Tegucigalpa. – Familias desintegradas, sistema de educación debilitado, pobreza, extrema pobreza, son factores estructurales que vulneran a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en Honduras, donde las desigualdades sociales están marcadas, y la niñez se convierte en blanco fácil de la criminalidad.
“La niñez y la juventud son el sector más vulnerabilizado por el sistema y, que lógicamente, se encuentran en una posición de mayor desigualdad y exclusión social”, enunció en entrevista con Criterio.hn, Wilmer Vásquez, director de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes (Coiproden).
El Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), registra ─ a la fecha ─, 152 adolescentes mayores de 12 años, quienes cumplen una medida privativa de libertad en los Centros Pedagógicos de Internamiento.
Gregorio Lemus, Coordinador de Programas de Reinserción Social del INAMI, dice que las infracciones de los menores son multicausales y enumera a la extorsión, portación ilegal de armas, venta de estupefacientes, violaciones espaciales y homicidio como las infracciones penales de mayor incidencia.
Nota de interés: Ante incremento de crímenes de menores, urgen puesta en marcha de mecanismo creado en 2019
CAUSAS Y FACTORES DE RECLUTAMIENTO
Al hablar de niñez que está en vulnerabilidad frente a maras, pandillas, crimen organizado y narcotráfico, se debe hacer un análisis del trabajo del Estado de Honduras para garantizar los derechos a este sector de la población.
Con la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, por la Asamblea General de las Naciones (ONU), de la que Honduras es miembro, los países son los garantes de estos derechos que se agrupan en cuatro ejes: supervivencia, desarrollo, protección y participación.
En ese sentido Wilmer Vásquez, reflexionó que cuando no hay satisfacción de derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, empleo, y ante la falta de oportunidades, “siempre habrá un grupo (estructuras criminales), que es el que se convierte en una opción y ofrece lo que hace falta, ya sea dinero o protección”.
La falta de garantía de derechos, provoca exclusión social, pues deja a la niñez sin acceso a la educación, a la salud y sin la opción de formar parte de un programa de orientación vocacional.
“Esa exclusión social es la que los grupos organizados del crimen, narcotráfico o maras y pandillas, buscan para poder cooptar, obligar o tentar para que ellos se involucren”, enfatizó Vásquez.
La problemática social que involucra a los menores se origina en las familias desintegradas, familias violentas, que en muchos casos abusan sexual y físicamente, e incluso porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes son utilizados por sus padres para cometer infracciones a la ley, como el robo, sostiene el defensor de los derechos humamos.
Por su lado Gregorio Lemus relaciona la violencia contra los menores a factores demográficos, sociales y económicos.
“El reclutamiento de adolescentes tiene que ver con aspectos de industrialización y la organización de los grupos criminales, quienes identifican poblaciones de riesgo o situaciones vulnerables como los niños, niñas y adolescentes con familias disfuncionales”, señaló Lemus.
El INAMI destaca que más del 90% de la niñez con responsabilidad penal, viene de hogares desintegrados, poca escolaridad y que viven en ambientes hostiles e inseguros.
Lemus informó que al menos 1500 jóvenes están bajo medidas sustitutivas, es decir, libertad condicional.
Nota relacionada: Niñez en condición de abandono olvidados por el Estado de Honduras
NIÑEZ UTILIZADA POR LA CRIMINALIDAD PARA MARCAR TERRITORIO
Por años se ha conocido que niños, niñas y adolescentes son reclutados por estructuras criminales, y utilizarlos en la comisión de delitos.
En ese sentido, Mirna Flores, investigadora en temas de seguridad del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), señaló que este reclutamiento tiene su origen en el control territorial de las maras o pandillas.
Datos del INAMI señalan que la el 60% de los jóvenes que son internados para ser rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad han sido imputados por extorsión.
POLÍTICA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Miembros de la sociedad civil que trabajan en la prevención de la violencia piden al gobierno la implementación de una política integral de prevención de este flagelo, con la participación de diversos actores.
“Esto tiene que ver más como un problema social y no como un problema que tenga que ser tratado con mano dura”, recalcó Mirna Flores.
En ese sentido, sugirió que la atención hacia los jóvenes es prioritaria, por lo que instó a la adopción de una política de largo plazo que sea “una política de Estado y no de gobierno”.
Lea también: Niñez y adolescencia víctimas de criminales y del Estado
Por su parte, el coordinador del Coiproden recordó la existencia del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah).
“La nueva administración de gobierno está en la obligación de convocar urgentemente a la reinstalación del Consejo de Garantías de Derechos de la niñez y adolescencia”, increpó Vásquez.
Este Consejo está integrado por diferentes instituciones el Estado, sociedad civil y cooperación internacional.
