La resolución se decidió en noviembre pasado, pero fue notificada este viernes
Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones con jurisdicción nacional declaró no ha lugar a las acusaciones del Ministerio Público como las presentadas vía privada, favoreciendo a 11 defensores del río Guapinol y al Comité Municipal de Bienes Públicos de Tocoa, Colón, a los que “ni la fiscalía ni la empresa podrá perseguir”, aseguraron el equipo de la defensa legal.
Una declaración de no ha lugar que el organismo jurisdiccional decidió el pasado mes de noviembre, pero que no fue notificado al equipo de defensa legal en este caso, hasta este viernes en horas de la tarde, en un típico ejemplo de retardo de justicia y privación injusta de la libertad por el propio Estado.
“Se quedan sin proceso”, afirmó Mario Rojas, en una conferencia de prensa virtual en la que comparecieron sus compañeros de defensa Edy Tábora, Efraín Ramírez y Leonel George, uno de los favorecidos con el fallo de la justicia.
No obstante, a esta resolución George denunció un ambiente tenso y de persecución ante la proximidad de la audiencia en la que se espera la liberación o seguimiento del proceso penal contra dos defensores más que aún se encuentran en la cárcel.
Este caso fue presentado por el Ministerio Público en septiembre de 2018, acusando a 18 miembros del Comité Municipal de Bienes Públicos de Tocoa del delito de usurpación y daños, el juzgado competente emitió absolución a favor de los imputados, la fiscalía apeló y fue hasta hoy que nos notificaron la sentencia emitida en noviembre de 2019 por esa instancia jurídica, indicó Rojas.
La corte ratificó que lo único que ejercían era su derecho a la libre expresión y a la protesta, subrayó.
En torno al impacto de la sentencia, el abogado Efraín Ramírez sostuvo que arroja elementos que legitiman la lucha en Guapinol pues nos da la razón en las argumentaciones en cada delito, la protesta es un derecho constitucional.
Es una victoria en esta batalla y el inicio de la culminación de este caso pues no quedan más elementos jurídicos; aunque existen ingredientes políticos y económicos por sobre el estamento legal, nos permite pensar que estos delitos no hay forma que los puedan perseguir y en el caso de las personas se ha ido desacreditando y desnudando la debilidad del Ministerio Público.
Primero se les acusó de asociación ilícita y la Procuraduría General de la República resolvió dijo que no era así, el juez de apelaciones emitió absolución y hoy esta sentencia nos confirma la razón, concluyó Ramírez.
Leonel George, beneficiado en el caso, señaló por su parte que la resolución ratifica que las acciones en Guapinol y Tocoa han sido en base a la ley; “porque hemos sido agredidos y abusados en nuestros derechos y normativas de las comunidades a manifestarse pacíficamente; la Fiscalía acusaba de usurpación y daños y sin elementos llevaron eso al más alto nivel. Nos agrada este sobreseimiento definitivo”.
Hemos enfrentado este proceso con ética y de forma voluntaria porque consideramos que actuamos dentro de la justicia, lo que ha sucedido es una persecución política, pero con las garantías y derechos que nos da la ley vamos a seguir en este y todo proceso que haya.
Seguimos denunciando que ser defensor, buscar justicia y exigir derecho se ha estado criminalizando por el Poder Judicial y el Ministerio Público se han prestado a eso. Seguimos apelando que no se profundicen las violaciones para los que están detenidos injustamente salgan en libertad y avancemos en la justicia.
Detrás de todo esto hay la intención de seguir dañando, causando división y rompiendo el tejido social en las comunidades que aglutina el comité en pro del agua, la paz y dispersar la lucha de las comunidades, concluyó.
