Tegucigalpa. El gobierno de los Estados Unidos retiró el apoyo financiero al proyecto hidroeléctrico Jilamito, publicó el jueves el sitio VICE. El cuestionado proyecto, que es impulsado por la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (INGELSA), se encuentra en el centro de un conflicto socioambiental por el cual han sido criminalizados por su oposición al menos cinco pobladores.
VICE señaló que la decisión de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, (DFC), la cual proporciona financiamiento al sector privado, marcó una victoria para los grupos de activistas en Honduras y Estados Unidos que habían instado a la agencia a abandonarlo. En una carta reciente a funcionarios estadounidenses, establecieron paralelismos con el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una destacada activista que lideró la oposición a un proyecto hidroeléctrico similar en Honduras.
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La publicación escrita por Sam Knight señaló que la DFC no dio razón para dicha decisión, excepto que fue tomada después de «un período prolongado de debida diligencia». La Corporación Financiera de Desarrollo había prometido un préstamo por US $35,750 millones, correspondiente al 47.3% del total del capital requerido, el cual tiene un costo de US $75,561 millones.
El otro actor financista es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su rama de promoción empresarial BID Invest [conocida hasta 2017 como Corporación Interamericana de Inversiones] quien anunció que financiará la construcción de la represa hidroeléctrica Jilamito en Honduras mediante un préstamo de US$ 20,250 millones, correspondiente al 26.8% del costo total.
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VICE indicó que la revocación de la aprobación dada por la administración Trump se produce mientras la administración Biden está revisando políticas hacia Honduras, Guatemala y El Salvador para tratar de reducir la pobreza, la corrupción y la violencia que impulsan a decenas de miles de personas a migrar a Estados Unidos.
Además, subrayó la implicación que tuvo el golpe de estado de 2009 en la espiral de violencia que vive el país. «Desde entonces, la clase política del país ha estado involucrada en repetidos escándalos, incluidas condenas por tráfico de drogas en Estados Unidos para familiares cercanos de los dos presidentes electos desde el golpe».
El proyecto hidroeléctrico de Jilamito es desarrollado y financiado (25.9%) por Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (INGELSA), cuyos propietarios incluyen al empresario Emin Jorge Abufele Marcos, quien también tiene acciones en la Sociedad Eléctrica Mesoamericana Sociedad Anónima de Capital Variable (SEMSA) que maneja la hidroeléctrica de Mezapa, que al igual que Jilamito se encuentra ubicado en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida.
Sobre la salida del financiamiento de DFC, INGELSA dijo a VICE que seguirán adelante, asegurando que «estaban construyendo el proyecto Jilamito» y apuntaron que tienen un récord de «hacer cambios positivos en las comunidades rurales».
El proyecto que inició hace unos 15 años, cuenta con una fuerte oposición por parte de los pobladores de las poblaciones aledañas pues el municipio de Arizona cuenta con al menos dos hidroeléctricas más sin que el precio de la energía disminuya y dejando únicamente el río Jilamito como fuente de agua para dieciséis comunidades.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que acompaña a los pobladores en la defensa del río Jilamito, se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y Latin America Working Group, para presionar el retiro de financiamiento de la DFC a la represa Jilamito.
Los legisladores demócratas, encabezados por la congresista Ilhan Omar, también pidieron a la agencia que abandonara el proyecto. “Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar.
Proud of organizers who made this win possible! 👏🏽
We should be promoting human rights, environmental protections, and community consultation abroad. Period. https://t.co/E0kLIN9swX
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) May 27, 2021
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El respaldo inicial de la DFC y el BID, anunciado el año pasado, restó importancia a la evidencia de resistencia local y las amenazas generalizadas de violencia que enfrentan los ambientalistas en Honduras. Global Witness, una ONG internacional que rastrea las amenazas a los activistas de todo el mundo ha calificado a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, compartió VICE.
La publicación destaca que el asesinato de Berta Cáceres, quien había ganado el Premio Goldman, un premio internacional para activistas de base demostró que ni siquiera el reconocimiento mundial era suficiente para proteger a los defensores de la tierra en Honduras. El gerente de la empresa que está detrás del proyecto de la presa contra la que luchó enfrenta juicio por considerarle uno de los responsables en la planificación de su asesinato.
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Además de la oposición de los pobladores, la criminalización de al menos cinco de sus protectores y la violencia generada por la imposición del proyecto, VICE subraya que en la decisión de la DFC pudieron haber pesado preocupaciones referentes a uno de los principales accionistas de INGELSA.
El padre de Emin Abufele, Emin Abufele Salomón, propietario minoritario de HERMACASA, podría haber despertado señales de alerta. De acuerdo con lo publicado por VICE, en 2003, diplomáticos recomendaron se les negara el ingreso a Estados Unidos a Abufele Salomón y a Omar Abufele Salomón, otro propietario minoritario de HERMACASA, supuestamente porque «participaron en un patrón y prácticas financieras fraudulentas» que involucraban a un banco hondureño.
VICE contactó a Simonds International, fabricante de herramientas de Massachusetts, que controla al menos el 40% de las acciones de HERMACASA. El presidente de Simonds Saw, David J. Miles respondió por medio de un correo electrónico que la oposición al proyecto era política, «sin mérito» y que se encontraban en pláticas para «buscar el mejor camino a seguir, en función del clima de inversión actual».
El artículo finaliza destacando que, con un triunfo en su lucha contra la hidroeléctrica, la oposición continuará. «La gente de Arizona no quiere más migajas, ni mentiras, ni promesas incumplidas», dijo en un correo electrónico el coordinador de investigación del MADJ, Juan Antonio Mejía Guerra, refiriéndose al proyecto de agua potable propuesto por INGELSA. «Arizona ha decidido que el agua del río Jilamito debe ser exclusivamente para consumo humano».
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En febrero de este año, Criterio.hn publicó una serie de reportajes de profundidad en los que se retrató la lucha y la criminalización que enfrentan los defensores del río Jilamito desde 2015. En el primero titulado: «Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras», se ahondó en cómo el proyecto fue impuesto a través de la manipulación de un cabildo abierto pese a la oposición de la población.
En el artículo «Proyecto Hidroeléctrico Jilamito: un entramado del poder económico» se profundizó en cuáles son las empresas nacionales e internacionales ligadas al proyecto, así como quiénes dirigen las mismas y cómo se relacionan con otros proyectos hidroeléctricos de la zona. También se escudriño en los orígenes de la adjudicación de los proyectos hidroeléctricos Jilamito y Mezapa, y la relación del golpe de estado como detonante en la concesión a terceros de los recursos hídricos de Honduras.
Finalmente, en «Jilamito: un proyecto extractivista patrocinado por la cooperación internacional» se detallaron los montos proporcionados por los financistas internacionales del proyecto y por qué el departamento Atlántida, así como la cuenca del Caribe hondureño, se han convertido en regiones apetecibles para la generación hidroeléctrica bajo la falsa promesa de energía renovable y desarrollo, sin tomar en cuenta el alto grado de conflictividad que generan.
