Por: Edmundo Orellana Mercado
El problema ocurrido en la UNAH es consecuencia, entre otros factores, de la ausencia total de políticas públicas en esta materia.
La educación debe comprender el conocimiento de lo que local y globalmente se exige de una persona para ser consciente de su realidad económica, social, política y cultural, y para insertarse en ésta provisto de las herramientas que le permitan contribuir activa y responsablemente en su dinámica.
La educación es un proceso que se inicia en el nivel primario y concluye en el nivel superior. Su abordaje, entonces, debe ser integral. Para ello, debe identificarse un centro desde el que dimanen las directrices, se fijen metas y objetivos, y se comprometan recursos para alcanzarlos, en cada nivel de ese proceso.
Nuestra legislación, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, diseña una estructura organizativa y funcional que responde a ese modelo. En su vértice se encuentra un órgano que formula políticas, cuya aplicación vigila y evalúa el mismo, presidido por el Presidente de la República e integrado por los organismos responsables de los niveles en los que se distribuye el sistema educativo.
Esa es la instancia competente para uniformar, en los respectivos niveles, las reglas académicas, cuya aplicación es responsabilidad de los órganos superiores de cada nivel. Rigen para todos los organismos y para todos los educandos.
Al Ministerio de Educación compete aplicarlas en los niveles primario y secundario, con las adecuaciones que correspondan y, según la ley secundaria, al Consejo de Educación Superior corresponde aplicarlas en el nivel superior, no obstante que la Constitución confiere esta competencia a la UNAH, consecuencia de la concepción, prevaleciente en nuestro país, en el sentido de que la Constitución es una ley más, susceptible de ser reformada por leyes secundarias y hasta por sentencias del tribunal constitucional.
Este diseño, sin embargo, funciona parcialmente, porque el órgano central no se reúne y no toma decisiones, evidencia de que no se aborda integralmente la educación. No debe sorprendernos, entonces, que en los niveles primario y secundario se adopten decisiones sin conexión con el nivel superior, y a la inversa. No existen políticas generales ni reglas para aplicarlas, mediante las cuales se concreten los valores y principios de nuestra educación.
Si el sistema educativo hubiese estado funcionando, la aplicación de las normas académicas en la UNAH no habría encontrado resistencia.
Por otro lado, la educación se aborda desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo. De ahí, la preocupación del Ministerio de Educación por los días clase, no por los contenidos de la enseñanza, actitud que nos coloca muy distante de otros países de la región, como es el caso de Costa Rica, que, según la UNESCO, en el 2010 nos llevaba 100 años adelante, en educación.
Lo ocurrido en la UNAH debe llamarnos a la reflexión sobre la situación de la educación y sobre la necesidad de las reformas académicas que exige la realidad global en que estamos insertos. Se necesita el funcionamiento del sistema educativo y también la revisión de los contenidos del conocimiento que transmitimos a nuestros niños y adolescentes, para verificar que estamos preparándolos para asumir, con responsabilidad y compromiso social, sus derechos y deberes ciudadanos, y capacitándolos para posicionarse en la sociedad con el conocimiento de su realidad, local y global, y de sus respectivas disciplinas, para participar competitivamente en el mercado laboral.
Mientras esto no suceda, cualquier reforma académica en el nivel universitario, que exija más de lo que demandan los niveles precedentes, corre el riesgo de fracasar estrepitosamente.
