponde a Vallecillo o a Padilla.
Más allá de este conflicto, es necesario resaltar que 2024 y 2025 son años electorales, y que cualquier conflicto que pudiera generarse deberá ser dirimido por una Sala de lo Constitucional que se encuentra dividida, según analistas consultados por Criterio.hn, por intereses político-partidarios.
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De acuerdo con los artículos 3 y 107 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la Sala de lo Constitucional puede pronunciarse con relación a conflictos de competencia o atribuciones que se susciten en los poderes del Estado o entre cualquiera de estos y el Consejo Nacional Electoral.
Además, la Sala de lo Constitucional conoce y resuelve recursos de amparo por violación de derechos fundamentales que fueran cometidos por el Consejo Nacional Electoral, según el artículo 9 de esta normativa.
Por lo anterior, el conflicto interno dentro de la Sala de lo Constitucional, que mantiene divididos a sus miembros 3 a 2, en caso de prolongarse, podría afectar sustancialmente las resoluciones que pueda emitir ese tribunal.
FALTA DE LEY PARA EL TJE
Para Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), existe un vacío legal que impide definir qué debe dirimir la Sala de lo Constitucional en el ámbito electoral y una sospechable falta de voluntad política por aprobar la Ley Procesal Electoral.
«Entonces, las personas que se vean afectadas en este proceso electoral pueden acudir a la Sala de lo Constitucional y además no está claro qué casos pueden ir en recurso de amparo y cuáles no, en cuáles el Tribunal de Justicia Electoral sea la última instancia», declaró Aguilar a Criterio.hn, quien agregó que todo se resume en la injerencia político-partidaria que se ejerce sobre el Poder Judicial y que divide a sus magistrados en posturas poco jurídicas y bastante partidistas.
El conflicto dentro de la Sala de lo Constitucional y las resoluciones en el ámbito electoral que podrían verse afectadas en 2024 y 2025 están también relacionados con la falta de institucionalidad a la que mantiene sometido el Congreso Nacional al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
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El TJE funciona desde el 10 de septiembre de 2019, como ente encargado de los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia electoral. Sin embargo, el Congreso Nacional, primero bajo la presidencia de Mauricio Oliva y ahora bajo la de Luis Redondo, se resiste a aprobar la Ley Procesal Electoral, lo que obliga a este órgano a valerse de leyes supletorias como la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Procesal Civil.
En ese contexto, cualquier resolución que emita el TJE puede ser modificada vía recurso de amparo por la Sala de lo Constitucional.
Así, ante la falta de institucionalidad que enfrenta el TJE, la Sala de lo Constitucional continúa siendo el único órgano que puede dirimir conflictos electorales, como ocurrió tras las elecciones generales de 2021 con las alcaldías de Wampusirpi, Duyure y San Antonio de Flores.
OTROS ASUNTOS SOBRE LA MESA
La Sala de lo Constitucional también es el único órgano que podría revertir los fallos de 2015, que declararon inaplicables los artículos 4, 42 (numeral 5), 239 y 374 de la Constitución de la República, referentes a la promoción de la reelección presidencial, la inhabilitación de quienes la promovieran, la tipificación como delito de traición a la patria a quienes promuevan la reelección presidencial, y la prohibición de ser presidente dos veces.
Dicha acción de la Sala de lo Constitucional en 2015 habilitó a Juan Orlando Hernández para buscar y finalmente conseguir la reelección presidencial en las elecciones generales de 2017.
La Sala de lo Constitucional de igual modo ha sido criticada por no emitir resoluciones judiciales en torno a los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), la vía legal que finalmente eliminaría a las ZEDE del estamento jurídico.
El 21 de abril de 2022, el Congreso Nacional derogó la normativa que rige a las ZEDE, pero su ratificación constitucional, que debió haberse generado en la legislatura 2023, nunca se efectuó y, producto de ello, continúan vigentes pese al discurso político oficialista que asegura haberlas eliminado.
