Conozca el desarrollo del caso contra Marco Bográn

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- Las acciones del Ministerio Público contra Marco Bográn Corrales, ex director de Inversiones Estratégicas de Honduras, INVEST-H, siguen líneas de investigación por denuncias contra los entes a cargo del manejo de recursos para enfrentar la pandemia de Covid19, que comenzaron el 4 de abril con compras presuntamente sobrevaloradas por la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, en ese entonces a cargo del diputado Gabriel Rubí.

A pesar de los requerimientos fiscales contra Bográn Corrales y uno de sus colaboradores tanto las denuncias de las organizaciones de sociedad civil que las han formulado, como las pesquisas y acciones judiciales del Ministerio Público en torno a Bográn Corrales y Rubí, no tocan a este último, postulado a la reelección a una curul por su departamento en el  movimiento Juntos Podemos, de Mauricio Oliva, ni a las arenas del titular del régimen, que controla todas las instancias y poderes del Estado.

El 11 de marzo, a pedido del poder ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó 643 millones de lempiras para compra de insumos y equipos; dos días después sancionó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los Efectos del Coronavirus, para disponer de 420 millones de dólares adicionales para construir más de 90 centros de salud, contratar personal y habilitar una plataforma electrónica.

Días después al menos seis investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA) y dos más por la Asociación para Una Sociedad Más Justa, (ASJ), arrojaban nuevas luces sobre el manejo del presupuesto para la pandemia por un monto de 441 millones de dólares.

Sin embargo, ninguno de los señalamientos del CNA como de la ASJ apuntaban al titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández Alvarado, ya que tanto INVEST-H como COPECO, dependen directamente de Casa Presidencial.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC), comenzaron sus pesquisas el 4 de abril por compras irregularidades de percoladoras, televisores y mascarillas, entre otros, por COPECO.

El 12 de abril la Ministra de Finanzas, Rocío Tabora, dijo que Rubí está obligado a aclarar la adulteración de precios en esas compras. El 21 de abril, a 104 días de la pandemia Casa Presidencial separa a Rubí de COPECO.

El 27 de abril el CNA presenta el documento «La corrupción en tiempos del Covid-19», que detalla cómo INVEST-H adquirió mascarillas a precios presuntamente sobrevalorados en 57.5 millones de lempiras.

El portal de la Secretaría de Finanzas reporta el 15 de abril la última actualización de ejecución presupuestaria por L. 2 mil 949 millones 140 mil 464 con 40 centavos, de los que INVEST-H ejecutó 1 mil 846 millones 755 mil 893 lempiras con 50 centavos. El monto del portal de transparencias de INVEST-H de fondos ejecutados mostró una diferencia de L. 192 millones 039 mil 906 lempiras con 04 centavos, según el CNA.

Entre estas figuran la compra de 250 mil mascarillas N95 y descartables, a 140 lempiras cada una; el 8 de abril adquiere 474 mil mascarillas al Grupo GyT, por 50 millones 863 mil 500 lempiras, de la cual la diputada Waleska Zelaya y su pareja, Juan José Lagos Romero, eran socios y presidente, respectivamente. Comparados con compras vía fideicomiso de la Secretaría de Salud, las de INVES-H muestran una diferencia de 44% en perjuicio del Estado.

El 18 de mayo un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela deficiencias e imprecisiones en decisiones rápidas, falta de penalidades en entrega tardía de productos comprados y ausencia de un plan maestro para enfrentar la pandemia. Un segundo informe de ASJ, del 24 de junio, documenta la compra de hospitales móviles por L.50 millones arriba del valor de mercado a un proveedor tipo USB.

El 27 de junio el Consejo directivo de Invest-H, pidió al Poder Ejecutivo destituir a Bográn, ante sonadas denuncias de corrupción que agudizan la situación sanitaria del país, seriamente afectado por el coronavirus.

El 3 de agosto el CNA presenta al Ministerio Público denuncia criminal contra Bográn y el contratista en la compra de 7 hospitales móviles, el guatemalteco Axel López, por delitos de abuso de autoridad y fraude, por un monto de 47 millones de dólares, unos mil 200 millones de lempiras.

Arrecian denuncias de galenos, Colegio Médico de Honduras y el CNA, de deficiencias e incumplimiento de plazos de entrega de siete módulos hospitalarios, que muestran falta de ventiladores mecánicos y nebulizadores usados.  

El miércoles, 19 de agosto, a tempranas horas Iris Ordóñez, funcionaria especialista en compras y adquisiciones de Invest-H, declara ante agentes de la ATIC por compras de esos insumos de bioseguridad presuntamente sobrevalorados.

Atribulada por los nervios y hermética la dama no quiso hablar pese a que tuvo espacio para defenderse, pero prefirió callar.

El 25 de agosto el Director de Administración de la Secretaría de Salud, César Raymundo Barrientos Palada, es interrogado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, (FETCCOP) y la ATIC, por la supuesta compra/venta irregular de 474 mil mascarillas valoradas en 50 millones 836 mil 500 lempiras.

Un día antes y por espacio de cinco horas había comparecido el Administrador de INVEST-H, Alex Alberto Moraes, que hoy a pedido de la Fiscalía fue detenido después de que el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa emitiera una orden de captura en su contra.

A esa fecha eran ya 11 los ciudadanos a los que se les tomó declaración, entre empresarios y funcionarios públicos.

Entre los investigados figuran el empresario Juan José Lagos y su esposa la congresista del Partido Nacional Waleska Zelaya, propietario y accionista, respectivamente del grupo Gestión y Tecnología, (GyT) .

Como testigos comparen el dueño de la empresa intermediaria GERMAR Ferretería, German Palacios y su administradora e hija María Elena Palacios; en agosto habían rendido testimonio Olivia Renee Morales Gutiérrez, del Departamento de Licitaciones; y la doctora en economía, Xiomara Roxana Rivera, ambas de la Secretaría de Salud.

Asimismo, lo hicieron el apoderado legal del Grupo GyT, Héctor Holderlin Banegas Velásquez; Irma Espinal, del Departamento de Compras y Adquisiciones, e Ingrid Ordóñez, Directora de Adquisiciones, ambas funcionarias de INVEST-H.

A más de 60 días de que dos de los siete hospitales móviles para atender la pandemia de COVID-19 llegaran al país, los mismo aún seguían en etapa de instalación. Dos de los módulos restantes partieron la primera semana de septiembre de Estambul, su llegada se prevé a finales de ese mes, según Invest-H.

Trascienden imágenes y denuncias de facturas falsificadas hechas a mano, equipo usado y vencido, tiempos expirados y cláusulas de entrega incumplidas, como parte de las líneas de investigación en la compra de los hospitales.

El 30 de septiembre comparece a declarar ante la ATIC, Marco Bográn, y tras varias horas de espera un grupo de ciudadanos molestos e indignados por la corrupción en INVEST-H reclaman vindicta pública lanzándole huevos y tomates, siendo resguardado por una pariente que lo acompañaba.

El 5 de octubre el Ministerio Público emite una orden de captura contra Bográn y de Moraes, acusado de malversación de caudales públicos por gastos irregulares al mandar a cumplir cuarentena a varios de sus empleados de INVEST-H a un lujoso hotel de la capital, mientras persiste la impunidad en los casos más graves cuyas ramificaciones tocan las puertas de Casa Presidencial y son los más sensibles para la población que no cesa de preguntar… ¿Dónde está el Dinero? El pueblo lo exige.