Tegucigalpa.- Denuncias, huelga, movilizaciones, nada parece llamar la atención del Departamento de Estado y su contratista B.L. Harbert, que después de tres meses continúan ignorando las exigencias de más de mil trabajadores en la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en la capital hondureña.
Las demandas de los obreros son condiciones de trabajo seguras, seguridad laboral y una compensación justa conforme a la ley laboral hondureña, sin embargo, sus voces siguen sin ser escuchadas e incluso se ha despedido a 100 de los trabajadores más activos, según denunció el Comité Internacional de DSA (Socialistas Democráticos de América).
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Como una forma de amplificar las voces de los obreros, la DSA organizó el domingo 23 el evento virtual “Obreros Contra El Imperio: Voces de la Huelga en la Embajada Estadounidense”.
En el evento participaron Adolfo Álvarez, obrero de la construcción de la embajada y vocero del Comité de huelga en Tegucigalpa; Carlos H. Reyes, activista laboral del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS); la doctora Adrienne Pine, antropóloga especializada y activista de la Red de Solidaridad con Honduras; y Brigitte Gynther, coordinadora de Programas e Investigación de School of the Americas Watch.
EMPLEADOS NO TIENEN DERECHOS LABORALES ASEGURADOS
A mediados de septiembre, el Comité Internacional de DSA publicó una declaración de apoyo a los empleados en huelga contra el contratista de prisiones B.L. Harbert y la oficina de Operaciones de Edificios en el Extranjero del Departamento de Estado.
En el documento denunciaron la contratación bajo la clasificación de empleo por horas, lo que redujo los salarios de los obreros, y les negó la seguridad laboral a la que tenían derecho bajo la ley hondureña. Así como la imposición de un nuevo contrato ilegal que también les vedo seguridad laboral, salarios y beneficios garantizados por el Código Laboral de Honduras.
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La constructora B.L. Harbert mantiene la negativa de brindar atención médica adecuada o compensación a los múltiples trabajadores que sufrieron lesiones graves, incluida la amputación de dedos, daños en la columna vertebral y nervios, ocurridos en el lugar de trabajo.
Desde la DSA señalaron que además de los despidos ilegales y la negación de salarios contractuales por parte de B.L. Harbert, la respuesta a las protestas pacíficas y a las demandas legitimas ha sido la criminalización de los trabajadores, la militarización del lugar de empleo, “poniendo a los trabajadores y sus familias en un peligro aún mayor”.
Siempre en septiembre, organizaciones denunciaron que la Secretaría del Trabajo se negó a recibir la carta dirigida a la titular de dicha institución, Sarahí Cerna, presentada por los empleados de la constructora B.L. Harbert. En la misiva los trabajadores solicitaban la intervención directa de Cerna como mediadora en el conflicto colectivo.
