Por:Redacción CRITERIO/LINyM
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Hace exactamente 4 años, con las heridas profundas del golpe de Estado aún bien abiertas, el entonces relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, expresaba toda su preocupación por el “alarmante deterioro de la libertad de expresión y los derechos humanos” en Honduras.
Ana Ortega, especialista en Ciencias Políticas y presidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), aseguró en entrevista a Lista Informativa Nicaragua y Más (LINyM) que la situación no solamente no ha cambiado, sino que el país se está hundiendo en una crisis sin precedentes.
-LINyM: ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en Honduras?
-Ana Ortega: Desafortunadamente estamos ante un constante deterioro del respeto al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, que se ha profundizado con el actual gobierno. Recordemos que durante el discurso de los «cien días», el presidente Juan Orlando Hernández dijo que quienes no reconocían sus logros y le criticaban, era porque eran parte del crimen organizado o eran malos hondureños.
Eso es lamentable, porque el derecho a la libertad de expresión asume su sentido pleno justamente cuando se respeta la libertad de disentir, de tener una opinión distinta, de estar en la oposición. Por el contrario, si se reduce solamente a ser una correa de transmisión de los intereses del gobierno y de la clase dominante en el poder, la libertad de expresión se convierte en una caricatura de sí misma.
Vemos, por ejemplo, como el gobierno está usando a la Comisión nacional de telecomunicaciones, Conatel, en contra de la ciudadanía. Quienes investigamos, denunciamos y tratamos de encontrar la verdad en medio de tanto secretismo somos acusados de hacer apología del odio.
-LINyM: ¿Hay casos concretos de persecución que puedas señalar?
-AO: Como C-Libre hemos emitido dos alertas en el caso de Esdras Amado López, director de los noticieros del Canal 36 (Cholusat Sur), y David Romero Ellner, director de Radio Globo y Globo TV, que la población reconoce como figuras emblemáticas de la investigación periodísticas sobre casos de corrupción.
Son personas y medios que vienen siendo criminalizados desde el golpe de Estado de 2009 (ambos medios fueron ilegalmente cerrados, sus equipos secuestrados y sus estudios militarizados durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti NdR). Sin embargo, ni en los momentos más duros del golpe habíamos asistido a un ataque tan fuerte como el que se está dando ahora.
Hay un hostigamiento y una persecución permanente de parte del gobierno, que los acusa de estar haciendo apología del odio, de sedición contra el Estado y traición a la Patria. Hasta los amenaza con aplicar la ley antiterrorista.
Por el contrario, para nosotros no es más que el esfuerzo de buscar y divulgar informaciones distintas a la información oficial, para llegar al fondo de múltiples casos de corrupción y saqueo a instituciones del Estado.
-LINyM: ¿Quiénes son las principales víctimas de esta política?
-AO: Además de las y los comunicadores, hay sectores muy específicos, como por ejemplo la juventud, las y los estudiantes que luchan por la educación pública, las y los defensores de derechos humanos, los pueblos originarios y las comunidades campesinas.
Con mucha preocupación hemos visto una escalada de violencia y represión brutal contra todas aquellas personas que, de una u otra forma, ejercen defensoría de derechos humanos en cualquier ámbito. Eso va más allá de la libertad de expresión.
Aunque el gobierno lo niegue, se trata claramente de una política de Estado, porque lo que vemos son actores estatales ejerciendo violencia y, luego, denegando el acceso a la justicia y criminalizando a las víctimas.
-LINyM: ¿Cuáles son los datos que maneja C-Libre en cuanto a la violación de la libertad de expresión?
-AO: A esta fecha hemos recibido tres veces más denuncias y hemos tenido que emitir tres veces más alertas por casos de agresiones a periodistas que el año pasado. Hay un mayor despliegue de brutalidad policial contra comunicadores y comunicadoras, y hay un aumento de las querellas por injurias y calumnias.
El caso del ataque brutal contra la periodista Dunia Montoya y los reporteros de Radio Progreso durante la cobertura de una movilización ciudadana en el norte del país, es emblemático. Montoya fue golpeada salvajemente y sufrió una luxación del hombro, y como si eso no bastara, mientras estaba en el suelo los agentes se ensañaron con ella con toletazos y patadas en la cara. Lo mismo está ocurriendo con los pueblos indígenas y negros.
El Presupuesto para 2016 no priorizará el gasto social, sino el gasto en defensa y seguridad, con un aumento del 55% respecto al ejercicio anterior. Eso da cuenta de la intención del gobierno de querer imponer, a sangre y fuego y por la vía de la fuerza, políticas impopulares enmarcadas en un modelo económico basado en el despojo y en la entrega de territorios y recursos. Y lo quieren hacer acallando la protesta de la oposición. Por esto decimos que es una política de Estado.
-LINyM: Todo esto con el respaldo de una estrategia comunicativa muy efectiva…
-AO: Hay una estrategia de comunicación gubernamental que por un lado se asegura el apoyo mediático de los medios de comunicación corporativos y, por el otro, pretende acallar a los medios que son críticos, cercándolos económicamente y amenazándolos con suspender frecuencias.
Además, como C-Libre estamos muy preocupados porque en los últimos meses se han multiplicado las solicitudes de apoyo legal de parte de comunicadores, estudiantes, personas vinculadas a las luchas territoriales, ya que se les ha hecho muy difícil encontrar a abogados dispuestos a asumir su defensa. Eso tiene que ver con el temor que hay en el país.
Ya hay medios comunitarios que han sido llamados a audiencias de descargo, porque están siendo acusados de violar un decreto que les impone divulgar solamente noticias de tipo social. Nada político.
Y uno se pregunta ¿qué entienden con social? ¿Acaso será mandar saludos a los cumpleañeros de la comunidad y no abordar los temas de fondos que tienen que ver con la cotidianidad y la sobrevivencia, como por ejemplo las luchas territoriales contra la explotación minera y los megaproyectos?
Como C-Libre hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto y estamos proponiendo una ley que democratice la propiedad de los medios, las comunicaciones y el espectro radioeléctrico. También que cumpla con las recomendaciones hechas tanto por la Cidh (Comisión interamericana de derechos humanos) como por el relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, que enfatizan el derecho de las comunidades a tener sus propios medios.
-LINyM: ¿Qué tipo de seguimiento le está dando la comunidad internacional a esta situación?
– AO: El gobierno ha impulsado una estrategia muy agresiva para convencer a las instancias internacionales de que se están acatando y cumpliendo las recomendaciones. Pero esto no es cierto. La ley de protección a periodistas, por ejemplo, es parte de esta misma estrategia. Imagínese que pone en un mismo plano tanto los periodistas y defensores como los operadores de justicia, es decir aquellos que, en nombre del Estado, violentan los derechos. Lo que en realidad estamos viviendo en el país es una escalada de la represión.
-LINyM: ¿Cómo piensan contrarrestar esta campaña?
-AO: Es un verdadero desafío que tenemos a nivel de comunicación, porque no es fácil informar sobre lo que la ciudadanía está sufriendo a diario. Hay como dos Honduras: la primera es la que se proyecta hacia afuera y la otra es la que vivimos todos los días.
