En 1999 llegó un joven integrante de un grupo criminal a una estación de bus a plantear un escenario a los conductores: “denos unos 10 lempiras y a cambio nosotros les hacemos el favor de brindar protección”, y de esa manera sigilosa fue como el crimen organizado comenzó a sentar sus bases para construir el mal llamado “impuesto de guerra”
Cuando se habla de normativas con “cabos sueltos” se hace referencia a los famosos pactos de impunidad fraguados en el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, cuando en la presidencia del Congreso Nacional del diputado Mauricio Oliva se crearon varios decretos para blindar y proteger a funcionarios, congresistas y sus fortunas acumulas con dineros provenientes de las arcas del Estado y narcotráfico
Tegucigalpa, Honduras.- Lo que inició como un “favor” ahora se convirtió en una ley. Pero no una normativa violable o con “cabos sueltos”, de las que se aprovecha la clase política para defender sus ilícitos. La disposición es más rigurosa, como si estuviera estampada en la misma Constitución de la República, con la diferencia que, si se incumple, la consecuencia no es la cárcel, pero es peor: la muerte.
Bajo ese argumento el crimen organizado prácticamente se adueñó de un porcentaje de las ganancias del rubro del transporte en Honduras, que sólo este 2023 le ha entregado más 600 millones de lempiras.
El empresario del transporte urbano Wilmer Cálix contó en medios de comunicación que a un poco más de 10 días para culminar este 2023, el transporte urbano en todas sus modalidades le entregó a las maras y pandillas que integran el monstruo criminal 600 millones de lempiras, y que la cifra podría subir un poco, ya que están incrementando la tarifa de las cuotas.
Cálix dejó de lado la denuncia, ya que se ha convertido en un tema cotidiano, pero cuestionó que la criminalidad no baja, pese a que el gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro alardea de los resultados positivos que han traído varias medidas implementadas desde hace un año, precisamente el estado de excepción, que fue ejecutado para combatir el delito de la extorsión.
De igual manera, el empresario del transporte criticó las acciones ineficientes que contemplan estas medidas. Por ejemplo, desde el cinco de diciembre entró en vigencia el plan “navidad para proteger y servir”, este eje promete que efectivos harán presencia en las unidades y estaciones, algo que se está cumpliendo, pero literalmente sólo es permanencia porque, según las denuncias, los extorsionadores pasan por el frente de los policías y estos no se enteran.
Cálix considera que todavía se le debe temer un grado de confianza a las medidas de seguridad del gobierno de Castro, pero sugiere, aunque no es un especialista en el tema, que las medidas deben ser replanteadas y repotenciadas, porque de lo contrario, continuarán siendo el blanco perfecto del crimen organizado y, como factor desencadenante, el rubro seguirá en decadencia.
Aunque los 600 millones de lempiras podría ser el dato más fuerte, no lo es, porque sólo este 2023, a los conductores que se han rehusado o no han logrado hacer efectivo el pago de extorsión los han asesinado sin ningún tipo de trato que hubiera podido cambiar la situación. La cifra oscila entre los 57 transportistas de todos los rubros, 13 menos de los contabilizados en 2022.
“El que se rehúse; se niegue o falle con la cuota muere. No hay manera de salir de este conflicto. O se paga o se paga, por eso es que vemos tanto transportista asesinado. Este 2023 ha sido mejor, no nos han matado tantos colaboradores porque se ha estado cumpliendo”, relató Cálix.
El cobro desmedido de extorsión también ha generado otras consecuencias como, por ejemplo, más de 20 unidades de bus quemadas; varias rutas de transporte paralizadas en la capital. Respecto a la última, las autoridades policiales dicen que son los mismos transportistas los que mantienen paradas las unidades.
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CRIMEN ORGANIZADO PENETRÓ EL TRANSPORTE
Aunque los empresarios del transporte se mantengan denunciando que son víctimas de la extorsión, las autoridades sostienen que ese rubro está penetrado por el crimen organizado, en pocas palabras, que en la cúpula y en los operadores, hay criminales trabajando.
Algo que la dirigencia ha aceptado, por lo que se han mantenido analizando hacer una depuración en el rubro y establecer medidas para contratar personal más rigurosas.
El crimen organizado está tan penetrado en el rubro que, los líderes de maras y pandillas que tienen presencia en varios sectores de la capital, establecen que conductor y ayudante estará operando la unidad. Y, si el dueño del bus se rehúsa a cumplir, simplemente se saca de circulación o lo terminan asesinando.
Para el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, la depuración debe ir acompañada de medidas en seguridad eficientes, porque actualmente, como denunció la dirigencia del rubro, carecen de un verdadero plan integral que capture a los cabecillas del crimen organizado.
“Hablan de estrategias, ¿pero esas estrategias qué son?, operativos de saturación sin ningún sustento. Eso no es tener una visión de cómo erradicar ese flagelo, y una prueba más de ello, es que el crimen organizado sigue extorsionando; sigue asesinando y así continuará hasta que las autoridades reconozcan que no están haciendo las cosas bien”, mencionó en pláticas con Criterio.hn.
Madrid compartió la recomendación del dirigente Cálix, que no sólo debe haber presencia policial en las terminales y unidades, sino que también deben elaborar estrategias de investigación para identificar los criminales que llegan hasta las unidades a dejar notas extorsivas.
“El acompañamiento policial debe ser de manera permanente, que no digan que no tienen suficiente personal; que no tienen suficiente presupuesto porque se les aumentó este año, con el objetivo de establecer una lucha frontal. El crimen organizado se debe atacar desde arriba, no en sus bases”, precisó.
Para el plan navideño de seguridad, la Policía asignó 11, 944 efectivos y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) 4, 200 y, el presupuesto general de 2023, de la institución que dirige el general Gustavo Sánchez, es de un poco más de 9,000 millones de lempiras, el 17% más que en 2022.
