Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Pese al carácter coercitivo que las ordenanzas gubernamentales, sobre la restricción de movilidad ciudadana, han representado contra los derechos humanos, en el Congreso Nacional se volvió a ratificar la suspensión de las garantías constitucionales.
La suspensión de las garantías constitucionales ha sido adoptada desde inicio de la pandemia, supuestamente, para prevenir la propagación de la Covid-19 que en Honduras en menos de cinco meses ya registra 38,084 casos, según los datos oficiales.
Con todo, el Congreso Nacional siguiendo la orden del Poder Ejecutivo, en su sesión virtual de ayer jueves ratificó la prolongación de la restricción de garantías constitucionales contenidas en los decretos Ejecutivos: PCM-063-2020, PCM-068-2020. PCM-072-2020 Y PCM-73-2020.
En su artículo 1, la decisión legislativa ratificó prolongar en el Decreto Ejecutivo PCM 063-2020, las medidas de restricción a derechos fundamentales y disposición especial para el municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés. Así como en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Lempira, Colón, Olancho, Choluteca y Atlántida.
Luego, en su artículo 2, la ordenanza legislativa ratificó ampliar la restricción que en el Decreto Ejecutivo PCM 068-2020, refieren sobre las medidas que dan los derechos fundamentales.
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Entre los derechos nuevamente suspendidos, figuran la cancelación de las libertades individuales, la libertad de asociación, la libre circulación, la garantía constitucional que establece la inviolabilidad al domicilio de los ciudadanos.
Igualmente, en su artículo 3, la disposición legislativa ordenó prorrogar las medidas que en el Decreto Ejecutivo PCM 072-2020, que refieren sobre la restricción de medidas de restricción a derechos fundamentales y las reformas a las excepciones a los funcionarios del Estado para la aplicación de las restricciones de Garantías Constitucionales.
Mientras que en su artículo 4, la medida aprobada en el Legislativo, también ratificó en el Decreto Ejecutivo PCM 073-2020, la suspensión relacionada “a las medidas de restricción a derechos fundamentales, la autorización y limitaciones de la reapertura económica a nivel nacional”.
Durante el estado de emergencia, organismos de derechos humanos como el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), han reclamado a las autoridades hondureñas por priorizar en la aplicación de medidas coercitivas a costa de la suspensión de los derechos esenciales de la ciudadanía.
A juicio de los defensores, las autoridades gubernamentales argumentando evitar la propagación de la pandemia, han abusado de esa medida que además supone al mediano plazo eximir de responsabilidad a los cuerpos de seguridad del Estado, en caso que estos incurran en violaciones a los derechos humanos.
Y pese a la ordenanza de la suspensión de las garantías constitucionales dispuesta en marzo pasado cuando los contagios únicamente se concentraban en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa, la intención de esa orden no ha sido reflejada en la curva de contagios, puesto que la propagación de la Covid-19 se extendió en todo el territorio nacional; incluso en departamentos remotos de la geografía hondureña como Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
