Tegucigalpa. –Diputados oficialistas en confabulación con diputados de partidos minoritarios, aprobaron exonerar de multas y sanciones a candidatos, movimientos internos y partidos políticos que incumplieron con la entrega de sus informes de gastos de campaña política en las elecciones primarias.
Como táctica para hacer de las suyas, los diputados aprovecharon el asueto de la “Semana Morazánica” y el partido de fútbol de la selección hondureña, que es considerado un alienante social, para convocar a sesión virtual y reformar la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partido Políticos que les permita a los candidatos a cargos de elección popular que, incumplieron con la entrega de los informe financieros, librarse de ser sancionados tal y como lo establece la normativa.
El dictamen fue presentado por el diputado suplente Óscar René Canales Ortiz, con la supuesta justificación que los obligados a rendir un informe de ingresos y gastos de fondos utilizados en campaña política “no tuvieron a disposición la documentación requerida” además de “considerarse insolventes” a causa de los daños generados por los fenómenos climáticos Eta e Iota, sumado a la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Aunque el decreto establece una ampliación de un mes para presentar el informe, la artimaña se fragua al reformar el artículo 56 numeral 1 en el que se establece que todo aquel que incumpla la normativa será sancionado con 50 salarios mínimos y de no presentarse en el tiempo establecido se debe aplicar una multa adicional a 100 salarios mínimos.
Sin embargo, con la reforma aprobada este día se reduce a solo 15 salarios mínimos a los candidatos a la presidencia que incumplan, diez a los candidatos a diputados y cinco a cargos de elección popular, por lo que prácticamente se libran de cualquier sanción con la no participación en elecciones con el simple hecho de pagar la multa que no superará los 150 mil lempiras.
“Es un golpe a la población, pretenden utilizar el poder para seguir beneficiándose”, reprochó la diputada suplente del Partido Liberal, Karla Medal.
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UNA ABERRACIÓN JURÍDICA
El propio diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, reconoció que la reforma es una aberración que beneficia a aquellos candidatos que no presentaron su informe de gastos, lo que considera injusto para aquellos que sí tienen la documentación que respalda el origen del financiamiento de sus campañas.
“No es justo que muchas personas que no lo han hecho, quizás tenga razón o no, vayamos nosotros a tomar una determinación traída de los cabellos, lo que debemos es ampliar el plazo para permitir a los candidatos lo presenten, no exonerarlos”, reaccionó molesto.
Sin embargo, las declaraciones de Ramos Soto fueron ignoradas y el decreto fue aprobado en un ambiente de opacidad, sin precisarse el número y nombre de los asistentes a la sesión, peor aún la votación.
El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que la sesión arrancó con 65 diputados, el quórum requerido y que después se sumaron seis más para hacer un total de 71.
Por el control que goza el Partido Nacional sobre el poder Legislativo, los diputados que validaron la reforma pertenecen a la bancada del oficialismo, quien nuevamente contó con el respaldo de algunos diputados de partidos minoritarios y liberales.
LA POSTURA DE LA UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA
En entrevista con Criterio.hn, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, se pronunció sobre la reforma aprobada por los congresistas aclarando que siempre deberán presentar el informe de financiamiento político.
«El Congreso Nacional aprobó exonerar de forma transitoria a los candidatos, movimientos internos y partidos políticos de la aplicación de multas, sanciones establecidas en la Política Limpia, así como cualquier tipo de responsabilidad legal, derivada de la no presentación de informes financieros. Sin embargo, no se liberan de la obligación de presentarlos después de estos 30 días, tampoco se liberan de ser sancionados quienes no lo hicieren después de este tiempo transitorio”, detalló.
Según Franco, luego de la prórroga a los artículos 48 y 56 de la ley de financiamiento político deben presentar informes y de no hacerlo serán sancionados con lo que indique la normativa reformada.
LOS BENEFICIADOS CON LA REFORMA
Con la sorpresiva convocatoria a la sesión legislativa y la reforma a la Ley de Política Limpia, son el menos 400 candidatos que no han presentado su informe de gastos de campaña y que aspiran a ser electos en las votaciones de noviembre.
En septiembre, la Unidad de Política Limpia presentó el informe preliminar de rendición de cuentas elecciones primarias en el que revela que solo el 36 % de los precandidatos que participaron en los comicios primarios presentó el respectivo informe de gastos.
Para el caso, de los precandidatos del Partido Libre solo el 30 % entregó el informe, un 36 % del Partido Liberal y un 45 % del Partido Nacional.
De un total de 6,000 mil precandidatos, 2,612 cumplieron con la ley, por lo que, a menos de 50 días para las votaciones generales, mediante artimañas y sin cumplir con la participación de la mayoría de los congresistas opositores, se aprobó este perjuicio contra la democracia.
De acuerdo con el informe preliminar de la Unidad de Política Limpia, el Partido Nacional gastó 231,632,336.46 lempiras en las elecciones primarias e internas de marzo, mientras el Partido Liberal 71,470,510.94 y Libre 21,308,015.70.
EL TIRO DE GRACIA A LA UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA
La Ley de Fiscalización, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos fue aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2016 por presiones de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con la finalidad de investigar los financiamientos de campañas políticas debido a que en los comicios pasados varias candidaturas han sido financiadas con dinero proveniente del narcotráfico o con fondos del Estado.
Con la modificación a la normativa, los candidatos quedarán exentos de grandes multas o sanciones, lo que convierte a la Unidad de Política Limpia en un ente sin razón de ser.
La Unidad se creó en 2017, bajo el decreto 137-2016 y previo a las elecciones primarias de marza contaba con 43 empleados y tres comisionados. Para las elecciones de 2021 se aprobó un presupuesto de 60 millones de lempiras y se contrató a 33 auditores y 30 abogados.
“Con esto el Congreso Nacional ratifica una vez más que se ha convertido en los últimos años en auténticos lavadores de delitos. Ya de por sí la Ley de Política Limpia no tiene mayores castigos para estas personas de cómo obtienen sus fondos para financiar sus campañas políticas, con esta decisión le están dando el tiro de gracia a la Unidad de Política Limpia; se convierte en un elefante blanco más que lo único que pasa es que se gasta el dinero del pueblo en pagar salarios a personas que no están haciendo nada», manifestó el diputado Jari Dixon.
