Foto de portada: Un grupo de hondureños protestó el 28 de junio de 2021 en Tegucigalpa contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en el marco del décimo segundo aniversario del golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. (Foto: Fernando Destephen)
Tegucigalpa. El 28 de junio de 2009, Honduras amaneció sitiada, militarizada, sin energía eléctrica, con los servicios de telecomunicación silenciados y con Roberto Micheletti encabezando, junto a las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado que defenestró al gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Las consecuencias de esa mañana continúan repercutiendo en la vida de los hondureños doce años después.
El abogado e investigador de derechos humanos, Joaquín Mejía dijo a Criterio.hn que la crisis provocada por el golpe de Estado nunca se resolvió y se ha ido profundizando, mientras intentan hacer creer a la ciudadanía «que a través de elecciones, que no han sido justas, se resuelve esta crisis política que generó el golpe de Estado y que es permanente».
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Para Mejía, las acciones del golpe de Estado dieron el «tiro de gracia» a la transición democrática «fallida» de 1980, tras casi dos décadas de dictaduras militares. Si bien se elaboró una nueva Constitución de la República que dio la apariencia de un nuevo periodo democrático, quedó claro por las violaciones a derechos humanos y las desapariciones forzadas bajo la doctrina de la seguridad nacional, que los militares mantenían el control.
Los hechos de junio de 2009 reflejaron «que esa transición democrática realmente no se dio, que los militares seguían teniendo el control del país, que solo estaban un poco escondidos y que la institucionalidad continuaba siendo débil», expresó Mejía. Esto dio paso a la concentración de instituciones dirigidas por un grupo jurídico vinculado al presidente Juan Hernández, que en vez de garantizar los derechos y la dignidad de la población, fiscaliza y protege los intereses de quienes tienen el control del Estado.
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«Eso obviamente tiene un impacto significativo en la situación que vivimos hoy. Las caravanas de migrantes, la situación de extrema pobreza, la falta de independencia judicial, la administración de justicia selectiva, la excursión del narcotráfico en las estructuras del Estado son obviamente el resultado de esa crisis que generó el golpe de Estado», detalló el investigador.
IMPUNIDAD ALIMENTA A LA DICTADURA
Mejía también planteó que quienes hoy «se rasgan las vestiduras por la dictadura de Juan Orlando Hernández», pero ayer apoyaron el golpe de Estado «por acción o por omisión», deben «reflexionar sobre su responsabilidad porque el apoyo que dieron en el golpe de Estado sentó las bases para la dictadura que se ha consolidado actualmente».
El investigador de derechos humanos apuntó que esta «es una dictadura que se alimenta de la impunidad» en la que permanecen los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del golpe de Estado y que fueron señalados en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Es más, Mejía planteó que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Honduras alude «que los actores que cometieron las graves violaciones a derechos humanos en el contexto del golpe de Estado son los mismos que cometieron las graves violaciones en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional en los años 80».
Sumado a esto, el jurista expone que también el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en relación con las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, estableció que «los actores que violaron los derechos humanos en el contexto de la crisis político electoral son los mismos de periodos anteriores, es decir, del golpe de Estado».
«En otras palabras, los mismos actores que en los 80 cometieron graves violaciones sobre los derechos humanos, también lo volvieron a hacer en el golpe y en el contexto de la crisis político electoral, lo cual nos indica que mientras haya impunidad esto no se va a resolver» concluyó Mejía.
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APRENDIZAJES QUE DEJÓ EL GOLPE DE ESTADO
Para el analista político y social, Tomás Andino queda claro que el golpe de Estado de 2009 significó no solo un retroceso de décadas en materia social, económica y política, sino también en el recrudecimiento de problemáticas ya existentes en favor de intereses mercantiles que se vieron reflejados a través de la aprobación de leyes que juegan en contra de la ciudadanía y la soberanía.
Un ejemplo de este tipo de accionar post-golpe, fue la aprobación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un proyecto que a criterio de Andino y otros analistas, implica la pérdida de soberanía, recursos, ingresos y jurisdicción a través de la instalación de mini estados dentro del Estado de Honduras.
La ruptura del orden constitucional dejó varios aprendizajes a la población. Uno de ellos es «que el país no puede confiar en las élites de la partidocracia hondureña porque estas están fácilmente conectadas con grupos […] de intereses económicos y criminales perversos». Se deben construir nuevas formas de democracia que permitan al pueblo tener una mayor participación y control sobre sus autoridades, manifestó Andino.
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Por otra parte, el analista señaló que es necesaria la unidad del pueblo. «El enemigo de la democracia se ha unido y logró unirse grandemente pero el pueblo, las fuerzas sociales que defendemos la democracia no hemos logrado todavía concertar esa unidad». La división de los liderazgos sociales y políticos dificulta recuperar ventaja sobre las «élites criminales», alertó.
Además, identificó a la juventud hondureña como una nueva fuerza de cambio. Desde 2015 con las marchas de las antorchas y durante 2017 y 2019; así como actualmente con las movilizaciones en contra de las ZEDE, «son los jóvenes quienes están en la cabeza». Muchos probablemente eran niños durante el golpe de Estado «y ahora han tomado conciencia del retroceso que ha tenido el país y se atreven a desafiar ahora ese poder», declaró.
Finalmente, subrayó que Honduras es un país que no puede continuar esperando que las soluciones procedan de instancias internacionales u otros países. Debe ser el pueblo quien resuelva el problema por sí mismo, porque muchas veces esos gobiernos y entidades internacionales están en «contubernio con los golpistas» y «el pueblo debe confiar en su propia fuerza nacional».
A consecuencia de la ruptura constitucional provocada ese 28 de junio, Honduras rompió el bipartidismo que había imperado desde la presidencia del liberal Roberto Suazo Córdoba en 1982, con la creación en 2011 del Partido Libertad y Refundación (Libre), dirigido por el expresidente Manuel Zelaya Rosales y que en las elecciones de noviembre estará participando por tercera ocasión en un proceso electoral.
