Copinh denuncia que el MP no ha analizado prueba que tiene desde mayo de 2016 en caso de Berta Cáceres

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Consejo Coordinador de Organizaciones Populares y de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), denuncia que el Ministerio Público no ha analizado las pruebas que tiene en su poder desde mayo de 2016.

A menos de un mes del primer juicio oral y público por el asesinato de Berta Cáceres, la Fiscalía del caso declara que no ha analizado elementos de prueba, como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras, aparatos que fueron recolectados en los allanamientos realizados eles imputados y de las oficinas de DESA desde hace más de 2 años.

Según el Copinh la actuación del Ministerio Público, que encabeza de Oscar Chinchilla, resulta inadmisible para un proceso investigativo de interés nacional como lo declararon las autoridades desde un inicio y que, además, ha tenido el respaldo de la embajada de los Estados Unidos.

Señalan que esto se suma a las irregularidades que el Copinh y familiares de Berta Cáceres han denunciado desde el inicio del proceso penal y que han resultado en que se violenten los principios de legalidad, debido proceso y debida diligencia y aún más el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia.

La comunicación del Ministerio Público, llega una semana antes de la audiencia de proposición de pruebas programada para los días 23 y 24 de agosto y a pocos días del juicio anunciado públicamente para el mes de septiembre del 2018.

Lo que significa que el juicio de los ocho imputados relacionados con la autoría material del asesinato de Berta Cáceres,  sin que el Ministerio Público haya analizado toda la prueba, deja en una clara situación de desventaja a las víctimas del caso dice el comunicado.

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Ante este contexto, el Copinh ha invitado a una conferencia de prensa mañana miércoles 22 de agosto a las 10:30 am en Centro Loyola (Avenida República de Chile) para abordar las irregularidades del proceso y los obstáculos en la garantía del derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, particularmente frente a las audiencias próximas.

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