Las criminalizaciones contra dirigentes campesinos ocurren en el momento que las cooperativas campesinas alcanzan mayor apogeo y presencia organizativa de base, siempre de la mano de la violencia ejecutada por empresas agroindustriales y tienen por objetivo neutralizar a otros liderazgos campesinos, especificó el abogado Lestter Castro
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – La defensa del derecho al acceso a la tierra en favor de las y los campesinos es una labor mortal en el fértil —y codiciado por los agroindustriales— Valle del Aguán, ubicado entre los departamentos de Colón y Yoro, al nororiente de Honduras.
Hasta inicios de octubre de 2023, según registros de Criterio.hn, se reportaron los asesinatos de diez personas ligadas a la defensa de la tierra, el territorio y ambiente en la zona. Sin embargo, según estimaciones de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), desde 2009 es escenario de más de 200 asesinatos de campesinos y campesinas.
A los asesinatos, preceden la criminalización de sus liderazgos como una forma de amedrantamiento generalizado de quienes deciden alzar la voz en contra del acaparamiento de tierras cuyo destino era la reforma agraria en favor de los grupos campesinos, pero terminaron en manos de agroindustriales y políticos.
El abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Lestter Castro, quien acompaña la causa Aguán, señaló a Criterio.hn que la criminalización de las personas defensoras es una forma de violencia sostenida en el Valle del Aguán a través de la figura del delito de usurpación al reivindicar sus derechos sobre las tierras que les fueron adjudicadas en el marco de la reforma agraria.
Noticia relacionada: Derogación o reforma al delito de usurpación cuesta arriba en el Congreso Nacional
Castro advirtió que, si bien la criminalización ha sido la figura constante en el tiempo, esto no implica que no se apliquen formas de represión más violentas contra los grupos campesinos como son la persecución, la vigilancia, las amenazas y los asesinatos ejecutados por grupos sicariales y fuerzas de seguridad del Estado, en alianza con las empresas agroindustriales.
“Un elemento muy importante es que siempre estas criminalizaciones ocurren cuando están en mayor apogeo, en la mayor presencia organizativa de base las cooperativas campesinas, siempre de la mano de la violencia ejecutada por estas empresas agroindustriales y también para neutralizar a otros liderazgos a través de la criminalización”, especificó el abogado que acompaña la causa Aguán.
El profesional del derecho comentó que actualmente existen varios procesos de criminalización contra liderazgos de las cooperativas Remolino, Los Tarros, Brisas del Aguán, El Chile, Los Laureles y recientemente dos miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, junto a otras 39 personas.
Es importante señalar que la Corte de Apelaciones de La Ceiba confirmó sobreseimiento definitivo a favor de 16 integrantes de la Cooperativa Los Laureles, entre ellos el defensor del territorio Omar Cruz Tomé asesinado el 18 de enero de este año. En la misma línea, el secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, José David Fortín fue asesinado el domingo 24 de septiembre.
Conozca más: Plan para asesinar a líder campesino Omar Cruz Tomé en el Aguán era de conocimiento público
Siguiendo este patrón expuesto, Castro señaló que estas criminalizaciones contra los liderazgos de las cooperativas agropecuarias campesinas se dan luego que la Plataforma Agraria y la COPA suscribieron el convenio agrario firmado el 22 de febrero de 2022 con el objetivo de abordar el conflicto por la recuperación de tierras de la reforma agraria y poner un alto a la violencia.
El abogado expuso que al interior de este convenio están insertas varias comisiones entre estas, la comisión jurídica y la comisión tripartita. La primera verificaría el tracto sucesorio o la forma de despojo que se realizó en contra de las cooperativas campesinas. Mientras que la segunda investigaría todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en El Aguán en los últimos 30 años.
EL CASO DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA EL COORDINADOR DE LA PLATAFORMA AGRARIA
Es en este marco, expone Castro, que fueron criminalizados diez integrantes de la Cooperativa El Chile, entre ellos el coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, Jaime Cabrera, quien fue acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de asociación ilícita, privación injusta de la libertad y usurpación, siendo sobreseído definitivamente el pasado 16 de agosto en los primeros dos y sobreseimiento provisional por la acusación de usurpación.
El profesional del derecho acotó que el delito de asociación ilícita “es muy grave, que está pensado para estructuras que tienen fines ilícitos totalmente, no actividades como las que realiza la Plataforma Agraria, que es la reivindicación de derechos. Está pensado para maras, pandillas y carteles de droga”.
Esta línea de acusación compartió, sigue el mismo patrón tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional, que consiste en “armar todas estas acusaciones maliciosamente”.
“El concepto de criminalización, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, es el uso del derecho penal para neutralizar o restringir la actividad de defensoría de derechos humanos que realizan las personas defensoras de derechos humanos, y esto fue lo que sucedió con Jaime”, ahondó.
Por esta acusación, el coordinador de la Plataforma Agraria estuvo criminalizado desde noviembre de 2022 hasta agosto de 2023, tiempo en el que no pudo realizar ninguna actividad relacionada a su labor de defensoría o incidencia ante instituciones del Estado, y restringido de ver a su familia, compartió el abogado.
Señaló que estas son las consecuencias negativas de este tipo de imputaciones y compartió que al momento de llegar al Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal se advirtió que las acusaciones del Ministerio Público y de la acusación privada [Corporación Dinant] eran sostenidas por dos testigos que no lograron identificar ni a Jaime Cabrera ni a las otras nueve personas, pese a asegurar que fue él quien retuvo a más de 100 empleados de Dinant en noviembre de 2022.
Un antecedente similar siguió el proceso en contra de dieciséis personas de la Cooperativa Los Laureles, acusados por el delito de usurpación agravada, y que resultó en sobreseimiento definitivo alegando que el conflicto del Aguán es un problema social que tiene más de 30 años y que no puede ser solucionado a partir del derecho penal sino a través de procesos administrativos, sostuvo el abogado.
No obstante, Castro planteó que a lo largo de los diez años de Óscar Chinchilla como fiscal general del Ministerio Público —hoy magistrado en la Corte Centroamericana de Justicia en Nicaragua— esta entidad se caracterizó por criminalizar a toda la base campesina.
De interés: Óscar Chinchilla, diez años de impunidad y criminalización contra las personas defensoras en Honduras
“Muchos de los liderazgos que hoy en día están reivindicando los derechos ante el Gobierno de la República, al menos una vez han sido acusados por el delito de usurpación por parte del Ministerio Público que encabezó el fiscal Óscar Chinchilla”, concluyó.
Este año, se instaló la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra desde el seno del cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), sin la participación de los grupos campesinos e indígenas. Esta decisión dio pie a la promoción y ejecución de desalojos sin previa investigación en cuanto a la titularidad de la tierra, socavando la promesa del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro en cuanto a “asegurar la legalización de las tierras agrícolas bajo el control de las agrupaciones de campesinos beneficiarias de la reforma agraria”.
