Tegucigalpa.- En horas de la noche, el Congreso Nacional que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, aprobó la Ley de Condena al Golpe de Estado de 2009 y la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia que blindaría a exfuncionarios del gobierno del expresidente hondureño José Manuel Zelaya.
Con la llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre), que surgió en 2011 tras el golpe de Estado contra Zelaya, los congresistas de la facción que preside Redondo aprobaron dos leyes encaminadas a resarcir el daño y otorgar una amnistía a quienes hayan sido víctimas de persecución y enjuiciamiento desde junio de 2009.
La primera ley que se aprobó fue la Condena al Golpe de Estado, proyecto presentado por el diputado Rasel Tomé, quien solicitó aprobarlo en un solo debate con dispensa de los dos debates que establece la ley.
La normativa establece que se deroga el Decreto Legislativo aprobado por el Congreso Nacional de 2009 que impuso la defenestración de Zelaya y a Roberto Micheletti como su sucesor en la presidencia de Honduras.
De igual manera, se impide modificar o alterar los artículos constitucionales que rigen el periodo de gobierno, forma de gobierno y las prohibiciones para ser presidente a menos que sea mediante una consulta popular o convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
También, en memoria a los mártires del golpe de Estado, se establece declarar oficialmente la plaza pública frente al aeropuerto Toncontín con el nombre de Isis Obed, primer asesinado tras la crisis política el 5 de julio de 2009. Además, se erigirá un símbolo de lienzo con sus nombres y apoyar a familiares con programas sociales que garanticen su supervivencia en condiciones dignas.
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PACTO DE IMPUNIDAD EN MEDIO DE UNA AMNISTÍA
La segunda ley que se aprobó, también fue presentada por el diputado Tomé, en el que se otorga una amnistía a los presos y perseguidos políticos desde el 2009 hasta la actualidad, sin embargo, se adicionó un artículo que pretende blindar a los exfuncionarios de ese gobierno sindicados en actos delictivos.
El artículo 5, inciso A, establece que el decreto de amnistía beneficiaría a personas que figuraron como funcionarios, empleados y autoridades electas durante el periodo del 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009 contra quienes se les ejerció acción penal, están siendo procesados, tengan una sentencia firme o se encuentren en proceso de investigación.
Con lo anterior, queda en evidencia que bajo los beneficios otorgados a presos políticos se introdujo un pacto de impunidad que generaría mayor impunidad en la nación centroamericana.
Para el exfiscal de la república y actual ministro asesor enmateria de transparencia y corrupciòn del gobierno de Xiomara Castro, Edmundo Orellana ha señalado en su cuenta de Twitter que la aprobación de esta amnistía no es más que “un nuevo pacto de impunidad”.
Un nuevo “Pacto de Impunidad”. https://t.co/JPokpmFimz
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) February 3, 2022
El analista y abogado, Josué Murillo, en entrevista a Criterio.hn reaccionó a favor de otorgar amnistía en casos de perseguidos políticos, campesinos y defensores del ambiente criminalizados, no obstante, cuestiona que se pretenda beneficiar a implicados en actos de corrupción de la administración de Zelaya.
“Hay que tener mucho cuidado con estas leyes de amnistía porque han sido instrumentos para favorecer la corrupción y la impunidad. Es de tener un cierto balance y ser de una sola pieza. No podemos señalar acciones idénticas de una forma y de otra distintas solo porque la haga un nacionalista o alguien de Libertad y Refundación. Esto tuvo que ser sujeto de más análisis. Prometieron participación ciudadana y no hemos sido consultados”.
Asimismo, Murillo señala que continúan las viejas prácticas de sesionar en horas de la noche cuando se había prometido que esto acabaría al tiempo que reiteró que ya se han conocido diversos casos en el hemisferio en el que se aprueban amnistías para favorecer corruptos.
