¿Cuál es el costo socioeconómico de la crisis electoral en Honduras?

Algunas Reflexiones y Aproximaciones desde el FOSDEH

La valoración socioeconómica del costo presente y futuro de lo que acontece en Honduras es sin duda una tarea ardua porque aún no ha terminado la crisis política e institucional del país. Buena parte de la hondureñidad sabíamos que lo que ocurre actualmente era un hecho predecible e inminente, debido a la renuencia de ejecutar las reformas y fortalecimiento institucional correspondientes al proceso electoral y al mismo Tribunal Supremo Electoral sobre la base de recomendaciones de organismos internacionales del año 2013 y los múltiples planteamientos nacionales emanados propositivamente a lo largo de muchos años. La evidencia nos dice que, en el periodo post electoral, la crisis política nos arrastra también a una crisis económica con profunda “herida” social, y que actualmente ya han recomenzado a manifestarse.

No obstante, las autoridades nacionales correspondientes en el área económica intentan minimizarlo, otros a desconocerlo en toda su dimensión, y los sectores empresariales de diversos rubros señalan una tendencia de preocupación, al igual que “algunos” entes internacionales (otros organismos internacionales de crédito o decooperación callan sobre esta situación).

La falta de diálogo de la clase política nos ha llevado a navegar en el “mar de la incertidumbre”, por ende, a la especulación, con los perversos efectos de intranquilidad social y económica. Demostrando una vez más, que el gobierno y la sociedad nacional no atienden los problemas reales del país: pobreza, subempleo, desempleo, desigualdad, debilitamiento institucional, baja eficacia gubernamental y deficiencia de la burocracia, frágil clima de negocios, inseguridad jurídica, no transparencia de la gestión pública, corrupción, educación deficiente, desabastecimiento del sistema de salud, entre otras.

En paralelo subyace de manera adicional, un debilitamiento institucional reflejado en la calidad del gasto público, que no aborda una planificación real con visión y plan de Estado incluyente para encontrar el desarrollo sostenible (ya que aborda de manera coyuntural los problemas estructurales, y de forma puntual lo que debe ser de manera estratégica y sistémica), a pesar, que el presupuesto público represente más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ejemplo concreto en la actualidad, son las exigencias y prontitud de solventar los problemas con la Policía Nacional bajo argumentos presupuestarios difíciles de creer, en tanto que la Secretaría de Seguridad cuenta con un presupuesto vigente de L 6,374 millones para el 2017, a su vez, resolver a medias las exigencias del Colegio Médico. Retomando una pregunta que realiza el FOSDEH ¿Dónde se encuentra la planificación nacional y por lo tanto presupuestaría?

El impacto económico de esta crisis electoral y socioeconómica se reflejará paulatinamente en los indicadores deexistencia humana. Algunos eventos de índole económicos se podrían manifestar en las “nuevas” negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un eventual nuevo acuerdo sucesivo, o en mantener una imagen favorable para las Calificadoras de Riesgo, de cuyas cifras se exceden las apreciaciones de éxito por la mejora de calificación; es oportuno indicar que sus informes también mencionan que las valoraciones estaban sujetas a la estabilidad política de país.

En adición, la experiencia nos señala que la atracción de inversión extranjera directa requerirá de un nuevo compás de espera, o el traslado de la inversión a otros países más atractivos, ya que la percepción de un Estado de derecho entrecomillado y de mínimas garantías para la seguridad jurídica, son seriamente cuestionables.

Sumado a ello, la adquisición de endeudamiento será menos concesional, por lo tanto, el no concesional (por ejemplo; “Bono soberano”) será con un alza en la tasa de interés.

En términos nacionales el Gobierno mismo, sufrirá y buscará sobrellevar el impacto, por ejemplo; el déficit fiscal para este año 2017 será mayor (con respecto al programado), ocasionado por un detrimento en la recaudación tributaria (iniciado primeramente por la disminución de la dinámica económica del comercio y transporte -incluyendo el movimiento aduanero, que expone una caída sustantiva-, mermando así la recaudación tributaria por Impuesto Sobre Venta –del cual los empresarios ya pidieron prorroga- y de la disminución artificial de los precios de los combustibles), y por un manejo no adecuado del gasto público, el que tuvo un fuerte sesgo electoral.

Por otra parte, el “Plan de Desarrollo 20/20” y su componente de Turismo, será no viable (tanto en inversión, como flujo de turistas), por la imagen actual de inseguridad ciudadana. Además, elementos, como la confianza de ser un corredor logístico, si las “tomas” a las carreteras; el acarreo de mercancías (sea de transito regional o de consumo nacional) se disminuye día a día, incrementando costos y pérdidas a nivel empresarial, que al final será trasladada al consumidor final. Así también, en cuanto a la recaudación aduanera.

Con respecto a los hogares hondureños, preguntamos ¿cuánto costaba un cartón de huevos, previo a las elecciones generales y Cuánto cuesta ahora?, ¿en estos momentos hay medicinas en los hospitales para atender a los ciudadanos, si se agudiza la crisis?, ¿han realizado ahorros en estos momentos o ha sacado su dinero del banco?, ¿cuántas personas han perdido sus empleos por cierre/suspensión de operaciones y negocios?, etc.

