Tegucigalpa.- Los asesinatos contra defensores de la tierra y el territorio en el Valle del Aguán en el norte de Honduras, continúan y el Estado sigue sin dar respuesta al conflicto que ha costado la vida de al menos ocho personas en los primeros cuatro meses de 2023.
El martes 18 de abril, a tempranas horas de la mañana en Olanchito, Yoro, fue asesinado José Gilberto Martínez Cardona, líder campesino, integrante de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (Anach) y secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Bendición de Dios #2”.
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El crimen contra Cardona, 64 años, ocurrió posterior a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, fecha en que las organizaciones campesinas se movilizaron para demandar el derecho al acceso a la tierra, el cual fue vulnerado con la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992 por la administración del fallecido expresidente Rafael Leonardo Callejas.
El asesinato de Martínez Cardona fue condenado por la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien reafirmó nuevamente el compromiso de concretar acciones “estables, duraderas y consensuadas a la problemática en el Aguán”.
EXIGEN UN ALTO A LA RED DE IMPUNIDAD QUE RODEA ASESINATOS DE DEFENSORES
A través de un comunicado, la Anach señaló que el líder campesino participó por más de 30 años en la lucha por la reinvindicación del derecho a la tenencia de la tierra basada en la Ley de la Reforma Agraria. Además, de exigir justicia por el asesinato “perpetrado bajo el contubernio de la red de impunidad que campea a nivel nacional”.
A las exigencias de la Anach, se sumó la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) que solicitó a las autoridades locales y nacionales investigar de forma eficaz e inmediata los hechos que rodearon el asesinato.
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Recordando aplicar lo dispuesto en la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, referente al derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, entre ellos el derecho a reunirse o manifestarse pacíficamente, y la obligación del Estado a garantizar la protección por las autoridades de toda persona, frente a cualquier tipo de violencia resultante del ejercicio legítimo de estos derechos.
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se reiteró el llamado a garantizar el ejercicio de la defensa de la tierra y del medio ambiente a través de medidas contundentes para proteger la vida e integridad de las personas defensoras.
VIOLENCIA EN EL AGUÁN NO PARA
Hasta el asesinato de José Gilberto Martínez Cardona en Olanchito, departamento de Yoro, los asesinatos ligados a la defensoría de la tierra y el territorio en el Valle del Aguán se habían concentrado en el departamento de Colón.
El fértil Valle del Aguán está ubicado en la región nororiental de Honduras, entre los departamentos de Colón y Yoro, cuya vocación es principalmente agrícola en una superficie aproximada de 214,900 hectáreas, según información recolectada en la Caracterización de los principales valles y altiplanos de Honduras, publicada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 2002.
El primer crimen contra defensores de la tierra y el territorio en 2023 fue perpetrado el 7 de enero contra los ambientalistas Aly Domínguez y Jairo Bonilla, ambos defensores del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras, amenazado por un megaproyecto minero.
A este doble crimen siguió otro el 18 de enero, esta vez contra el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé, junto a su suegro Andy Martínez Murillo. El asesinato fue cometido a pesar de que se alertó al Estado sobre el riesgo que corrían los liderazgos de la dirigencia campesina del Aguán y que Cruz tomé era beneficiario de medidas de protección a través del mecanismo interno del Sistema Nacional de Protección de Defensores.
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Posteriormente, el 12 de febrero fueron asesinados el dirigente y miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, Santos Hipolito Rivas, junto a su hijo adolescente de 15 años, Javier Rivas.
El 25 de marzo fue asesinado Emerson Martínez, a una cuadra de su casa en la colonia Los Laureles en Tocoa, Colón. Martínez era hijastro de Abraham León, vocero y representante de la Cooperativa Los Laureles, la misma organización campesina que presidia Omar Cruz Tomé al momento de su asesinato.
A estos asesinatos localizados en el Valle del Aguán, se suman dos crímenes más contra defensores de la tierra y el territorio, esta vez en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. El 30 de enero, fue asesinado el joven defensor del territorio garífuna, Ricardo Arnaúl Montero en la comunidad del Triunfo de la Cruz; y posteriormente, el 20 de febrero fue asesinado Benigno Maldonado en la comunidad de Buenos Aires, sector de Pajuiles.
Al menos 10 personas ligadas a la defensa de la tierra y el territorio han sido asesinadas en lo que va del 2023. Honduras es el cuarto país de América más hostil para los defensores de derechos humanos. De acuerdo, el último Análisis Global de Front Line Defenders, en 2022 Honduras reportó el asesinato de al menos 17 personas defensoras de derechos humanos.