“Se está privilegiando posturas político partidarias y no recomendaciones internacionales y también la voz de las diferentes expresiones de sociedad civil que deberían participar en la construcción de este tipo de normas. Favorecer a gente política que no ha hecho bien las cosas en el pasado, no creo que sea la mejor forma de comenzar una legislatura”, añadió.
Según el diputado de Libre, Juan Barahona, las dos leyes pretenden evitar que los asesinados de hondureños en el marco del golpe de Estado y las crisis electorales de 2013 y 2017 queden en la impunidad.
Por su parte, el diputado Ramón Barrios asegura que es la rectificación democrática “tras un golpe certero contra la Constitución el 28 de junio”.
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EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA AMNISTÍA
La normativa aprobada por los congresistas enumera un rosario de delitos que serían perdonados como ser: abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, y falsificación de documentos públicos.
Lo anterior, refleja la impunidad que revestiría a quienes hayan cometido este delito durante ese gobierno situación que reprochó la diputada del PSH, Ligia Ramos, quien solicitó al pleno nombrar organismos internacionales que certifique quiénes serán los beneficiados con la amnistía.
“El espíritu de esta ley es dar amnistía a los presos y los que están siendo perseguidos. Desde 2009 hay presos políticos. Este decreto de amnistía es para resarcirles derechos a presos políticos en ningún momento este decreto es para darle impunidad a ningún delincuente”, señaló.
La presidenta de la comisión que revisó el dictamen, la diputada Silvia Ayala, detalló que será el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), liderado por la defensora de derechos humanos Berta Oliva, junto con la Secretaría de Derechos Humanos que preside, Natalie Roque, quienes extenderán una certificación que se trata de persecución política para aplicar la amnistía y no podrá ser invocado individualmente.
Para la reconocida abogada, Kenia Oliva, miembro del Bufete Justicia para los Pueblos y apoderada legal de los defensores del ambiente de Guapinol, es lamentable que se destine la certificación de los casos de presos políticos a una sola organización desconociendo otras organizaciones y personas que luchan por la defensa de los derechos.
“Me parece totalmente excluyente y hasta pretencioso que una sola organización (ONG) sea la que certifique quienes son los presos políticos, parecido sino es que igual que cuando el CODEH era la única que podía acreditar quienes eran las víctimas de los años 80. La ONG o mejor dicho su dueño, se aprovechó económicamente de esta situación. Que lastima que se desconozca el trabajo de otras organizaciones y personas que han estado en la defensa de sus derechos en este país”, reprochó.
Exfuncionarios como Enrique Flores Lanza, exsecretario de la presidencia en 2006, quien tiene orden de captura por extraer 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) para el proyecto de la consulta popular conocida como Cuarta Urna o Marcel Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) condenado a ocho años de prisión por delitos de abuso de autoridad y fraude durante su administración, incluso el propio diputado Tomé declarado culpable por el delito de abuso de autoridad cuando fungió como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) podrían ser favorecidos con la amnistía.
Cabe señalar que el Poder Legislativo de Honduras se encuentra sumergido en una crisis al instaurarse dos Juntas Directivas en paralelo, una al mando del diputado Redondo y la otra a cargo del diputado insurgente del Partido Libre, Jorge Cálix, ambas autoridades han sido señaladas de carecer de legalidad por lo que sus actuaciones podrían no tener efecto mientras no surja una solución al conflicto.
2 respuestas
Reflexionen CN, reflexionen y den explicaciones de frente,he visto varios defendiendo y no me convencen, nos prometieron algo y estamos al pie de la bandera,pero no así…no hagan cosas buenas que aparenten ser malas.
Reflexionen…..
Criteriohn… seguimos confiando en el periodismo independiente e imparcial,seguimos confiando en ustedes.
Esta gente no aprende la lección, son más de lo mismo, tristemente. Automáticamente, pensamos al inmutable enrique flores lanza, como el mayor beneficiado con este decreto: lleva su nombre y apellido. Nos complace que Criterio.hn continúe poniendo en contexto estas barbaridades.