Con esta ratificación de la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción debe convocar nuevamente a audiencias y finalizar el juicio en el caso Fraude Gualcarque para garantizar los derechos de la comunidad indígena de Río Blanco
Tegucigalpa, Honduras.- Durante años, Berta Cáceres denunció el patrón criminal detrás de la concesión e imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad lenca de Río Blanco. No obstante, sus denuncias fueron engavetadas y únicamente desempolvadas después de su muerte. Se trata del caso conocido como Fraude sobre el Gualcarque.
Pese a que el juicio finalizó sin que se diera una sentencia a causa de la dilación en la ratificación del recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público, la Sala de lo Constitucional finalmente confirmó el mismo, por medio del cual se admite un medio de prueba en favor de las víctimas.
Se trata de una pericia de vinculación de las distintas fases de la ejecución del fraude sobre el Gualcarque, desde la fundación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), los vínculos familiares laborales de David Castillo, como dueño de la empresa originalmente, y todo el curso criminal que se siguió, hasta la firma del contrato de la concesión y todas las operaciones que se realizaron en Panamá y toda la dinámica criminal que siguió la estructura que operó el crimen, explicó el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández.
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El profesional del derecho, que por años ha representado la Causa Berta Cáceres, expresó a Criterio.hn que esta pericia es un medio de prueba muy importante que deberá ser evacuada, por lo que el efecto inmediato es que el juicio deberá retrotraerse a la etapa de evacuación de pruebas, seguramente esto abre paso para que nuevamente se presenten las conclusiones.
MEDIO DE PRUEBA TEJE HILOS Y ESLABONES SOBRE CÓMO OPERÓ
ESTRUCTURA EN FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE
La decisión de la Sala de lo Constitucional con relación al recurso de amparo determina en primera instancia la violación a la inadmisión de un medio de prueba que es un informe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) que vincula criminalmente a los imputados, específicamente a Roberto David Castillo, compartió Fernández.
Por otra parte, el Tribunal de Sentencia se ve obligado a evacuar este medio de prueba porque la Corte de Apelaciones y la Sala de lo Constitucional confirman que no haber admitido este medio de prueba pericial violenta el principio de igualdad, el debido proceso y las normas esenciales del procedimiento, dejando en la indefensión a las partes, particularmente al Ministerio Público y a las partes acusadoras, continuó el profesional del derecho.
Todo esto, como lo explicó Fernández, debido a que “el medio de prueba es una pericia de vinculación criminal que teje cabalmente los distintos hilos, los distintos eslabones sobre cómo operó esta estructura criminal del fraude sobre el Gualcarque que estaba liderada por Roberto David Castillo y su entorno empresarial y el entorno de funcionarios que siguen enfrentando este crimen y otros que ya no están enfrentando el crimen”.
Fernández recalcó que la incorporación de este medio de prueba es fundamental en su contenido y en la forma en que puede ilustrar al Tribunal de Sentencia y al público a comprender con mayor facilidad cómo se configura el crimen que es identificado como Fraude sobre el Gualcarque.
“Tenemos la expectativa de que este medio de prueba le da mayor solidez a la tesis acusatoria del Ministerio Público y de la acusación privada, y que esto de alguna manera nos coloca en una posición de esperar un fallo de culpabilidad en contra de los imputados en el fraude sobre el Gualcarque.
JUICIO FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE DEBE CONTINUAR
Han pasado más de tres meses desde que se interrumpió el juicio Fraude sobre el Gualcarque, y el reclamo por justicia para la comunidad de Río Blanco y el Copinh no cesó pese a las largas que dio el sistema de justicia en Honduras.
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La resolución de la Sala de lo Constitucional fue anunciada a la ciudadanía el viernes pasado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Misión Observación Calificada Causa Berta Cáceres, organizaciones que semanas atrás habían solicitado la pronta resolución del amparo que tenía paralizado el caso.
La coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres, señaló que con la confirmación del amparo, el juicio Fraude sobre el Gualcarque debe continuar para escuchar el fallo a los exfuncionarios que otorgaron la concesión sobre el Gualcarque y desencadenó la ola de violencia contra el pueblo lenca y la lideresa Berta Cáceres.
El Copinh expuso que, con esta ratificación de la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción debe convocar nuevamente a audiencias y finalizar el juicio en el caso Fraude Gualcarque para garantizar los derechos de la comunidad indígena de Río Blanco.
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Por su parte, Jackie McVicar integrante de la Misión de Observación en la Causa Berta Cáceres destacó —días antes — como un hecho histórico que se reconociese como víctimas de la corrupción en la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a la comunidad indígena lenca de Río Blanco y el Copihn, y además formen parte del proceso como acusación privada.
Sue señaló que una pronta resolución de la Sala de lo Constitucional permite que haya justicia para las víctimas lencas de Río Blanco y el Copinh, en un caso que es legado de la lideresa lenca Berta Cáceres, quien luchó para reivindicar los derechos del pueblo lenca.
El caso Fraude sobre el Gualcarque involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco. Los imputados son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda. El caso está ligado al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.
Roberto David Castillo Mejía ya fue sentenciado a 22 años y seis meses por su coautoría en el asesinato de la entonces coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Isabel Cáceres Flores.
