Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – Un grupo de 20 organizaciones sociales aupadas en la Coalición Contra la Corrupción, se agregaron a la avalancha de críticas ante la decisión del Poder Ejecutivo de crear la Secretaría de la Transparencia, como una pantalla paraestatal que debilita sistema nacional anticorrupción, duplica funciones y aniquila esfuerzos anticorrupción de sociedad civil.
La creación de cualquier institución que conlleve expresamente el bien colectivo es una noticia que debe mover al aplauso y el reconocimiento público. Sin embargo, en esta ocasión el anuncio sorpresivo sobre la creación de la Secretaría de Transparencia más bien genera dudas y preocupaciones, señala la entidad.
Repudio al que se suman analistas sociales y organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (COHEP), que en un comunicado anunció que no integrará el Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependiente de la nueva entidad paraestatal, que a su juicio se creó para encubrir decenas de casos de corrupción e inconstitucionalidad que persisten en total impunidad.
“En un país pequeño y pobre la nueva Secretaría en el Despacho de Transparencia duplica las funciones ya establecidas en los Decretos Legislativos que regulan el funcionamiento de otros órganos de gobierno”, concluye el ente gremial de los empresarios, en coincidencia con la Coalición Contra la Impunidad.
El artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública advierte: No deben crearse nuevos organismos de la Administración Centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes; “el presidente de la República debe tomar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición”.
Sin embargo, la decisión del gobernante Juan Hernández Alvarado, es “una evidente jugada política que busca concentrar de forma opaca la institucionalidad anticorrupción, en lugar de fortalecer los órganos persecutores de los delitos de corrupción como reiteradamente se demanda, el Poder Ejecutivo crea una nueva institución estatal que debilita el sistema nacional anticorrupción porque no tiene la capacidad ni la experiencia en el combate de este flagelo.
Además de duplicar funciones, la acción del gobernante viola la Ley General de la Administración Pública, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Esta movida perversa, también trata de aniquilar el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización beligerante de sociedad civil que con sus investigaciones y denuncias golpea de frente las mezquindades de las redes de corrupción enquistadas en el poder, que se apoderan descaradamente de los fondos públicos en detrimento de la población más necesitada y excluida.
Si se quisiera fortalecer la transparencia y la lucha anticorrupción, tuvo que haber un consenso se debió haber sido consensuada con la sociedad, que los poderes Ejecutivo y Legislativo fortalecerían con más presupuesto, personal y nombrar personas idóneas en los cargos de las instituciones operadoras de justicia para mejorar la aplicación de las políticas públicas anticorrupción.
En momentos en que el país clama por fondos internacionales para reconstruir los daños que la tormenta Eta dejó, es necesario recordar que, en solo seis meses, los fondos aprobados para atender la pandemia covid-19 fueron sustraídos, dejando un perjuicio económico superior a 1,200 millones de lempiras, que equivalen al 56 % de los fondos ejecutados por INVEST-Honduras y Copeco, sin que, hasta el momento, nadie haya sido castigado por este delito de lesa humanidad.
“La población hondureña no puede seguir sosteniendo y creando instituciones que amparan la corrupción”, concluyó la organización no gubernamental.