Esta crisis, tiene un impacto real en la economía de los hogares, el poder adquisitivo de las familias va ir disminuyendo a medida que pasen los días y esto no se solucione. Los rubros que han sufrido el embate en “primera fila” han sido el transporte, el comercio, empresas familiares y economía informal (precaria), habiendo una escasez inminente de los productos de la canasta básica. Convirtiendo algunos de estos productos de la canasta básica en productos de “lujo” como los huevos, las tortillas y no digamos la carne de pollo, res y cerdo. Efecto que han tenido el cierre de caminos y carreteras, saqueos, y temor de los pequeños, medianos y grandes productores-comerciantes, ligado con la especulación del combustible, por ejemplo; el sector lechero, estima pérdidas de un 1 millón de Lempiras por día. Peor aún, estos bienes han entrado al mercado de la especulación, disparando su precio. ¿En cuánto estimará el BCH que cierra la inflación en diciembre? Esperemos que no “subestime” las cifras reales, de esta crisis que también es real.

Las regiones más alejadas de los centros de producción, y acopio del país (ciudades principales del país), ya están manifestando la escasez a doce (12) días después de las elecciones. Es importante enfatizar que es y será difícil cuantificar las pérdidas económicas y sociales del país, debido al insuficiente sistema de registro empresarial, y estadísticas fiables nacionales. Además, preguntamos si el sistema financiero y de seguros estará dispuesto o en condiciones de sostener la recuperación económica del país, sin aprovecharse de la situación, o sólo será el intermediario. Es importante decir, que el sistema financiero reporta actualmente una disminución en las transacciones y su rama; Aseguradoras, expresan una situación compleja para solventar las exigencias de los comercios saqueados.

Un efecto inmediato, afianzando el “círculo perverso del empleo precario” es la pérdida de empleo formal por la dinámica actual de la crisis, y en todo caso, la nueva contratación a futuro será a jornadas por hora, gracias al Decreto 354-2013 (Ley de Empleo por Hora), incrementando la problemática del subempleo, perpetuando la pobreza y desigualdad en Honduras. De igual forma, disparando la emigración de los hondureños que no encuentran una pequeña oportunidad de reinserción, profundizando la crisis humanitaria que vivimos actualmente.

Este nivel de inmovilidad económica generará que el Estado de Honduras no sólo sea el garante, sino el ejecutor de obras, programas, proyectos (y respaldo del sector financiero y asegurador), y sólo será a través de endeudamiento público. Disparando en gran medida los niveles de deuda, que “hoy por hoy” excede aún con “cifras oficiales” los estándares del endeudamiento con respecto al PIB (según el FMI, este indicador debe estar menor o igual al 40%). Entonces, ¿cómo quedaran las fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2018?, o existirá una modificación en el Programa de Inversión Pública. ¿Se aprobará un Presupuesto 2018 con un escenario diferente al que se formuló?

No obstante lo anterior, seguramente usted como lector seguirá preguntándose, ¿cuál es el costo entonces? y la respuesta global es que hablamos de miles de millones de Lempiras, en parte ya estamos sufriendo muchas de esas pérdidas, pero lamentamos decir que la historia apenas comienza.

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A lo largo de los años el FOSDEH ha presentado diferentes propuestas para poder enfrentar las dificultades socioeconómicas y políticas del país, incluso más allá de una Administración de Gobierno. Sobre esa base, vale la pena recordar que han existido iniciativas establecidas en el marco de un “plan de rescate” y en “lineamientos para la construcción de un pacto fiscal”, específicamente en temas fiscales, monetarios, y presupuestarios. No obstante, esos esfuerzos que son más amplios e integrales, y considerando las circunstancias en las que se debate Honduras en este momento, es necesario plantear como elementos iniciales de un conjunto de propuestas al menos tres consideraciones:

1. Lo relacionado al establecimiento de un gran dialogo nacional que permita formular y aprobar un pacto socioeconómico y político, en el que quede reflejada la agenda básica que las administraciones de gobierno de los tres Poderes del Estado deben realizar en el futuro y en la que se establezca cuáles son las actividades que requieren acción emergente o inmediata y aquellas de mediano y largo plazo. Dichas acciones deberán estar comprendidas de objetivos nacionales concretos, dentro de un cronograma de trabajo y con responsables específicos para coordinar y realizar las labores que sean necesarias, para solventar y retomar los problemas fundamentales del país, sobre todo abordarlos de manera sistemática y estratégica.

Esta comisión deberá ser integrada por fuerzas representativas de los partidos políticos, el gobierno y organizaciones de la ciudadanía de todo el país.

2. Establecimiento de una Comisión para solucionar el conflicto electoral con la participación de: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos en funciones de moderación y secretarial y con participación de las principales fuerzas políticas partidarias, sector empresarial y organizaciones de la ciudadanía. con un máximo de 5 delegados propietarios. Esta comisión deberá elaborar una propuesta de solución al conflicto con un cronograma de corto plazo, y con responsables específicos para su realización. Además de abordar el tema electoral se deben conocer y proponer soluciones relacionadas a los temas socioeconómicos y de seguridad, así también tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y organizaciones ciudadana desde el año 2008 al presente (éstas últimas desde 1999, en la Propuesta de Reconstrucción y Transformación Nacional – Post Mitch – plantearon aspectos de Reformas Político Electorales que aún en este momento tienen validez).
3. Tomando en cuenta las graves repercusiones socioeconómicas y del conflicto político y las eventuales, pero muy posibles condiciones de la población migrante especialmente ubicada en Estados Unidos de América, como también lo relacionado a los temas de riesgo país, se debe ajustar el Presupuesto General de la República para el año 2018 bajo estas nuevas o renovadas circunstancias del país.
4. Realizar una discusión ampliamente participativa y técnica, del contenido y alcances de la propuesta que el nuevo gobierno deberá negociar con el Fondo Monetario Internacional, en la perspectiva que en dichos acuerdos se sintetizan las principales políticas públicas del corto plazo y, de los dos años subsiguientes.