Tegucigalpa.- La oficina regional del Ministerio Público en La Ceiba, costa Atlántica de Honduras, emitió este fin de semana al menos tres citatorios contra integrantes de la comunidad Garífuna de Sambo Creek, alegando daños en perjuicio de José Tulio y Victoria Margarita Gálvez Contreras.
Los llamados son contra Johny Pérez, Miriam Miranda y “los hijos de la comunidad de Sambo Creek” y tienen como fecha de presentación el jueves 24 de noviembre a las 9:00 de la mañana en las oficinas de la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes en La Ceiba, Atlántida.
Estos requerimientos siguen un patrón de persecución contra el pueblo Garífuna, especialmente contra la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, quien ya cuenta con un proceso de criminalización en su contra, impulsado por el fiscal adjunto del Ministerio Público, Daniel Sibrián.
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Criterio.hn conversó con el abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tábora, quien señaló que esta persecución por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional contra el pueblo Garífuna, obedece a una estrategia de desplazamiento que incluye violencia y criminalización.
“Este no es un acto aislado, es un acto que forma parte de esa estrategia para expulsar del territorio al pueblo Garífuna. Sabemos los grandes intereses económicos que hay, mineros, energéticos, megaindustria, que incluye incluso, la forma inconsulta de implementar parques nacionales”, especificó el profesional del derecho.
Tábora señaló que en el caso de la coordinadora de la Ofraneh, la criminalización ha arreciado luego que el Ministerio Público la acuso por detención ilegal contra los empleados de las oficinas de Las Lomas del Guijarro, en la capital de Honduras.
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El abogado apuntó que la denuncia 1663 60 78 04, correspondiente a Sambo Creek, en la que se cita a Miriam Miranda genera preocupación, porque hace mención de aplicar una figura alterna, por lo que “podríamos estar viendo el anuncio de una acusación contra Miriam Miranda, contra las otras personas que han sido citadas”.
ACTOS DE INTIMIDACIÓN CONTRA PUEBLO GARÍFUNA BUSCAN BENEFICIAR INTERESES PRIVADOS
Tábora reparó en que uno de los citatorios requiere a los “hijos de la comunidad de Sambo Creek”, advirtiendo que el Ministerio Público realiza investigaciones contra personas individuales, puesto que la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue eliminada mediante el Decreto 96-2021.
exigir la liberación de sus compañeros y compañeras criminalizadas
“Esta situación que hace el Ministerio Público que cita entre otras personas, a Miriam Miranda, y hay una citación específica que requiere a los hijos de la comunidad de Sambo Creek, es parte de esas irresponsabilidades del Ministerio Público en la que no existe realmente un control de legalidad contra los abusos del Ministerio Público”, explicó el abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos.
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Refirió además que la audiencia del miércoles 23 de Noviembre en Roatán por el caso del violento desalojo en Punta Gorda, en el que fueron detenidos seis Garífunas, y el requerimiento para el jueves 24 en La Ceiba, no son hechos aislados puesto que el pueblo Garífuna es uno solo, aun cuando sean diferentes comunidades.
Bajo esta “perspectiva de ser un pueblo ancestral y que cuando se enfocan en las personas más visibles, lo que genera es intimidación para que la gente no reivindique su territorio, no luche para recuperar la tierra”. Lo que deja entrever que “el Ministerio Público, en vez de enfocarse en la delincuencia, el narcotráfico y extorsión, utiliza la institución para ponerla al servicio de intereses privados”, concluyó.
