Corte Suprema de Justicia dio opinión favorable para instalación de la MACCIH, hoy no puede opinar diferente: FPAM

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM), manifestó este miércoles que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio su visto bueno para que se instalara la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y ahora no puede salir contradiciendo sus propias actuaciones.

Para el FPAM es motivo de una profunda preocupación y malestar, el hecho de que desde el poder desde donde se imparte justicia, se esté pensando en revertir este logro, producto de la presión ciudadana en contra de la corrupción.

Señalan además que resulta sospechoso  que recientemente no aceptó recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley del Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero, norma jurídica calificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como “El Pacto de Impunidad” y ahora esta misma Corte acepta un recurso presentado por el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor de los cinco diputados, acusados por el supuesto desvío de fondos de programas sociales a cuentas privadas.

Comunicado del FPAM sobre decisión de CSJ

El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM), ante la aceptación del recurso de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia(CSJ) en contra del convenio que crea la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), expresa su total respaldo a la presencia y labor de esta instancia anticorrupción en el país.

Para el FPAM es motivo de una profunda preocupación y malestar, el hecho de que desde el poder desde donde se imparte justicia, se esté pensando en revertir este logro, producto de la presión ciudadana en contra de la corrupción.

Vivimos un momento en el cual todos los sectores, y especialmente los operadores de justicia que son los llamados a detener y castigar cualquier abuso, incluyendo los que se cometen desde el poder, deben redoblar esfuerzos ante la escalada de delitos de corrupción que comprometen y atentan la gobernabilidad y la estabilidad del país.

La decisión de la CSJ llama a sospechas innecesarias porque recientemente no aceptó recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley del Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero, norma jurídica calificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como “El Pacto de Impunidad”. Ahora esta misma Corte acepta un recurso presentado por el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor de los cinco diputados, acusados por el supuesto desvío de fondos de programas sociales a cuentas privadas.

Nota relacionada Diputados seguirán apoyando a la MACCIH en el frente parlamentario

Para aprobar la presencia de la MACCIH en Honduras, se tuvo la participación de los tres poderes del Estado. La Corte Suprema emitió una opinión favorable que garantizaba la constitucionalidad del convenio; hoy este Poder del Estado no puede argumentar una posición diferente porque esto se percibiría como una decisión política manejada por los sectores oscuros que trafican con el poder y se rehúsan a abandonar sus privilegios. El Poder Legislativo también debió debatir y aprobar el Convenio previo a su ratificación por el Poder Ejecutivo.

Con ello, se estaría desarticulando la MACCIH y cerrando las posibilidades de continuar con los procesos de investigación que tratan de devolver la credibilidad en el sistema judicial hondureño. 

Como instancia multipartidaria integrada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para apoyar los esfuerzos encaminados a asegurar el cumplimiento de todas las cláusulas del convenio de la MACCIH, el FPAM hace un llamado para que este  hecho sirva más bien para  que con su opinión, la Corte Suprema fortalezca y consolide el trabajo de este órgano persecutor de los delitos de corrupción y otra instancias anticorrupción como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público y el Consejo Nacional contra la Corrupción.