Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) reiteró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que para alcanzar una verdadera justicia, es necesario investigar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la cancelación de la ilegal concesión sobre el río Gualcarque.
La reunión fue sostenida ayer jueves, en el marco de la visita protocolar que realiza la CIDH a Honduras. La gira de la delegación es liderada por el comisionado Stuardo Ralon, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, y el equipo técnico que los acompaña.
Desde el Copinh junto al pueblo Lenca, se hizo hincapié en la necesidad de implementar medidas de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y medio ambiente en Honduras. Esto habría resultado, según el Copinh, en acuerdos con la CIDH y el Estado para garantizar la protección de los derechos de quienes defienden los territorios, bosques y ríos.
Las comunidades de Río Blanco, San Francisco de Opalaca, Colomoncagua, Montaña Verde, Lempira, y San Francisco, organizadas bajo el Copinh, participaron en la jornada “reiterando la necesidad de cancelar la ilegal concesión sobre el río Gualcarque y del proyecto ‘Agua Zarca”, el cual violentó los derechos de la población Lenca de Río Blanco para beneficio de un grupo económico del país.
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La reunión sostenida entre el Copinh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizó en la víspera del cumplimiento de 78 meses del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, quien enfrentó al poder económico ante la instalación ilegal e inconsulta del proyecto hidroelectrico Agua Zarca a cargo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA).
“78 meses de lucha contra la impunidad e injusticias en Honduras, de construir lazos de solidaridad y caminar con Berta, hacia la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos”, publicó el Copinh este viernes desde sus redes sociales.
Desde el Copinh se señaló que no habrá justicia hasta que se cancele la ilegal concesión sobre el río Gualcarque y se capturen a los responsables del asesinato. “Seguimos y seguiremos luchando incansablemente para que haya una verdadera justicia para Berta”, leyó la publicación.
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Entre el 25 de julio y el 22 de agosto se desarrolló el juicio conocido como Fraude sobre el Gualcarque, que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en Intibucá, ligado al asesinato de la lideresa ambiental, Berta Cáceres en marzo de 2016.
Los imputados en el caso por los delitos de uso de documentos públicos falsos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones, son: Roberto Aníbal Martínez Lozano, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); Carolina Lizeth Castillo Argueta, entonces presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE; los técnicos Luis Eduardo Espinoza Mejía y José Mario Carbajal Flores; y Raúl Pineda Pineda.
Así como Roberto David Castillo Mejía, un subteniente de inteligencia militar quien fungió como funcionario público durante la intervención militar a la ENEE y ex director de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., quien fue sentenciado a 22 años y 6 meses tras ser declarado culpable de ser coautor en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
El caso Fraude Sobre el Gualcarque fue armado por la fenecida UFECIC-MACCIH en marzo de 2019, a partir de las denuncias presentadas en su día ante el Ministerio Público por la lideresa indígena lenca y ambientalista Berta Cáceres, asesinada hace seis años y cinco meses.
A inicios de agosto rindió testimonio en el juicio Fraude Sobre el Gualcarque, el empresario y banquero, Jacobo Nicolás Atala Zablah, quien mostró una serie de contradicciones en los tiempos referidos entre el momento en que conoció a David Castillo, el estudio del análisis financiero y el momento en que la familia Atala Zablah decidió invertir en la empresa DESA, entre otros.
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La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalizó este viernes su visita protocolar a Honduras. Durante la cual sostuvo reuniones con organizaciones defensoras, quienes pusieron en conocimiento de la entidad temas relacionados a la impunidad, criminalización y violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas.
