Antes del 1 de septiembre de 2023, Honduras deberá contar con un nuevo fiscal general, que sustituirá al cuestionado Óscar Chinchilla

Tegucigalpa, Honduras- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, convocó a la Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2030.

Por medio de un video difundido a los medios de comunicación la titular del Poder Judicial realizó el llamado a las organizaciones que integrarán la Junta Proponente, para que designen o elijan a sus representantes ante esta instancia.

En su comparecencia la presidenta del Poder Judicial informó que se ha realizado un análisis jurídico, cuyas conclusiones señalan que ante la carencia de un procedimiento especificó para la elección del representante de sociedad civil dichas organizaciones deben acreditar a su representante con base a los lineamientos del artículo 6 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Con base a lo anterior, la Junta Proponente deberá estar integrada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de un magistrado designado por el pleno; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a través de su titular; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un representante de las universidades privadas; un representante del Colegio de Abogados de Honduras y un representante de la sociedad civil.

En virtud de que la Ley Orgánica del Ministerio Público no prevé la designación de un representante de sociedad civil, Rafael Jerez, oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), aconsejó que se le dé un mayor análisis a este tema, aunque celebró la convocatoria.

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EL PROCESO DE ELECCIÓN

Las acreditaciones de cada participante deberán enviarse antes de la medianoche del 22 de mayo a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Antes del 1 de septiembre el Congreso Nacional tendrá la tarea de elegir, de los cinco candidatos que envié la Junta Proponente, a las nuevas autoridades del Ministerio Público, pero ¿será esto posible ante una cámara de diputados divida?

Desde hace varias semanas en el Poder Legislativo se vienen aprobando una serie de decretos poco trascendentales ante la falta de diálogo y consensos en ese poder del Estado que ha impedido la aprobación y derogación de leyes de vital importancia que requieren de la mayoría calificada de los votos, es decir, del respaldo de 86 congresistas.

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TRIPARTIDISMO BUSCARÁ NUEVO CARGO DE ELECCIÓN EN EL MP

Para llegar a un acuerdo y elegir a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los tres partidos mayoritarios (Partido Libre, Nacional y Liberal) firmaron un acuerdo en el que se estableció reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Aunque el acuerdo no detalla las reformas, se rumora que se prevé llevar a elección a la Dirección de Fiscalía. De esta manera se estarían eligiendo tres cargos para adecuar la elección a los tres partidos mayoritarios.

Inicialmente la bancada de Libre promovió la elección de un segundo fiscal general adjunto, aunque esta intención se menguó con el paso de los días y en la actualidad se habla de elevar a elección la Dirección de Fiscalía. No obstante, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el nombramiento de este cargo pasa por una decisión del fiscal general.

Dentro de este nombramiento siempre ha estado presente el componente político-partidario. Por ejemplo, antes de la llegada del actual director de fiscales, Óscar Chinchilla había nombrado a dos abogados de filiación nacionalista en dicho puesto, Rolando Argueta, que se desempeñó entre 2013 y 2016, y José Arturo Duarte, que actuó entre 2016 y 2018.

El actual director de fiscales, José Mario Salgado, fue nombrado el 23 de marzo de 2018.

La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto poseen un rango constitucional y que, por lo tanto, su designación requiere una elección de segundo grado que efectúa el Congreso Nacional, requiriéndose la mayoría calificada, es decir, 86 votos.

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REELECCIÓN DE CHINCHILLA VIOLENTÓ PROCESO

El 29 de junio de 2018 el actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, fue reelecto en su cargo pese a que no se presentó al proceso de selección, violentando de esta manera la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La elección se dio luego de un arreglo entre el bipartidismo, integrado, en aquel entonces, por los partidos Nacional y Liberal. En ese momento el oficialista Partido Nacional encausó la candidatura de Óscar Chinchilla y el Partido Liberal acuerpó a Daniel Arturo Sibrián Bueso.

Óscar Chinchilla fue reelecto gracias al voto de 88 diputados de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y de dos partidos minoritarios. La votación contó con 38 votos en contra de los partidos Libre, Pinu, el diputado liberal, Ángel Darío Banegas y del único diputado del Partido Anticorrupción (PAC) Osman Chávez. Asimismo, con dos abstenciones.

Previo la elección, 92 diputados de los cuatro partidos políticos, que apoyaron la elección, firmaron un acta mediante la cual asumieron dicho compromiso. Sin embargo, al final solo 88 se mantuvieron firmes al votar en la línea pactada y se logró la mayoría calificada (86).

La moción sobre la nominación de Chinchilla y Sibrián Bueso fue presentada por el diputado de la Democracia Cristiana, Felicito Ávila.

En el pasado la oposición política promovió, en diversas ocasiones, un juicio político contra Óscar Chinchilla por su inacción ante la corrupción de los gobiernos nacionalistas que sostuvieron el poder entre 2010-2022. Pero, sobre todo por sus nexos de amistad con el presidente Juan Orlando Hernández, de hecho, el narcotraficante confeso y que guarda prisión en Estados Unidos, Geovanny Fuentes Ramírez, confesó en el juicio que se le dictó en Nueva York, que Hernández le había confesado que colocó en el cargo de Fiscal General a Óscar Chinchilla para que protegiera las actividades del narcotráfico. El juicio político nunca prosperó porque no se logró catalizar 86 votos, que se requieren para ese propósito.