Piden dar prioridad a “resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria”.
Foto portada: desalojo en la aldea o cooperativa Chapagua, Trujillo, Colón. Foto: Madj
Tegucigalpa.- Ante las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, entre estas los desalojos que están siendo ejecutados, organizaciones relacionadas a la temática constituyeron el Bloque Popular Campesino e Indígena.
En su anuncio exigieron un alto a las violaciones al derecho a la tierra. A la vez que argumentaron la creación del bloque en respuesta al sufrimiento que viven los sectores campesinos e indígenas ante la política de intervención en el agro instaurada por el gobierno en el marco de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
“Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente”, argumentaron.
Asimismo, remarcaron que entre sus finalidades está demostrar que el sector campesino e indígena tienen elementos de legalidad para reivindicar su derecho a la tierra, y que en cambio son los gobiernos los que han querido desconocerlos.
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No ignoraron que existen grupos campesinos e indígenas que no poseen un título formal de su territorio, sin embargo, sostuvieron que “tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar su derecho a la tierra”.
RECHAZAN URGENTE INTERVENCIÓN EN EL AGRO POR COMISIÓN AGRARIA
Las organizaciones rechazaron “que la tan urgente intervención en el agro a partir de la Comisión de Seguridad Agraria” fuese el “desalojo de miles de familias campesinas e indígenas”, justificando “salvaguardar la gobernabilidad del país”.
“Desde ya les exigimos que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, no provoquen al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país”, advirtieron.
A inicios de junio, la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, iniciativa que nació en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Debido al carácter militar y policial de la misma, el anunció causó alerta entre las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio.
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En su Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, la presidenta Castro prometió la derogación de la Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aprobado durante el régimen de Hernández, puesto que la misma subordina todos los poderes del Estado al Poder Ejecutivo, lo cual evita el funcionamiento adecuado de los contrapesos por parte de los otros poderes. Esta promesa no se ha concretado mediante derogación de la ley en el Congreso Nacional.
PRIORIDAD DEBE SER RESOLVER CONFLICTOS DE LEGITIMIDAD EN TITULARIDAD DE LA TIERRA
En su comunicado, las organizaciones campesinas e indígenas exigieron que la prioridad de trabajo de la Comisión de Seguridad Agraria sea investigar y “resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas”.
De igual forma, hicieron un llamado a la institucionalidad pública en materia de derechos humanos a no participar únicamente como “observador de desalojos”, remarcando que “su participación es indispensable” para “asegurar la defensa del derecho a la tierra, pero también es obligatorio que, se asegure que todos los desalojos deben tener una alternativa de reubicación, como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos”.
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Finalmente, convocaron a organizaciones campesinas e indígenas de toda Honduras a unirse al Bloque Popular y participar el próximo viernes 7 de julio en Tegucigalpa en la definición de las líneas generales de trabajo y hacer frente al pacto entre gobierno y grupos empresariales.
Entre las organizaciones que integran el Bloque Popular Campesino e Indígena están: el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); la Plataforma Agraria del Aguán; la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC), el Movimiento de campesinos y campesinas sin Tierra de Yoro; y el Consejo Directivo de la Tribu de San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.
De igual forma, se incorporan: el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz MILPAH); la Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA); Sector Tacamiche; el Colectivo Maya Chortí de afectados por Minosa; y la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).
Honduras pasa por un conflicto agrario, profundamente evidenciado en el norte del país donde hasta el 30 de junio se contabilizan las muertes violentas de al menos catorce personas ligadas de forma directa o indirecta a la defensa de la tierra, territorio y ambiente. De estas, nueve corresponden a la zona del Bajo Aguán.
