Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa.- Diez organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron recientemente una carta conjunta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, para solicitar el retiro del Coronel Ramiro Fernando Muñoz, del cargo de Comisionado Presidente de la Comisionado Interventora del Sistema Penitenciario Nacional por los desaciertos que ha tenido durante su gestión.
Dentro de estas acciones denunciadas destaca: la preocupación de familiar de privados que han expresado angustia tras la gestión de Muñoz, “muchos familiares han compartido con nuestras organizaciones la angustia que les ha causado la brutalidad de los agentes de la policía militar del orden público que dirige actualmente el coronel Muñoz”, reza el texto.
El texto argumenta que Muñoz ha “echado en saco roto”, las recomendaciones que se han hecho en temas de derechos humanos, enumerando ocasiones por diversos sectores y organismo respecto al respeto a los derechos de la privados de libertad mismo que van en contra de la prohibición de la tortura, aunado que el no seguirlas representa un claro daño a la imagen del país y de la presidenta Xiomara Castro.
“Nuestro propósito al peticionar la separación del coronel Muñoz obedece estrictamente a la intención de evitar que la condición de alto riesgo de violencia inherente a su personalidad lo lleva a causar daños letales a personas privadas de libertad”, cita la carta.
No es la primera vez que organizaciones defensoras de derechos humanos hacen ese llamado, para el caso, en agosto del presente año organizaciones denunciaron a Muñoz por ser responsable de las denuncias de tortura y vejámenes a privados del liberad en los centros penales.
Las cuales este rechazó de manera contundente: “lo que estamos haciendo nosotros es que se respete la autoridad”, expresó en esa ocasión al tiempo que pidió a los defensores que presentarán pruebas de los supuestos abusos cometidos contra los privados de libertad en los centros penales.
En fecha reciente se filtró un audio en el cual se escucha al comandante Muñoz dirigiendo insultos y amenazas ante un subalterno que supuestamente había apuntado su arma contra él, al punto que refirió que en otras circunstancias ya estaría “encostalado”, refiriéndose al acto que se conoce como asesinarlo.
En su defensa, Muñoz salió al paso ofreciendo disculpas y aclaró que no se está violentado el procedimiento de seguridad de ninguna persona ni del subalterno ni de la familia de este, al tiempo que reiteró que las palabras surgieron luego que este cargo su arma contra él. “El problema de él fue que cargó su fusil, ¿por qué cargó su fusil? cuestionó en comparecencia pública.
INVESTIGACIÓN DEL MP
A criterio del director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, la petición por parte de las distintas organizaciones tiene que ir en sintonía con una investigación realizada por el Ministerio Público y no por las Fuerzas Armadas (FF. AA).
Acevedo opinó que la decisión más conveniente que podría realizar el coronel Muñoz, “es hacerse a un lado mientras se realiza la investigación del caso de la amenaza o de cualquier otro caso”, expresó en entrevista con Criterio.hn
En este sentido, destacó que si es necesario que se realice una investigación porque y se tomen decisiones porque ese será un mensaje que se le enviará a otras autoridades castrenses que no se permitirá ningún tipo de abuso
En tanto, si no se toman ninguna acción por parte del gobierno sería mostrar que no existen avances en la materia, y que no existe voluntad a la protección de derechos de los privados en el país, “se evidenciará que no hay ningún tipo de compromiso porque toda su existencia está bajo la responsabilidad del Estado”. Expresó Acevedo.
RETROCESO
A criterio de la integrante de la integrante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Bessy Almedares, opinó en entrevista con Criterio.hn que la militarización es un claro ejemplo del retroceso que existe en cuanto al manejo penitenciario, debido a que volver a esa práctica es un claro ejemplo que no se están promoviendo las medidas integrales.
Lo anterior suena debido a las constantes quejas que ha recibido por parte de familiares privados de libertad, cuando enfatizó que las leyes indican que no deberán ser los militares los que asuman en las funciones debido a que ellos están entrenados para matar.
“Ya se ha visto las contradictorias, cuando anuncian las muertes en los centros penitenciarios, dicen como que todo fue un accidente, cuando ya se sabe que los militares están entrenados para matar”, expresó la entrevistada.
Ante ello mencionó la urgencia de la creación de una unidad para que se investigue específicamente las muertes violentas, y aplicando el protocolo de Minnesota el cual refiere a la minuciosa investigación de muertes potencialmente sospechosas o ilícitas.
Se recuerda que, desde el 21 de junio, el comandante de las Policía Militar de Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, está al frente de una intervención en los 21 centros penitenciarios del país, la decisión se tomó luego que el 20 de junio se suscitará una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la cual perdieron la vida 46 privadas de libertad.
